Josep Sansano
Por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial investigará retrasos en un sumario por denuncia contra un político en caso de corrupción: la presidenta del PP de Elche y exalcaldesa, Mercedes Alonso y el Juzgado investigado es el de Instrucción número 2 de Elche. El CGPJ ha abierto el expediente número 045980/2016A01.
La reclamación por el funcionamiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Elx, del que es titular Gemma Sommevilla Gurtubay, fue presentada por uno de los denunciantes, Enrique de Diego, editor de Rambla Libre. La Unidad de Atención Ciudadana ha remitido un escrito con fecha 17 de octubre de 2016 en el que solicita información adicional: “Visto su contenido, con el fin de valorar la intervención que cabe por esta Unidad, le rogamos que nos concrete con la mayor precisión posible, y previa consulta con su abogado si fuera necesario, el retraso en la tramitación de las diligencias previas, con indicación de los escritos que hayan sido presentados y a los que no se les haya dado respuesta, haciendo referencia a las fechas de presentación”.
La denuncia por presunta financiación ilegal del PP y apropiación indebida contra Mercedes Alonso fue presenta el 3 de abril de 2013 y recayó en el Juzgado de Instrucción número 2, sin que hasta el momento haya habido juicio. En septiembre de 2014, la jueza archiva “provisionalmente el caso” y afirma remitirlo a la UDEF. Instrucción 2 reabre el caso y declara secreto del sumario el 27 de abril de 2015. Esta reapertura es recurrida por el abogado y esposo de Mercedes Alonso, José Antonio Peral. La Audiencia Provincial de Alicante se reunió para deliberar el 4 de julio de 2016, sin que hasta el momento haya hecho pública la decisión. El secreto de sumario continúa.
Según Enrique de Diego, “da toda la impresión de que la Justicia se dedica a proteger a los corruptos. La juez no envió ni un solo papel a la UDEF, tuvimos que personarnos en la Comisaría de Alicante, el presidente del Foro Demócrata, Miguel Picher y yo, para facilitarles la documentación fehaciente y tumbativa, con el contrato de la sede a nombre de una asociación tapadera, las facturas de los teléfonos del PP ilicitano giradas a la Asociación Popular de Elche, recibís sin CIF y numerosos testigos. A todo esto el fiscal jefe de los Juzgados de Elche, Ramón Siles lo tildó de recortes de periódicos y pidió el archivo. Que Santa Lucía le conserve la poca vista que tiene”.
“En un Estado de Derecho pleno, la jueza y el fiscal deberían perder sus puestos. No tiene sentido que unos ciudadanos hagan más que la Administración de Justicia con todos los medios legales, como tampoco se entiende tanto secreto del sumario. Que vayan a investigar desde el Consejo General del Poder Judicial, aunque se cubren unos a otros, por lo menos es una pequeña satisfacción y un premio a la tenacidad, que puede servir de ejemplo a otros”.