Mike Sala.
Hay muchas formas de engañar, y una de ellas es decir que se pretende hacer algo con un objetivo concreto, cuando la realidad es que el verdadero objetivo es otro muy diferente.
Hace muy pocos días, y según el BOE, ha sido aprobada la orden SND/297/2020 por la que se autoriza un estudio sobre la posibilidad de crear y usar aplicaciones encargadas expresamente por el gobierno para el rastreo generalizado de los teléfonos móviles de la población española con el objetivo de recabar datos para “fines estadísticos y sanitarios” con los que poder contener y controlar la pandemia de Covid19.
Iniciativas semejantes ya están funcionando en otros países, como Singapur e Israel, donde el cometido de sus aplicaciones es averiguar qué individuos están saltándose la cuarentena.
Las dos inevitables preguntas, que además surgen en un clima de merecida y completa desconfianza hacia el gobierno PSOE – Podemos, son si la aplicación que las autoridades usen en España tendrá solamente la supuesta utilidad de lograr una cuarentena más efectiva, y si una vez finalizada la alerta sanitaria, el gobierno desactivará el control sobre los ciudadanos o si lo mantendrá posteriormente bajo cualquier excusa.
Como siempre sucede, los bulos y las medias verdades corren por la red también respecto a este asunto. Una mayoría de personas creen que con deshabilitar los servicios de geolocalización de su móvil ya no podrán ser rastreados. Esto es completamente falso.
La telefonía móvil para el gran público lleva funcionando unos 30 años, aunque no se popularizó definitivamente hasta 1996. Por ceñirnos solo a España, allá por el año noventa ya operaba la red de repetidores de Moviline, de tecnología analógica, que al principio aseguraba cobertura solamente en capitales de provincia. Y ya entonces era posible localizar la posición casi exacta de un terminal valiéndose de una tecnología que no estaba al alcance de cualquiera, pero que las fuerzas armadas ya usaban para asegurar, por poner un ejemplo, itinerarios de personalidades. Moviline era la marca de Telefónica de España, (CTNE), pero existían otros servicios privados, aunque mucho menos extendidos.
Desde entonces hasta hoy, cuanto más sofisticado es un terminal móvil, más susceptible es de ser intervenido y localizado; y uno de los motivos es que las marcas, para poder vender sus productos en ciertos países, deben cumplir con las especificaciones que imponen las autoridades de esos países. Y algunas de esas especificaciones, prácticamente nunca publicadas, hacen curiosas referencias a las características de geolocalización de los terminales por GPS, por posición triangulada entre repetidores, y por la posibilidad de que la arquitectura y el software de esos móviles sean susceptibles de ser intervenidos independientemente del tráfico de voz y datos que ejecuten en cada momento.
De modo que ya tenemos varios métodos de localización de una persona por medio de su móvil: GPS, red, tráfico de datos, y voz. Existe algún medio más para hacerlo, independientemente de las apps que se pueden descargar de la red, pero requieren de una tecnología que, por su precio y disponibilidad, no suele estar a mano de cualquier consumidor.
La iniciativa que el gobierno socialcomunista de España ya ha puesto en marcha contará con la ayuda obligada de los diferentes operadores de telefonía móvil que trabajan en España, quienes deberán enviar todo su volumen de datos de tráfico de clientes al organismo que se encargará de esta nueva cacicada de los sin par Sánchez e Iglesias: la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del nuevo ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sin embargo, ni la Secretaría de Estado ni el Ministerio serán los responsables del tratamiento que se aplique a los datos, cuya tarea recaerá en el INE, Instituto Nacional de Estadística, lo que constituye una garantía de que si alguien decide denunciar las posibles prácticas ilegales que se puedan dar en este proceso, la denuncia y la posible instrucción del caso se dilate durante años por pasarse la pelota entre las distintas administraciones. Una táctica de dilación muy manida en las políticas municipales, autonómicas y nacionales.
En cualquier caso, se ha puesto en marcha una maniobra de control de la ciudadanía ya antes sugerida por ciertos políticos bajo circunstancias mucho menos graves. Y conociendo el jaez de la clase política y gobernante, y de los amos a quienes sirven, nada, absolutamente nada, nos garantiza nuestra privacidad mientras llevemos encima un teléfono móvil.