Una corte federal de apelaciones ha detenido el mandato de la Administración Biden sobre la vacuna contra el COVID-19 para los trabajadores federales de todo el país.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans dictaminó (pdf) en una audiencia “en banc” celebrada el jueves que se mantuviera en vigor una medida cautelar sobre la vacuna contra el COVID-19 en medio del litigio en curso.
En banc es un término jurídico que significa que un caso es escuchado por toda la sala de un tribunal, en lugar de sólo por un panel de jueces seleccionados de la magistratura.
La última decisión del pleno del tribunal de apelaciones, compuesto por 16 jueces a tiempo completo, revoca una sentencia anterior dictada por un grupo más reducido de jueces del mismo tribunal de apelaciones. Ese panel de tres jueces había dictaminado en abril de 2022 mantener el mandato de la vacuna contra el COVID-19 para los trabajadores federales.
Orden ejecutiva
En septiembre de 2021, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva por la que se exigía a los trabajadores federales que se vacunaran contra el COVID-19; de lo contrario, se enfrentarían a medidas disciplinarias, que podrían incluir el despido. La orden permitía excepciones por motivos religiosos y médicos.
Feds for Medical Freedom, un grupo de unos 6000 trabajadores federales, interpuso una demanda contra la orden, alegando que probablemente excedía la autoridad del presidente.
El juez de distrito Jeffrey Brown, nombrado por Trump en enero de 2022, ordenó la medida cautelar sobre el mandato de vacunación. En ese momento, la Administración Biden dijo que casi el 98 por ciento de los empleados cubiertos se habían vacunado contra el COVID-19.
El caso se trasladó al 5º Circuito. El fallo mayoritario de un panel de tres jueces en abril de 2022 anuló la decisión de Brown y determinó que los demandantes deberían haber llevado sus quejas a otro lugar. En concreto, el juez Carl Stewart, nominado por Clinton, escribió en la decisión mayoritaria que la Ley de Reforma de la Función Pública (CSRA, por sus siglas en inglés) de 1978 “impide la adjudicación por los tribunales de distrito de las reclamaciones federales estatutarias y constitucionales”.
En virtud de la CSRA, los trabajadores federales que se enfrentan a acciones adversas pueden apelar a una entidad denominada Junta de Protección de los Sistemas de Méritos, que decide si el trabajador fue debidamente sancionado. Si el trabajador se impone, la Junta puede ordenar a un organismo que reincorpore al trabajador o adopte otras medidas. Los empleados que no estén de acuerdo con la Junta pueden apelar a una corte federal de apelación.
En su momento, la juez Rhesa Barksdale, nombrada por George H. W. Bush, disintió de la mayoría y afirmó que la orden ejecutiva sobre vacunas de Biden no constituía una presunta acción adversa sujeta a la CSRA.
Excedió su autoridad
El pleno de la corte de apelaciones consideró el jueves que el caso queda fuera de la jurisdicción de la CSRA porque los trabajadores federales impugnan el mandato de vacunación alegando que Biden se extralimitó en sus funciones.
La mayoría del tribunal rechazó los argumentos de la Administración de Biden de que el presidente tiene la misma autoridad que un director ejecutivo de una empresa privada para ordenar la vacunación de sus empleados.
“La demanda de los demandantes no impugna ninguna medida de personal revisable en virtud de la CSRA. Tampoco cuestiona ninguna acción personal en la que hipotéticamente podrían incurrir en el futuro”, escribió el juez Andrew Oldham, nominado por Trump, en la opinión del jueves (pdf) para una mayoría de 10 miembros. “Más bien, los demandantes afirman que el mandato de vacunación del presidente viola la Constitución de Estados Unidos y la [Ley de Procedimiento Administrativo]”.
Oldham y la mayoría dijeron que la ley federal no se aplica a “decisiones médicas privadas e irreversibles tomadas en consulta con profesionales médicos privados fuera del lugar de trabajo federal”.
El juez Stephen Higginson, nominado por Obama, escribió la principal opinión disidente.
“Por razones equivocadas, nuestro tribunal concluye correctamente que sí tenemos jurisdicción”, escribió Higginson. “Pero contrariamente a una docena de tribunales federales —y habiendo dejado pendiente durante más de un año una moción del gobierno para suspender la medida cautelar del tribunal de distrito— nuestro tribunal sigue negándose a decir por qué el presidente no tiene potestad para regular la seguridad en el lugar de trabajo de sus empleados”.
El juez Oldham señaló: “Cuando las partes pasen al fondo del asunto en el tribunal de distrito, los demandantes tendrán que demostrar que cualquier medida cautelar que soliciten es lo suficientemente amplia como para proteger contra sus lesiones probadas y no más amplia”.
“Y el gobierno tendrá otra oportunidad de demostrar que cualquier medida cautelar permanente debe ser más estricta que la preliminar”.
“Y ambas partes tendrán que lidiar con el anuncio de la Casa Blanca de que la emergencia por el COVID terminará finalmente el 11 de mayo de 2023”.