Javier de la Calle.
El exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y ahora concejal no adscrito, Víctor Rufo Benito, declara a Rambla Libre que Ciudadanos «ordenó» desarrollar un sistema de financiación ilegal en la campaña electoral de 2015, en la que el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid fue Ignacio Aguado. La dirección madrileña del partido les dijo, según declara a Rambla Libre Víctor Rufo, que «no pagaban nada, que la campaña nos la costeáramos nosotros». Rambla Libre considera que esta declaración confirma la existencia de una presunta trama corrupta de financión ilegal promovida desde la cúpula de Ciudadanos.
La Ley de Financiación de Partidos establece que debe haber un gestor electoral y que las facturas deben ser emitidas a nombre del partido y con su CIF. «En cuanto a la pregunta sobre si Ciudadanos financió la campaña en San Lorenzo de El Escorial la respuesta es no. La campaña en San Lorenzo de El Escorial nos la financiamos nosotros mismos. Lógicamente las facturas de los carteles, flayers, y demás material nos las pusimos a nuestro nombre».
Consigna de presunta malversación de fondos públicos
Según la declaración de Víctor Rufo Benito a Rambla Libre desde la sede de Ciudadanos en Madrid «se nos dijo que luego ya veríamos, que como se iba a sacar representación, con la asignación del Ayuntamiento se repondría el dinero», lo que hubiera sido una presunta malversación de fondos públicos. Diversos candidatos pusieron 200 euros hasta un total de 2000 euros. «Lo curioso es que para hacer los carteles no valía cualquiera porque tenían que ser de un naranja concreto. Eso sí, nos dieron carteles genéricos de Albert Rivera, pero no muchos, unos 20«.
Ignacio Aguado sólo tuvo un acto de campaña en San Lorenzo que consistió en una reunión con directores de colegios y personal docente en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas que también es Centro de Adultos para explicar el programa de educación y las propuestas para potenciar las de adultos. Así que toda la campaña real también para las autonómicas recayó en la candidatura al Ayuntamiento, que también fue llamada para asistir y llenar mitines de poblaciones cercanas como Las Rozas.
Protocolo para una presunta malversación de fondos públicos a lo que se niegan
Luego la dirección de Ciudadanos de Madrid, toda vez que se había obtenido representación, 2 concejales, y el Ayuntamiento otorga una subvención mensual, «entonces se nos indica un modelo de actuación para abrir una cuenta donde se haga el ingreso en una sucursal del Banco Popular en Madrid. Nos negamos. Nosotros a parte de entender que es una ayuda al grupo municipal para el desarrollo de la función para la que hemos sido elegidos, el interventor del ayuntamiento fiscaliza todos los gastos mediante la presentación de facturas, las cuales deberían estar emitidas al grupo municipal con su propio CIF solicitado en la administración de Hacienda. Con lo cual entendemos que lo lógico es que no se centralice. Así que se abrió la cuenta en la sucursal del Banco Popular en San Lorenzo a nombre del grupo municipal en San Lorenzo».
Desde el principio, la dirección de Ciudadanos de Madrid, y específicamente colaboradores directos de Ignacio Aguado en la Asamblea de Madrid, como Ismael Rastol y Francisco Lara, empiezan a plantear una situación de conflicto como ordenarles que se saltaran la norma general de permitir que gobernara la lista más votada. Desde los medios de comunicación se anuncia que el secretario de organización, Fran Hervías va a iniciar los trámites de expulsión de los dos concejales. De fondo, estaba una persona que, al parecer tenía amistad con la novia de Albert Rivera, y movía los hilos. Los dos concejales habían conseguido del PP, que obtuvo 6 concejales, que su candidato José Luis Fernández Quejo, con 20 años al frente de la alcaldía, aceptara abandonar.
Víctor Rufo Benito y su otro compañero electo decidieron posteriormente no votar a favor de los Presupuestos por considerarlos lesivos para los intereses de la ciudadanía, con medidas como la subida del impuesto de tracción mediática, que alcanzó también a los coches de más de veinte años, a los que el PP había dejado exentos. Sin embargo, la dirección de Madrid exigió que votaran a favor.
«Mi decisión -narra Víctor Rufo– de abandonar o que me expulsen se produce porque voté en contra de los presupuestos municipales que Ciudadanos quiere que apruebe. Los voto en contra no solo en conciencia sino a conciencia. No recogen las exigencias de bajadas de impuestos tal y como nosotros llevábamos en el programa y así se lo trasmito a Ciudadanos. El hombre de negro aquí, el amigo de Albert y de Hervías empieza su campaña contra mí y pacta los presupuestos con el equipo de gobierno. Y eso sin ser nada en el grupo municipal. Yo sigo pensando lo mismo, a pesar de varias llamadas de Ciudadanos, a través de su coordinador, pero yo siempre le digo lo mismo que lo qué hicimos y mal hecho en 2015 fue un apoyo de investidura no un pacto de legislatura. No sé si entienden la diferencia pero como al señor de negro aquí no le importa el municipio sino más bien está interesado en crecer en el partido, como de hecho se ve al ir en la lista de las generales por Madrid, pues decide que yo estoy perjudicando al partido, pero a mí lo que me interesa es el municipio. El desenlace es que paso a ser concejal no adscrito».
Por otra parte, Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha presentado una querella criminal infundada, maliciosa y temeraria contra nuestro editor, Enrique de Diego, por informar verazmente de que en la campaña de las municipales y autonómicas de 2015, Ciudadanos estableció un sistema de financiación al margen del marco legal, obligando a los candidatos a financiarse su campaña, al margen de la contabilidad del partido y sorteando la preceptiva fiscalización del Tribunal de Cuentas. Fuentes jurídicas plantean que podría tratarse de un presunto delito electoral cometido por la cúpula de Ciudadanos, empezando por Albert Rivera. En su declaración en las diligencias previas, Enrique de Diego se ha acogido a la exceptio veritatis. La declaración de Víctor Rufo es una confirmación completa y exige explicaciones por parte de Ignacio Aguado, de Albert Rivera y de Ciudadanos.