Editorial.
La política de apaciguamiento de Pedro Sánchez ha fracasado. Del todo previsible, no es más que un conjunto de frases hechas, conceptos mantra y una inmensa debilidad bajo una delgada capa de buenas intenciones vacuas. El doble juego de Quim Torra es, además, de traición, una pulsión directa hacia el suicidio colectivo. «Apretad, hacéis bien en apretar«, ha jaleado el tosco racista Torra a los terroristas del CDR y la consecuencia ha sido el asalto al Parlament, por un grupo de encapuchados que afirman representar al pueblo, superando el espacio institucional de la Generalitat.
Ya se ha jugado demasiado con fuego. La falta de límites y de respeto a las leyes, provocada desde las propias instituciones catalanas, no tenía otra salida indeseable pero lógica que la violencia y la barbarie.
Violencia es intentar imponer el dominio del espacio público con los lazos amarillos negando cualquier derecho a la mayoría de los catalanes.
Violencia son las contramanifestaciones consentidas en negación total del derecho de manifestación a quienes rechazan la imposición lingüística.
Violencia son el acoso y las brutales agresiones a los manifestantes de Jusapol.
El monstruo se ha vuelto contra quienes lo han creado.
El monstruo son las CDR, que no es nada distinto a Arran, las juventudes de la CUP.
Tras obligar a los mossos a refugiarse de manera vergonzosa en el Parlament, no hay noticia de detención alguna.
No es el momento para explayarnos en los errores cometidos durante décadas de cesión, ni en la absurda y vergonzante aplicación del artíulo 155.
Hay que tomar medidas en el presente. Estamos ante un proceso creciente de terrorismo callejero.
No son radicales, son terroristas. Simples terroristas. Y se les debe aplicar con todo el rigor la Ley Antiterrorista, ilegalizando a Arran y a la CUP.
Es responsabilidad de Pedro Sánchez y el ausente Fernando Grande-Marlaska el hacerlo, y de la oposición, Pablo Casado y Albert Rivera, el exigirlo, utilizando de inmediato el Senado para imponer el imperio de la Ley.