Luis Bru.
Se acumulan los indicios de que Ignacio Aguado dio presuntamente directrices a los candidatos de Ciudadanos para que concurrieran a las elecciones municipales de 2015 sufragándoselas de su propio bolsillo. Hasta cinco candidatos han confirmado la existencia de esa consigna, uno de ellos afirma haber sido desbancado del puesto número 1 de la lista de Móstoles por negarse a pagar. De esa forma, Ciudadanos, y más concretamente Ignacio Aguado, pudieron incumplir la Ley de Financiación de Partidos que establece que debe haber un gestor electoral y que las facturas deben ser emitidas a nombre del partido y con su CIF. Estamos ante una presunta financiación irregular de Ciudadanos que debe ser investigada. «En una estructura jerárquica si cinco cargos coinciden es que todos han seguido la misma consigna», apunta un observador político.
La cuestión estriba en la afirmación veraz de que «Ignacio Aguado fue, por tanto, el ideador y el impulsormde la trama de financiación ilegal con la que concurrió a las elecciones de 2015». Dicho sin ánimo de dolo porque Enrique de Diego ni conoce a Ignacio Aguado. El diario El Mundo publicó el 12 de abril de 2019 que «El candidato de Cs en ‘Sanse’ admite que pagó de su bolsillo gastos de la campaña de 2015″ y añade que «el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, pagó de su bolsillo gastos electorales durante los comicios municipales de 2015, en los que también concurrió como número uno de la lista. En concreto, abonó al menos el coste de los anuncios con su imagen y logotipo de la formación ‘naranja’ que se difundieron en varios autobuses de la línea que une dicha localidad del norte de la región con la capital, según ha confirmado el propio ex ciclista en conversación telefónica con EL MUNDO. «Lo hice por desconocimiento más que otra cosa», asegura el edil y aspirante a gobernar el Ayuntamiento de su ciudad natal».
El 11 de abril de 2019 el mismo diario publica que «El ganador de las primarias de Ciudadanos en Móstoles denuncia que lo echaron por negarse a que se pagara por ir en la lista». Y añade significativamente: «El ganador de las primarias de Ciudadanos para elegir al candidato de las elecciones municipales de Móstoles en 2015, Pedro Benayas, asegura que también recibió la «instrucción verbal» de la dirección regional del partidopara que los miembros de la lista abonaran una cantidad según la posición que fueran a ocupar. En el momento en el que se negó a hacerlo, asegura, empezaron sus «problemas», que, según su testimonio, derivaron en su cese como coordinador de la agrupación de esta localidad del sur de Madrid antes de la cita con las urnas».
El día 10 de abril 2019 el diario El Mundo publica que «Concejales de Ciudadanos en Madrid denuncian que pagaron en 2015 por ocupar un puesto en las listas». La información asegura que «Concejales de Ciudadanos y ex miembros del partido denuncian que en algunos municipios de la Comunidad de Madrid los candidatos tuvieron que pagar por ocupar un puesto concreto en la lista para los comicios de 2015, mientras en otros como mínimo se planteó la posibilidad de aplicar dicha fórmula para la financiación de la campaña. Las cantidades variaban en función de la posición y del censo de población y costeaban directamente gastos electorales del partido».
«Así se lo han confirmado a EL MUNDO los ediles Horacio Rico, de Alcobendas, y Juan José González, de Arroyomolinos, que explican que abonaron de sus bolsillos 2.500 y 600 euros, respectivamente, por concurrir como número uno y número seis de sus candidaturas. Otros dos ex militantes de la formación ‘naranja’ de Navalcarnero y Fuenlabrada, José Felipe Garrido y Sergio Blázquez, aseguran que en ambas sedes también se expuso tal posibilidad a sugerencia de la dirección regional de la formación naranja, si bien en el primer caso no llegó a aplicarse y en el segundo el antiguo afiliado no tiene constancia de si se hizo o no porque fue expulsado antes de la cita con las urnas por denunciar, según su testimonio, que ésta era «una práctica ilegal».
El 6 de enero de 2019 en Rambla Libre se publica: «Escándalo: El exportavoz de Ciudadanos de San Lorenzo de Escorial afirma que la dirección de Madrid les obligó a financiarse la campaña». En esa información se asevera que «El exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y ahora concejal no adscrito, Víctor Rufo Benito, declara a Rambla Libre que Ciudadanos “ordenó” desarrollar un sistema de financiación ilegal en la campaña electoral de 2015, en la que el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid fue Ignacio Aguado. La dirección madrileña del partido les dijo, según declara a Rambla LibreVíctor Rufo, que “no pagaban nada, que la campaña nos la costeáramos nosotros”. Rambla Libre considera que esta declaración confirma la existencia de una presunta trama corrupta de financión ilegal promovida desde la cúpula de Ciudadanos.
«La Ley de Financiación de Partidos establece que debe haber un gestor electoral y que las facturas deben ser emitidas a nombre del partido y con su CIF. “En cuanto a la pregunta sobre si Ciudadanos financió la campaña en San Lorenzo de El Escorial la respuesta es no. La campaña en San Lorenzo de El Escorial nos la financiamos nosotros mismos. Lógicamente las facturas de los carteles, flayers, y demás material nos las pusimos a nuestro nombre”.
Consigna de presunta malversación de fondos públicos
«Según la declaración de Víctor Rufo Benito a Rambla Libre desde la sede de Ciudadanos en Madrid “se nos dijo que luego ya veríamos, que como se iba a sacar representación, con la asignación del Ayuntamiento se repondría el dinero”, lo que hubiera sido una presunta malversación de fondos públicos. Diversos candidatos pusieron 200 euros hasta un total de 2000 euros. “Lo curioso es que para hacer los carteles no valía cualquiera porque tenían que ser de un naranja concreto. Eso sí, nos dieron carteles genéricos de Albert Rivera, pero no muchos, unos 20“.
A ello hay que añadir la información suministrada por la presidenta de la agrupación de Fuenlabrada, Patricia Frutos, colgada en la página web oficial, de que «Madrid les ha dicho» que los cinco primeros puestos tienen que poner 11.000 euros. Las denuncias del abogado Alberto Ganga en la comisión de investigación del Senado sobre financiación irregular de los partidos y la investigación del Tribunal de Cuentas. En suma, en una estructura jerárquica, como Ciudadanos, todas las pruebas fehacientes, más que los indicios, señalan que en la Comunidad de Madrid, cuyo número uno era Ignacio Aguado, cada candidato se pagó la campaña sin que el partido Ciudadanos existiera más que como franquicia, lo cual es contrariamente a la Ley.
Osea, que quien tendría que dar explicaciones sería Ignacio Aguado y no presentar una querella manifiestamente temeraria y muy deficiente desde el punto de vista de la técnica jurídíca, que está dando lugar a una actuación judicial claramente contraria a la libertad de expresión.
Las jueces de provincias a veces se dejan impresionar cuando les llega una querella presentada por un político de Madrid. Eso parece ser lo que sucede con el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, y la querella presentado por Ignacio Aguado contra el periodista Enrique de Diego. En todo momento la jueza ha tratado con toda deferencia al abogado de la parte contraria, pidiéndole perdón por haber suspendido una vista. La jueza parece próxima a Ciudadanos. En otro caso no se entiende que vaya contra toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo.