Luis Bru
Una de las claves que explican la imposibilidad de la regeneración socialista, que ha intentado Pedro Sánchez, es el enriquecimiento patente y la impunidad de José Bono, uno de los que se ha mostrado más activo a favor de la abstención en la investidura y uno de los más duros contra el exsecretario general.
José Bono sigue controlando al PSOE de Castilla-La Mancha desde su chalet de Olías del Rey. Ese dominio es tan fuerte que Emiliano García-Page es conocido en la región como el “sobrino de Bono”. De hecho, a Bono se le ha mantenido el status de expresidente con sueldo, coche oficial, chófer, secretaria y oficina. Bono es, además, una de las figuras destacadas de la denominada vieja guardia, que acaba de demostrar su poder, al tiempo que su crueldad, crecida en las corrupciones consentidas y practicadas.
El 22 de junio de 2010, El Confidencial publicó una noticia que retoma interés en aras a la interpretación de los recientes acontecimientos: Felipe González prohibió a Zapatero que investigara el patrimonio de Bono.
Zapatero y Bono se disputaban la secretaría general, y Zapatero, ordenó abrir, cuando lideraba la corriente Nueva Vía, una investigación sobre el patrimonio de Bono, que ya empezaba a ser sospechoso, para tener armas contra él.
Según El Confidencial, cuando Felipe González tuvo conocimiento del hecho “dio un puñetazo sobre la mesa y frenó en seco los planes del entonces joven diputado socialista y su equipo para confirmar, como sospechaban, si el notable incremento patrimonial de Bono tenía un origen irregular”.
“El ex presidente del Gobierno no ocupaba por aquella época ningún cargo orgánico en el PSOE -había dejado la política activa en 1997-, pero su autoridad y ascendencia sobre los socialistas seguían siendo considerables, sobre todo en un momento de vacío de poder en el partido: tras la derrota de Almunia en las urnas se nombró una comisión gestora, presidida por Manuel Chaves, hasta que el 35º Congreso Federal, celebrado en julio de 2000, eligió como nuevo secretario general a Zapatero, que se impuso a Bono por un estrechísimo margen de sólo nueve votos.
«No sabemos con certeza cómo se enteró González de las intenciones de Zapatero, aunque era prácticamente imposible que el secreto se mantuviera durante mucho tiempo, porque estaba utilizando a cuatro asesores del Grupo Parlamentario para husmear en los trapos sucios de Bono», añaden las mismas fuentes, que apuntan como muy probable la hipótesis de que Trinidad Jiménez, uno de los rostros más visibles de Nueva Vía y estrechamente vinculada al ex presidente del Gobierno, confesara a éste los planes de Zapatero.
“El caso es que González, según las fuentes consultadas, puso los hechos en conocimiento de Chaves y de María Teresa Fernández de la Vega, entonces secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista y número dos en el Congreso. Ésta llamó al orden a Zapatero y Caldera -que en aquella época ejercía de portavoz en la Comisión de Fomento- y puso fin abruptamente a la investigación sobre el patrimonio de Bono, dirigida por el asesor parlamentario del PSOE Julio Pérez Sanz, un fontanero que había sido jefe de Gabinete de Bono en la Presidencia de Castilla-La Mancha y que contó para sus pesquisas con la colaboración de otros tres asesores del partido”.
Pérez Sanz, íntimo amigo de Caldera, se incorporó cuatro años más tarde al equipo de éste, como jefe de su Gabinete, cuando fue nombrado ministro de Trabajo en el primer Gobierno de Zapatero. Y en 2008, tras la defenestración de Caldera, el fontanero socialista pasó a desempeñar el mismo cargo con el actual responsable de ese departamento, Celestino Corbacho.
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