Enrique de Diego
Se ha llegado a tal nivel de degeneración en el sistema, que la Fiscalía, objetivamente, está para amparar a los corruptos, para que los fiscales actúen como sus abogados defensores. Eso se hace manifiesto en el caso de Mercedes Alonso, que lleva cuatro años en los Juzgados de Elche, algo ciertamente escandaloso.
El principio de legalidad ha sido abolido por la dependencia jerárquica de los fiscales a la Fiscalía General del Estado, que es una gran mentira, porque no es del Estado sino del Gobierno, y también, por tanto, del partido en el Gobierno. En la medida, que el Partido Popular es una mafia –en un Estado de Derecho real tendría que ser ilegalizado- los fiscales han de obedecer a una mafia, a corruptos que cobran en sobres en negro, que tienen una caja B, que funcionan sin CIF, que roban y saquean, que han hundido la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que parecía imposible, y siguen en la calle, que si hubieran robado en un supermercado ya estarían en Foncalent.
La peor de las justicias posibles
Porque la Administración de Justicia en España es fuerte con los débiles y débil con los fuertes; es la peor de las justicias posibles y no es extraño que en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas sea la institución peor valorada. Con Justicia.
Recordemos que en el caso Mercedes Alonso, llevado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche, titular, Gemma Miriam Sommevilla Gurtubay, se presentan desde el primer día –hace ya cuatro largos años de exasperante lentitud judicial- documentos fehacientes, concluyentes y tumbativos: a) contrato de alquiler de la sede del PP, firmado por Mercedes Alonso, a nombre de la Asociación Popular de Elche; b) facturas del teléfono “oficialmente” del PP a nombre de la Asociación Popular de Elche; c) recibís de cuotas sin CIF; d) nómina del Ayuntamiento de Elche, de personal de confianza del PP, con transferencia a la Asociación Popular de Elche.
No se necesita haber estudiado en ninguna Facultad de Derecho ni haber hecho la oposición a Fiscalía para llegar a conclusiones rápidas: el PP funciona en negro y sólo en negro a través de una asociación tapadera. Y eso está mal, muy mal. Seguramente hay ahí varios presuntos delitos, empezando por el de apropiación indebida, porque a dónde han ido esos cuotas de recibís sin CIF. Una jueza y dos fiscales, una Justicia a ritmo de tortuga, llevan cuatro años sin percibir lo evidente ni llegar a ninguna conclusión.
Los fiscales se han dedicado a poner palos en la rueda
¿Qué han hecho los dos fiscales en cuestión? Nada. Peor que nada, poner palos en la rueda, obstáculos en el camino y, en un caso, claramente pretender dar carpetazo. El 5 de marzo de 2014 -¡cómo pasa el tiempo con esta Justicia más lenta que el caballo del malo!- la fiscal Olga Matencio emite el siguiente escrito: “que a la vista de las manifestaciones realizadas por Jesús Ramón Porcel López en su denuncia en las que no justifica haber sido perjudicado, habiendo aportado recibos a nombre de otras personas, entendiendo que no concurren en él los requisitos necesarios para formular acusación interesamos el archivo de las actuaciones”. Es cuestión de legitimidad, vale. Balones fuera, que parece mentira en una fiscal que va de estricta. Pero la Fiscalía tiene la obligación de perseguir de oficio el delito. Para eso está. Para eso cobran los fiscales, en principio. Bien podían haber excitado su celo los recibís sin CIF, que no perjudican a Jesús Ramón Porcel López, sino a todos los españoles.
El 10 de enero de 2015, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche entra el siguiente escrito del fiscal Ramón Siles Suárez: “El fiscal, evacuando el traslado que le ha sido conferido, dice: Que no habiéndose aportado datos o hecho nuevos, ni existiendo otros elementos probatorios que los recogidos en noticias de prensa, que justifiquen la reapertura del procedimiento, interesa el mantenimiento del sobreseimiento provisional ya acordado”. Evacuando, y nunca mejor dicho. Y un huevo duro, que estamos en el camarote de los hermanos Marx.
Bueno, uno entra en el Palacio de Justicia de Elche y lo comprende todo: allí está la marmolea placa que proclama que tan digno edificio fue inaugurado por el “honorable” Rafael Blasco, que cumple prisión por meter la mano en la caja de los pobres del mundo. Vamos, que no hay un caso con pruebas más abundantes y notorias, y Ramón Siles habla de noticias de prensa. No faltan las relaciones, al margen de las jerárquicas, en la Fiscalía ilicitana con el PP.
Hago un inciso: un abogado de oficio que no pasaría el control de alcoholemia a la entrada de los juzgados me indujo a confusión precipitada. La fiscal Gascó es de suma eficiencia e idoneidad; no va de prepotente, como suele darse en el gremio, sino de sensata y segura, y pr ello justa y humana. Un ejemplo. Y sigo y concluyo.
Total, que en el caso Mercedes Alonso, la Fiscalía se ha vuelto cegata y no ve tres en un burro; ora por ilegitimidad, ora por recortes de periódico, ora porque, al fin y a la postre, Mercedes Alonso, presidenta del PP de Elche y cuando empezó el procedimiento abreviado –que hasta suena a sarcasmo- 1630/2013 –leches: ¡2013!-alcaldesa de la ciudad, es, de alguna manera, su jefe, porque aquí Montesquieu hace tiempo que murió o lo mataron y no hay división de poderes. Ya decía Washington que cuanta más división de poderes, mejor y aquí, por ende, con esta amalgama y esta componenda vamos muy mal, con la corrupción rampante. En suma, Justicia a paso de tortuga y Fiscalía cegata y el juez Orellana, que hace lo que le da la gana.