Miguel Sempere.
España está siendo invadida. Se trata de una invasión humanitaria que desarma las defensas de la sociedad. La situación es de extrema gravedad, aunque todos los partidos políticos y el Gobierno callan. El hecho es que España está sustituyendo a Italia y Grecia como destino de los ilegales. O se toman medidas urgentes, o la frontera deja de ser un coladero, o se quita el efecto llamada que conlleva la no devolución en caliente, o lo que nos amenaza es una avalancha.
Según la Agencia Europea de Fronteras, en los seis primeros meses llegaron 7.547 ilegales a las costas españolas, tres veces más que en los seis meses del año anterior. En agosto, los ilegales que llegaron a las costas españolas fueron cuatro veces más que en julio. En agosto, 593 ilegales arribaron a las costas españolas de Cádiz. Los lugares de destino de las pateras son cada vez más diversos. En agosto un pesquero de Santa Pola recogió a 49 subsaharianos que navegaban en una patera. En septiembre, dos pateras con 19 ilegales llegaron a las costas de Calpe y Santa Pola.
Mientras tanto, el flujo hacia Grecia e Italia ha descendido el 75%. España se está convirtiendo en el lugar preferente del flujo migratorio invasivo, protagonizado por argelinos, marroquíes y subsaharianos. Todos ellos musulmanes. La idea de que por criterios humanitarios se puede entrar ilegalmente en España es sumamente perniciosa; implica, por de pronto, un efecto llamada que está haciendo incrementar exponencialmente el flujo migratorio. Y esa escalada no va a parar si no se toman medidas.
Todo se ha conjurado para que España vaya camino de ser el destino número uno de los ilegales: se han desmantelado campos de subsaharianos en Marruecos y Argelia; Libia ha dejado de ser un coladero; el conflicto del Rif en Marruecos está provocando un éxodo y hay un incremento importante de adolescentes a los que sus familias exportan hacia Europa, porque aquí son acogidos y mantenidos por los servicios sociales.
Diferentes organizaciones sociales, muchas de ellas en la órbita de George Soros y del mundialismo destructivo, presionan para tener cada vez más clientes, dependientes de subvenciones y colapsando servicios muy caros como los del sistema sanitario. Cuando la guerra en Siria está en su último tramo, España ha acogido a 1.724 «refugiados» que, en propiedad, deberían volver a sus casas, pero que van a recibir servicios gratis a costa del contribuyente.
España, que afronta la farsa secesionista de Cataluña en nombre del imperio de la Ley, no es capaz de defender sus fronteras y de impedir la llega de ilegales o proceder a su inmediata repatriación. En las fronteras españolas no se cumple la Ley. España funciona como si no tuviera fronteras. El Gobierno se inhibe y los partidos callan, mientras la creciente avalancha, sumada a los aportes incontrolados de los últimos 20 años, amenaza con cambiar la textura vital de España convirtiéndola en un territorio africano y musulmán.
Se trata de una invasión humanitaria, con la que se pretende mover falsos complejos de culpa, haciendo responsables a los españoles, y a los europeos, de la miseria y la natalidad que son responsabilidad de los países emisores de excedentes de población. Urge un gran debate nacional y medidas firmes sobre esta materia, que es el más grave problema al que se enfrenta la sociedad española.
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