Miguel Sempere
Cuando Emi Miralles, coordinadora de Ciudadanos de Elda, informó a sus compañeros de lo tratado en la reunión territorial les indicó que la fórmula sería que los candidatos pagaran la campaña. De la minuciosa investigación desarrollada por Rambla Libre se concluye que esa fue una norma del partido, dictada por Albert Rivera y Fran Hervías, que actuó al margen de la Ley de Financiación de Partidos y sustrayéndose por completo a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Es legal que los partidos reciban donaciones privadas, dentro de unas condiciones, y los candidatos de Ciudadanos podían haberlas hecho, reflejándose en la contabilidad del partido. Pero lo que se hizo fue una compraventa de los puestos de salida, en relación con las expectativas de beneficio de los cargos electos.
Resulta sorprendente que Ciudadanos pida o exija primarias para los demás, cuando es una formación centralizada y jerarquizada en la que ni tan siquiera se funciona con el criterio de representatividad de los cargos orgánicos sino mediante delegación (a dedo, coloquialmente). Pero más sorprendente aún resulta que Ciudadanos se considere con autoridad moral para exigir una Comisión de investigación sobre financiación irregular del PP, cuando la suya es tan irregular que no consta en la preceptiva contabilidad.
En Fuenlabrada, los cinco primeros de la lista hubieron de financiar la campaña o comprar el puesto con una cantidad de 11.000 euros cada uno. En el caso de la localidad de Bormujos, el candidato corre con los gastos facturándolos con su empresa para luego cargarlos a la contabilidad de la Agrupación; es decir, hablamos de gastos electorales no computados por el partido como tales y sufragados por los candidatos que recuperan “su” gasto con dinero recaudado de los afiliados.
En Murcia es el contribuyente el que termina pagando esa recuperación de lo invertido. En este caso, se funciona en los límites de la estafa, pues nadie se hace cargo de los gastos que van haciendo, de forma que durante la campaña de las elecciones locales y autonómicas de 2015, se generaron facturas a nombre el partido que la directiva nacional se negó, posteriormente, a asumir. Una de las más abultadas fue la generada por las papeletas encargadas por Miguel Garaulet que ascendía a 17.000 euros.
Las empresas con las que se había contratado empezaron a presionar para cobrar. Según fuentes internas de Ciudadanos, la postura de la dirección nacional era que hicieran frente a los pagos los dirigentes de Murcia que habían hecho los encargos.
La situación fue puesta en conocimiento del delegado territorial, Emilio Argüeso, un exmilitante del PSOE y del PP. Según las fuentes consultadas, internas de Ciudadanos, se puso en marcha la maquinaria de pago a través de la Asamblea de Murcia. “Después, viendo que en la Asamblea habían colado las facturas –relatan a RL- y nadie había reclamado nada, volvieron a repetir la jugada, esa vez con premeditación y alevosía, en la campaña de las generales, encabezada por el mismo que se había excedido en el gasto, Miguel Garaulet”, que actualmente es diputado. Es decir, la Asamblea de Murcia pagó facturas de Ciudadanos con fecha anterior a la llegada de representantes de ese partido.
Se trata de casos geográficamente diversos que confirman la existencia de una estrategia o modus operandi establecido desde la dirección nacional de Ciudadanos y que produce dos efectos: una discriminación económica en la elección de candidatos y una compraventa del cargo, que representa no una regeneración de la democracia sino más estrictamente una degeneración, que nos retrotrae al más estricto caciquismo.
En algunos casos, es posible que parte de esas inversiones, a la espera de la obtención del sueldo público, pudieron hacerse en especie. Y en esa línea orientan varias fuentes internas de Ciudadanos respecto al funcionamiento de la financiación en Elche y Elda, donde una hija del senador Luis Crisol habría corrido, con su tienda, con el marchandise y la propaganda.
Al margen de ello, Ciudadanos se saltó el marco legal establecido, funcionando al margen de lo marcado en la LOREG y la Ley de Financiación de Partidos que establece la obligatoriedad de que los partidos designen un administrador electoral, que es quien debe llevar la contabilidad de los gastos electorales; contabilidad que luego es auditada por el Tribunal de Cuentas que, en el plazo de ocho meses, debe manifestarse sobre la regularidad de las cuentas presentadas.
El contexto en el que se produce este caos financiero, esta subasta de cargos, es un incremento de las expectativas electorales de Ciudadanos más allá de la fortaleza de su estructura partidaria, que es, en ese momento, muy débil casi embrionaria. Se puede acceder a un cargo y a un sueldo y se hace una inversión en relación con esas expectativas.
Resulta complicado dilucidar si se habría podido entrar en el terreno del ilícito penal –hay demandas estudiándose- porque la Ley de Financiación de Partidos no contiene régimen sancionador, por lo que, por ese lado, podríamos estar más en el terreno moral, de la predica de un discurso con una práctica en las antípodas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el nombramiento de un administrador electoral, la contabilidad precisa y entregada al Tribunal de Cuentas son requisitos para recibir las subvenciones por gastos electorales a tenor de los resultados; subvenciones que Ciudadanos podría haber cobrado irregularmente, entrando en el terreno de la posible malversación de fondos públicos.