Enrique de Diego
La Justicia española es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, o como el juez Orellana, hace lo que le da la gana. Con los corruptos, la Justicia, servil, se torna lenta como una tortuga, tediosa, condescendiente, y se fuma un puro, respaldada por una Fiscalía cegata. Cuatro años lleva –que se dice pronto- abierto un procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche, del que es titular Gemma Miriam Somavilla Gurtubay, contra la presidenta del PP, Mercedes Alonso, que entonces era, además, alcaldesa de Elche.
¡Con el poder hemos topado, querido Sancho! Entonces, la Justicia se olvida del principio de legalidad y empieza a mirar con el rabillo del ojo hacia el Consejo General del Poder Judicial, que está controlado por los políticos, y concretamente por los del PP, y se torna lenta, lenta, lentísima como una tortuga coja y la Fiscalía se olvida del principio de legalidad, y mira con el rabillo del ojo hacia la Fiscalía General del Estado, que depende –hete aquí- del PP y Mercedes Alonso –hete aquí- es del PP. ¿Nos vamos entendiendo? Porque la Justicia en España parece estar para disciplinar a los pobres y sostener los privilegios de una casta de intocables.
El 3 de abril de 2013, Manos Limpias presenta denuncia que recae en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gemma Sommevila. Manos Limpias ha hecho mucho contra la corrupción y ahora lo está pagando con una artera y sucia maniobra de las cloacas del Estado. Miguel Bernard lo ve tan claro que no cree necesario ni presentar querella. Porque los documentos aportados son tumbativos; las pruebas, fehacientes. No creo que haya habido un caso en el que se presenten los hechos de una manera tan clara.
Pruebas fehacientes que puede entender cualquiera, hasta el más lerdo
Se presentan, entre otros, los siguientes documentos: 1) el contrato de alquiler de la sede del PP, firmado por Mercedes Alonso, que no está a nombre del PP sino de la Asociación Popular de Elche; 2) facturas de los teléfonos del PP, que tampoco están a nombre del PP sino de la citada Asociación; 3) nómina del Ayuntamiento de personal de confianza de la alcaldesa de la que se detrae una cantidad para la Asociación Popular de Elche; 4) recibís de militantes del PP por el pago de cuotas sin CIF ninguno.
No es necesario haber estudiado una carrera y haber sacado una oposición para entender de inmediato: a) el PP no existe en Elche, no tiene personalidad jurídica; b) ha organizado sus finanzas a través de una asociación tapadera que se llama Asociación Popular de Elche; c) funciona en negro, al margen del circuito legal.
Esto, de seguro, la Justicia lo vería rápido si no tuviera torticulis de tanto mirar hacia el Consejo General del Poder Judicial y el hemiciclo. De manera, que también se le entra artritis reumatoide cuando se trata de luchar contra la corrupción política: ¡diez años tardó el sumario de Carlos Fabra! Y los de Gúrtel y Brugal andan dando vueltas. La perdiz de la Justicia no es que esté mareada, es que no levanta cabeza.
Un esforzado militante del PP, Jesús Porcel denuncia, a su vez, el 2 Diciembre de 2013 y recae en el Juzgado de Instrucción 5. Se salen por la tangente y le dicen que no es perjudicado. Mucha gente suele tender a decir: ¡vaya usted al Juzgado! Si es con casos de corrupción, todo son problemas e ingratitudes. Va pasando el tiempo y Jesús Porcel, respaldado por el Foro Demócrata, que preside Miguel Picher, toda una referencia, se persona en Instrucción 2 el 29 Septiembre de 2014.
Era sencillo, desde el primer momento, hacer dos cosas: pedir las cuentas del PP de Elche, que no existen, y las de la Asociación Popular de Elche, que, con todo el tiempo que ha pasado, pueden estar incluso vacías, que así se las ponían a Felipe II. No se hace nada. La Fiscalía cegata mete la pata, por dos veces, que ya le sacaré sus vergüenzas a la plaza pública, que ya está bien de esta Justicia con doble vara de medir. Si la Justicia hubiera luchado contra la corrupción, otro gallo nos cantaría.
Gemma Sommevilla no envía ninguna documentación a la UDEF
Gemma María Sommevila Gurtubay, que no ha hecho los deberes en el Procedimiento Abreviado 1630/2013 -la cifra última es importante: ¡2013!- con la aquiescencia de la Fiscalía sumisa y cegata declara el sobreseimiento provisional, aunque dice que remite la cuestión a la UDEF para que investigue. Una simple coartada, porque enviar a la UDEF no envía nada o se pierde por el camino. Así que los denunciantes, por vergüenza torera, llevan la tumbativa documentación a la UDEF que se echa las manos a la cabeza, y de paso a la Fiscalía de Alicante, que demuestra tener dos ojos en la cara, y se reactiva.
Pero, cuidado, que en materia de corrupción, la Justicia es más lenta que el caballo del malo. No es que acelere, no. El Juzgado de Instrucción número 2 declara secreto de las actuaciones el 27 abril de 2015. ¡2015! Vamos avanzando a paso de tortuga coja. El abogado y esposo de Mercedes Alonso, el litigante José Antonio Peral recurre la investigación de la UDEF el 12 de mayo de 2015. El Juzgado de Instrucción número 2 reabre el 24 de septiembre de 2015, decisión que, de nuevo, recurre Peral y pasa a Sala de la Audiencia Provincial donde ahora está a la espera de que el Ponente se tome su tiempo y un par de cafelitos y un huevo duro. Al final, con esta Justicia, todos calvos y los corruptos, tranquilos y disfrutando. No se actúa igual si es alguien de Los Palmerales o un autónomo, entonces la tortuga se despabila y parece una liebre.
El juez Orellana sigue haciendo lo que da la gana
Hay gente a la que no le gustan cosas constitucionales como que no se declare por parentesco o la libertad de expresión. Al juez Orellana, que hace lo que le da la gana, le gustará saber que a la persona para la que considera Foncalent Psiquiátrico el centro idóneo, ha sido agredida brutalmente y se encuentra en huelga de hambre, porque no es un centro idóneo, sino altamente contraproducente. Pero, eso que importa cuando se sigue cobrando a fin de mes. Habrá que informar al Consejo General del Poder Judicial.