Redacción.
El catedrático de Economía, Roberto Centeno publica un artículo en El Confidencial en el que da la voz de alarma sobre el hecho de que el pacto de Pedro Sánchez con Ángela Merkel para recibir inmigrantes de Alemania que hayan entrado por España se cuantifica en cientos de miles.
“Se intentan cerrar los detalles del compromiso de Bruselas de hacerse cargo de los inmigrantes ilegales que han entrado en Alemania a través de España, que son cientos de miles”.
Para Roberto Centeno la inmigración actual es económicamente ruinosa:
“Los inmigrantes actuales ni se integran ni pagan impuestos, la inmensa mayoría no tiene trabajo y vive de las subvenciones o de actividades ilegales”
Se llega a niveles escandalosos: los terroristas de Las Ramblas recibían 625 euros de la renta de garantía y 250 de complemento de vivienda, mientras un tercio de nuestros niños vive por debajo del umbral de la pobreza.
El prestigioso escritor e historiador César Vidal denunciaba hace unos meses los beneficios que reciben los inmigrantes, incluidos los que se hallan en situación ilegal, y que se resumen así:
1) La comunidad islámica procedente de Marruecos y residente en Cataluña vive en un 80% de ayudas sociales de 600 euros por persona.
2) En la Comunidad Valenciana basta con estar empadronado para percibir una paga de 532 euros, o 775 si es un matrimonio con hijos.
3) Por si fuera poco, también pueden acceder a subvenciones al alquiler de 250 euros mensuales.
4) En la Comunidad de Madrid, el 76% de las ayudas para el alquiler en el año 2016 fueron destinadas a inmigrantes.
5) Además, 100.000 inmigrantes cobran una pensión no contributiva sin haber cotizado.
6) Los hijos de inmigrantes, aunque sean irregulares, tienen preferencia sobre los españoles a la hora de percibir becas de comedor, plazas en escuelas infantiles y, por supuesto, sanidad gratuita. La diferencia de trato entre los españoles y los inmigrantes en situación ilegal es sencillamente escandalosa.
El coste medio por alumno en la enseñanza supone una media de 3.200 euros, un coste de 2.000 millones. Los gastos sanitarios que paga la Administración autonómica, más el turismo sanitario —familiares que traen de sus países para operaciones o tratamientos graves—, suponen unos 5.000 millones. El coste derivado de subvenciones y ayudas públicas supone otros 3.000 millones. El costo directamente cuantificable asciende a un mínimo de 10.000 millones, la cuarta parte de nuestro déficit público.
A ello se añaden otros gastos en policía, juzgados, prisiones (80.000 inmigrantes) y costes sociales, donde compiten con los españoles más humildes por puestos de trabajo, vivienda, escuelas y servicios.
Y el problema es que mientras la inmigración crece sin control, la economía se está desacelerando. El crecimiento actual es del 0,6% trimestral o el 2,4% anual
El crecimiento de las exportaciones y del turismo ha caído al mínimo de 10 años, que el consumo privado y la inversión se están hundiendo, y que los precios del petróleo —se estima que llegará a 90 dólares a fin de año, frente a los 67 dólares de los PGE— y del dólar —1,14 el viernes frente a 1,22— suponen un desastre para el crecimiento y el empleo.
A fin de año estaremos creciendo por debajo del 2%, la inflación será de más del 2,5% y, lo más grave: el BCE, comprador actual del grueso de nuestra deuda, dejará de hacerlo en enero y, entonces, ¿quiénes y a qué precio nos van a prestar los 92.000 millones para vencimientos más los 40.000 de deuda nueva en 2019?
España no puede permitirse la gran invasión de subsaharianos que, como me decían dos altos responsables de la inteligencia norteamericana en la base de Rota hace dos semanas, se está preparando.
Y mientras tanto, el Gobierno no hace nada efectivo para frenarlo, sino justo todo lo contrario, porque a los procedentes de los campos de refugiados en Marruecos se añadirán los que el irresponsable de Sánchez ha pactado con Merkel recibir de Alemania.