Javier de la Calle.
El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez ha acumulado todas las denuncias contra el Gobierno por su gestión en la pandemia del coronavirus y las ha admitido a trámite en una causa especial.
Se trata de las querellas formuladas por la Asociación Profesional de la Guardia Civil, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, el Sindicato Médico (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), el Sindicato Central Sindicato Independiente de Funcionarios
(CSIF), la Asociación de Abogados Cristianos, el Partido Político Vox, la asociación Hazteoir.org, Dña. Maria Trinidad Morgado Gil, Dña. Emilia Martín Morgado, Dña. Yolanda Martín Morgado, D. Juan José Martín Morgado y Dña. Inmaculada Martín Morgado (en su condición de herederos legitimarios de D.
José Martín Mendoza), un colectivo de personas (que se relacionan en los anexos y escritos presentados) que han sufrido la pérdida de uno o más de sus familiares como consecuencia de patologías producidas por la enfermedad COVID-19, D. Pablo Recio Andújar (en su condición de hijo de Pablo Recio Belloso, D. Manuel Cotado Torrubia (en su condición de hijo de Aurelio Cotado Álvarez), y Dña. Guadalupe Díaz Rollán (en su condición de hija de Saturnino Díaz Esteban), D. Esteban Gómez Rovira, D. Luís Vericat Roger, D. José Emilio Rodríguez Menéndez, D. José Luis Mazón Costa, la entidad Terra Sos-
Tenible, D. Alfonso Román de Andrés, de la Central Unitaria de Traballadoras.
También han tenido entrada en este Tribunal las denuncias formuladas por D. Víctor Valladares Pérez, D. Raúl Castañeda Cruz, D. Luis Alberto Pardo de Miguel, Dña. Carmen Balfagón Llereda (en
calidad de presidenta de la asociación plataforma afectados COVID-19), D. Javier Martínez Martínez (en su condición de presidente del Séctor Nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Personal Estatutario del Sector Sanitario), D. Ángel Luis Calvo Yagüe, D.
Antonio Cortés Borges, D. Miguel Juan Galera García, D. Alfonso Martín Lamadrid, D. Iván Collantes Rodríguez, Dña. Melisa Domínguez Ruiz (actuando como presidenta de HOGAR SOCIAL), D. Antonio Arce Mainzhausen, D. Juan Ángel Alonso Gallego, D. José Manuel Cifuentes Peláez, D. Juan Fernando Martín Villena, D. Jesús José Plazapaulete, la entidad «Y ES JUSTICIA ABOGADOS», D. Diego Lorenzo Piñeiro, D. Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, D. Francisco Javier Miranda Navarro, D. Ángel
Irún Cañizares, D. Juan Manuel García Rodríguez, Dña. María del Pilar Gutiérrez Vallejo, D. Manuel Romeral Frías, D. Rafael López Domínguez, Dña. Rosa María Díez González, la ASOCIACIÓN DEL DEFENSOR DEL PACIENTE (representada por Dña. Carmen Flores López), D. Luís Miguel
González Redondo, D. Juan Ignacio Baraibar Beraza, D. José Alacid Bravo, D. Unai Baraibar Munduat, D. Álvaro Martín Sánchez, Dña. María Cristina Infante García, D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, D. José Miguel Pérez- Tierra Gil, D. Luís Alfonso Usán Gracia, D. Manuel Álvarez Álvarez, D. Juan Miguel Romaguera Berbegal, Dña. Maria Dolores Suárez Longueira, Dña. Margarita González García, D. Pedro Jesús Palacio Moris, D. Miguel Cortell Debueno, Dña. María del Carmen Gómez Ardura, D. José Manuel Palanca Navarro y Dña. Encarnación Vea Sesma, un grupo de familiares (cónyuges, hijos o nietos) de fallecidos por razón del COVID-19.
Se presentan contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo figuran como querellados Dña. Pilar Aparicio Azcárraga (Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación), Dña. Begoña Merino Merino (Subdirectora General de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública), Dña. Covadonga Caballo Diéguez (Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral), D. Fernando Simón Soria (Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo), D. José Manuel Franco Pardo, Delegado del Gobierno en Madrid y Dña. María del Carmen Filomena Larriba García, Subdelegada del Gobierno de Pontevedra. También contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Los denunciantes detallan abundantes casos de negligencia, improvisación, que ha producido efectos como que el personal sanitario haya sido ampliamente contagiado.
En una polémica decisión, el Ministerio Fiscal instó al archivo de todas las querellas.