Borja Arias Montero.
El pasado 14 de marzo de 2023 se publicó una resolución que ordenaba el inmediato derribo de la presa de Valdecaballeros, construida en el año 1984 para la refrigeración de la central nuclear que a su vez se estaba construyendo y que fue cancelada al poco de iniciarse. La Dirección General del Agua, a través de la secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigido por la socialista Teresa Ribera, es quien ha solicitado el derribo.
Desde que se abandonó la construcción de la nuclear se ha utilizado para dar agua a las localidades cercanas, tanto para el consumo como para el cultivo. Sin embargo, los grupos ecologistas mantienen que actualmente la presa es inútil, que impide el natural desarrollo del río y su biosfera y que las tomas de agua del embalse se sitúan en una zona lejos de la presa. Agrupaciones como Ríos con Vida alegan de esta manera que está abandonada y que nada impide el derribo, pero dejar el terreno como estaban antaño implica presentar un proyecto en pocos meses para su destrucción dentro de la legalidad vigente. Eso es precisamente bajo lo que se ampara el Ministerio, en que según al ley ha terminado el contrato de la Junta de Extremadura y que en estos casos hay que proceder a derribo.
Actualmente el presidente de la taifa de Extremadura, Fernández Vara, ha sacado pecho y ha declarado que la presa no será destruida y que va a recurrir el trámite contra el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En un acto de pura propaganda política ha defendido la posición de la población de Valdecaballeros, aseverando de una forma autoritaria que no se va a llevar a cabo el derribo. La Junta de Extremadura es en realidad la propietaria de las tierras donde está el pantano, y alegan que no se ha actuado de forma correcta al no ser informados de la toma de una decisión tan contundente que afecta a una zona que además es zona ZEPA. En contraposición, el Ministerio mantiene que el gobierno autonómico de Vara aceptó el derribo al solicitar el primero organismo un informe a la Junta después de finalizar el contrato de las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, respuesta que dieron en abril de 2022 dando a entender que lo aprobaban. Este choque de administraciones pasa porque el ministerio no informó a la propietaria, la Junta, a quien no se tuvo en consideración supuestamente, y manifiesta claramente la duplicidad que caracteriza al Estado de las autonomías, donde no hay competencias claras.
El tema ha suscitado una gran polémica social, sobre todo entre los habitantes de la comarca afectada, que desde hace tiempo se han organizado en torno a grupos como Defensa de la Presa de Valdecaballeros, que se definen a sí mismo como “un grupo de personas sin ningún interés político”. Esta agrupación no oficial tiene como objetivo evitar la destrucción de la presa, que habría sido programada por la administración siguiendo las políticas europeas. Dicen defender además al balcón de las localidades que se benefician de la existencia de la represa, que desde su creación ha generado un rico ecosistema y sirve para las explotaciones agrícolas ganaderas de la zona, población que ve la posibilidad de la desaparición como un gran problema irreversible.
Enlace al grupo de Defensa de la Presa de Valdecaballeros:
https://www.facebook.com/Defensadelapresadevaldecaballeros
Como contramedidas han comenzado una campaña en redes para aglutinar a los afectados y a quienes se solidaricen con la causa, que está en consonancia con la terrible situación que vive el campo, atacado por supuestas políticas ecologistas que no tiene en cuenta las realidades que se han creado a partir de la construcción de pantanos y las miles de familias que viven del campo.
A esto se le unen el lanzamiento de un escrito que piden que la población firme y envíe al ministerio a través de oficinas generales con ventanilla única ( en el grupo de Telegram). La situación es tan grave que un vecino que vive en Asturias, David Pravos, comenzó hace tres días una huelga de hambre subido a una cruz de construcción propia como protesta hasta que se cancele el plan.
Los movimientos ecologistas y los que están a favor del derribo alegan que esto era algo que iba a suceder de forma natural. En este sentido hay que señalar que desde otros medios justifican la medida por la naturaleza de la presa y llaman ignorantes a quienes se oponen a ello, pues para los defensores de la medida es un proceso burocrático para eliminar un embalse artificial con poco almacenamiento. Perspectivas como estas, que además aluden a que hay movimientos conspiranoicos detrás de la oposición y que no tiene en cuanta el ecosistema que se ha formado en torno a Valdecaballeros reflejan el servilismo voluntario de quienes, amparados en el buenismo ecologista, aportan absolutamente todo lo que se hace desde la legislación vigente porque simplemente es lo que todos debemos aceptar. Y como no, viene de acérrimos defensores de los planes de la Agenda 2030, que ven como la panacea a la nueva corriente de buenas intenciones materializadas a través de la imposición legislativa, justificando que son las iniciativas europeas.
Como bien dice Juan Lucas Hernando, asociado de Junta Democrática- una personas muy versada en dar explicaciones a los problemas de nuestra región-: “nuevamente el problema es cómo se toman las decisiones, un pequeño grupo de presión económico o ideológico organizado tiene más fuerza que el común de la población”. Sobre esto la la asociación www.aguaiuris.org , con Pilar Esquinas como presidente y portavoz acusa a los “políticos y ecologistas” ineptos de provocar un agravio para la tan dura sequía que estamos viviendo y de actuar con fines partidistas al buscar más un rédito político y “hacerse la foto “que dar solución a la destrucción.
Desde esta plataforma acusan de locura al intento de destrucción de una presa que, aunque es cierto que es relativamente pequeña (daría 71Hm3 de agua al cercano embalse de García Sola, lo que supone más de dos semanas de regadío según www.embalses.net ) tiene vida propia. Para ella la presa sirve de fuente de electricidad y de regadío en la actualidad, y derribarlas supone entrar en consonancia con una medidas tomadas desde la irracionalidad. De nuevo vemos como la clase política y concretamente la rama ecologista en el poder, a través del perjuicio de una población que en conjunto no supera los 2000 habitantes, busca obtener rédito destruyendo, no construyendo. Y para más inri esta realidad ha llevado a dos administraciones de un mismo partido-que al fin y al cabo obedecen ambos al jefe del partido que les ha puesto en listas o que les ha permitido llegar a la autonomía como en el caso de Vara- a hacer un auténtico teatrillo con el que hacer ver que los políticos nos representan, cuando esta realidad cae por sí misma al no poder el pueblo tomar decisiones en este tipo de cuestiones.
#YoNoVoto28M