Todos los políticos trabajan por y para la corrupción, con el premio de una parte de los más de 10 billones de euros que ya se han repartido y bajo la amenaza de ser expulsados de su formación política.
Tres hechos recientes me han llevado a escribir este artículo, el primero es el caso KOLDO-Ábalos-Sánchez-PSOE, el segundo es el oportunismo de la corrupta Ministra Yolanda Díaz, que pretende engañar con la lucha contra la corrupción, y el tercero es el artículo “¿Está muerto el caimán?” de Jesús Cacho.
El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores establecido por Naciones Unidas. El año pasado, 2023, la ONU les hizo un homenaje especial aunque con un día de retraso, la noticia con título: “El 25% del gasto público mundial se pierde en corrupción”. De esta forma informó la ONU a los trabajadores del destino de sus impuestos que reducen brutalmente sus salarios.
No tengo noticias de que haya habido una revolución en ningún país occidental, donde es mayor el gasto público… y la corrupción.
Repitiendo la coordinación sobre la corrupción en 2018, al día siguiente la Comisión Europea propone una directiva para tipificar los delitos de corrupción al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea (gobiernos de los 27 Estados miembros).
Esta propuesta se basa en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) que el 9 de diciembre (Día internacional contra la corrupción) cumplió 20 años, con un resultado claro de impulsar la corrupción, según los datos de la propia ONU.
La propuesta de directiva supone un paso adelante, pero también una pérdida de oportunidad de hacer algo serio. 9 días después envié mi crítica con algunas propuestas para esta directiva a la Comisión Europea y a varias docenas de europarlamentarios.
Desgraciadamente, el grupo de trabajo del europarlamento competente para la redacción de esta directiva es la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Peor aún es que esta Comisión está presidida por Juan Fernando López Aguilar que fue Ministro de Justicia de Zapatero. La cosa empeora porque una de las vicepresidentas también es española.
A pesar de ello, la Comisión LIBE redactó su propuesta de directiva y se la pasó a los parlamentos de los 27 Estados miembros de la UE y a la Presidencia del Consejo de la UE.
Otra desgracia. El Gobierno de España presidió el Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023, por lo que no tramitó la propuesta de directiva. Durante el primer semestre de 2024 le toca esta presidencia rotativa a Bélgica que yo califiqué como uno de los siete decadentes en un artículo que remití a cuatro comisarios y cuya repercusión hice pública en otro artículo, ambas publicaciones conviene leerlas para estar informado. Evidentemente esta directiva va a seguir en el cajón, pero después viene Hungría que hará lo mismo salvo que Progresistas contra la corrupción pueda evitarlo.
Las Cortes Generales españolas tampoco hicieron nada, ningún partido político propuso nada, todos apoyaron aliviados el parón de la directiva contra la corrupción.
En este escenario de encubrimiento de la corrupción de todos los políticos españoles y la investigación de la corrupción con las mascarillas, aparece Yolanda Díaz diciendo que su formación trabaja contra la corrupción, apoyada en informaciones falsas, como el número de desempleados, falsificado con su reforma laboral. Y esto lo hace después de haber retrasado y encubierto la referida directiva europea. Pero lo peor es que Yolanda Díaz es un miembro destacado de la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN que ha perjudicado a los españoles en más de diez billones de euros.
El Sr. Cacho explica muy bien por qué Yolanda Díaz o Pedro Sánchez ocupan la presidencia del Gobierno de España. En su reciente artículo dice: “Un gobierno de delincuentes para un país de idiotas”.
Lo primero está probado con lo dicho en este artículo, el secuestro del país de 2020, etc.. Sobre lo segundo debe hacerse un matiz: la gente no es idiota, sino que está idiotizada, idiotizada por la gente que le influye, por sus familiares y amigos, así como por los colectivos masivamente influyentes, como los políticos y los que salen en la tele.
Como anunciamos el sábado, ha aparecido un nuevo tipo de denunciantes penales que tenemos dos características inéditas: denunciamos delitos sistémicos, no “casos aislados” y denunciamos las terribles consecuencias, como el desempleo, empobrecimiento masivo, bajos salarios, impuestos confiscatorios, emigración laboral, emancipación retrasada, baja natalidad, suicidios…, en una palabra decadencia.
La denuncia completa contra la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN está publicada en la página web del partido político Progresistas contra la corrupción, el único partido no decadente, no político, sin políticos y de denunciantes de corrupción sistémica: www.pclc.es.
Javier Marzal
Presidente de PCLC