Miguel Sempere
Rambla Libre ha tenido acceso a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por Manuel Romeral Frías y Eugenio Martín Closas, de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, en la que se desvela una trama en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón, que habría estado encabezada por la magistrada Elena Garde García, actualmente en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Majadahonda, la magistrada Mónica Gómez Ferrer, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Pozuelo de Alarcón, y la magistrada María del Carmen Longo Pérez.
La trama denunciada actuaría en connivencia, en “coordinación de voluntades”, con los directivos de las Escuelas Pías de San Fernando, Miguel Cancela Colmenarejo y Salustiano Asencio Castillejo.
La juez Elena Garde García recibía del citado Colegio información extraprocesal, de manera habitual y sistemática, sobre los casos de separación y custodia de los padres de sus escolares. De esa forma, la magistrada ha venido viciando los procedimientos e implicando al colegio en las situaciones de conflicto, provocando daños y sufrimiento a los menores, que han sido llevados a patologías de padre ausente y al fracaso escolar.
Un caso especialmente llamativo es precisamente el de uno de los denunciantes, Manuel Romeral Frías, quien mantuvo una relación afectiva con M.J., fruto de la cual nación N., el 20 de febrero de 2.008. Ante los maltratos físicos a N. por parte de la madre, que en exploración psiquiátrica ulterior se le ha diagnosticada una paranoia grave, y el maltrato psicológico al que sometía al padre, éste tomó la decisión de abandonar el hogar –una casa suya privativa- con su hijo.
La juez Elena Garde García, a través de numerosas irregularidades procesales, entre la que se encuentra el personarse en el citado colegio para impedir la visita legal del padre, ha llevado la situación al esperpento traumático de que Manuel Romeral lleva cerca de 3 años sin ver a su hijo, con una cascada de medidas que han pasado el régimen de visitas inicial de fines de semana alternos y dos días intersemanales a eliminarlo y a llegar a poner una orden de alejamiento del padre respecto al hijo.
La primera resolución referida a la cita de las partes el 3 de abril de 2.012, en la que estuvo presente Elena Garde, fue firmada por la juez Maravillas Carreras Rodríguez, que no estuvo en la vista. “Es obligatorio (y no cabe excepción ninguna) que quien dicta la resolución resolviendo lo discutido en una vista, debe ser el mismo juez que presenció la misma”, como recuerdan los denunciantes.
Estos aportan grabaciones en los que los directivos de las Escuelas Pías de San Fernando reconocen que pasan información a la juez Elena Garde sobre los niños y los padres en proceso de separación, de forma extraprocesal, sin requerimiento legal alguno.
Las irregularidades denunciadas respecto a la actuación de la magistrada Elena Garde, y también Mónica Gómez Ferrer y María del Carmen Longo Pérez, son numerosas y llegan hasta la culpabilización al padre de una falta de atención higiénica del niño por la madre, tal y como señala el médico forense. En numerosas ocasiones se soslayan garantías procesales, como los tiempos establecidos para apelaciones.
“Debe señalarse que la propia juzgadora, cuando acuerda la suspensión de la patria potestad, y sabiendo que el letrado del denunciante había recurrido el auto por el que se remitían las visitas al punto de encuentro, la Juez, de oficio decide, por su cuenta y riesgo que se mande testimonio de lo nuevamente acordado a la Audiencia Provincial, y ello por cuanto conoce que la contraparte no se había personado en esa apelación y, por tanto, no podría aportarlo ella”.
En lo que se refiere a las Escuelas Pías, estamos ante una sistemática revelación de secretos, con el agravante de que “la persona a la que se revelaba estos secretos que estaba conociendo el asunto, la Ilma. Sra. María Elena Garde García”.
El libro “El triunfo de Ágatha Ruiz de la Prada”, número 1 en ventas en Amazon