Editorial
En mayo de 2003, 69 soldados españoles perdieron la vida a causa de una negligencia de Estado. También la perdieron en Trebisonda, Turquía, 12 ucranianos de la tripulación de la compañía Um Air y un bielorruso. No fue un desgraciado accidente, sino la consecuencia funesta de una serie concatenada de negligencias de la que es responsable directo Federico Trillo.
El dictamen unánime del Consejo de Estado establece que “pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieron haber despejado el riesgo que corrían”. Es un espaldarazo a los familiares de las víctimas que han sufrido trece años de silencio, vejación e injusticia.
No podemos por menos que elogiar el brillante esfuerzo de nuestra colaboradora Yrene Calais por evitar el olvido y reflejando con pericia la amoralidad de Federico Trillo, quien descargó la responsabilidad sobre la empresa con la que se contrataron los vuelos, cuando era obligación del Estado comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, especialmente en actividades de riesgo, como era el caso.
El Consejo de Estado subraya la importancia de un informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET), en el que se advertía de las malas condiciones de los vuelos en los que viajaban militares españoles casi un mes antes del accidente: «Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso».
Se trataba de 69 soldados de alto nivel que cumplían misión en Afganistán y retornaban de ella. Una nación que no es capaz de trasladar a sus soldados con sus propias fuerzas aéreas no es ni tan siquiera una potencia media y ha de desistir de implicarse en misiones internacionales. El Gobierno de Aznar quería quedar bien con George Bush y Federico Trillo perpetró una chapuza tras otra.
Se produjeron subcontrataciones sin que hubiera ningún control. Se trasladó a los soldados lo más barato posible. El choque se produjo, en efecto por un error humano, pues el piloto no hizo bien el acercamiento en el primer intento y al intentar retornar a Trebisonda no lo hizo por la zona de mar sino por las montañas. Fue un error fatal, pero se produjo cuando la tripulación llevaba 26 horas y 23 minutos de trabajo ininterrumpido.
La empresa Um Air era conocida por llevar dos tripulaciones en el avión, mientras una estaba de servicio, la otra descansaba. Es decir, el descanso se producía en el propio avión. El Yak-42 no cumplía normativas mínimas de seguridad. Para decirlo de manera gráfica, se llevaba y se traía a los soldados en un taxi de segunda mano, con el taxista sin dormir.
Las excusas planteadas por Mariano Rajoy y Pablo Casado coincidentes en que sucedió hace mucho tiempo o que, en el caso del último, que la función actual de Trillo –embajador en Londres nada tiene que ver con la que desarrollaba entonces- resultan inconsistentes e incluso indignantes. El PP ha conseguido hasta ahora eludir las manifiestas responsabilidades políticas, lo que debe actuar como agravante. En el momento del accidente, el PP gobernaba con mayoría absoluta y desde Defensa, Trillo mandaba al psiquiatra a los familiares que pedían explicaciones. El ahora embajador en Londres llegó a mantener tesis como “según todos los informes técnicos, el Yak 42 es un buen avión”, cuando es considerado aviación basura, y se remitió al “error humano”. Como colofón macabro, y en el afán de retirar cuanto antes los restos humanos, se repatriaron 30 víctimas sin identificar, se introdujeron en los féretros de diversas personas. Trillo se escudó detrás de tres oficiales de alto rango que fueron condenados y también indultados en una de las primeras medidas del Gobierno Rajoy y sus defensas fueron pagadas con dinero de la caja B del partido, como consta en la contabilidad de Luis Bárcenas.
Nunca se debió llevar a los soldados con la compañía Um Air en tales condiciones deficientes para la seguridad –las de comodidad eran inexistentes-, nunca se debió contratar con NAMSA, ni desentenderse de las subcontrataciones. El dinero de la prima del seguro había desaparecido sin que se hubiera contratado. El accidente del Yak 42 fue una negligencia de Estado en toda regla. Federico Trillo podrá seguir como embajador en Londres pero en términos de vergüenza nacional.
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