Por primera vez la Audiencia Provincial de Madrid llama a reabrir una causa contra Isabel Díaz Ayuso por las muertes ocurridas dentro de las residencias durante la época más dura de la plandemia montada con motivo del covid. En un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Villalba, el tribunal acepta el recurso interpuesto por una familia afectada, archivado en primera instancia, y acuerda con la Audiencia Provincial de Madrid la continuación del procedimiento respecto de los tres aforados y por aquel entonces miembros del gobierno de la comunidad- Ayuso, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero- “con la práctica de las diligencias pertinentes y necesarias para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro”.
Altos cargos del gobierno de Ayuso firmaron hasta cuatro versiones de un protocolo que suponía la exclusión sanitaria de residentes contagiados por covid en función de su situación física o cognitiva. Los conocidos como “protocolos de la vergüenza” han impulsado la presentación de hasta 400 querellas por parte de los familias, agrupados en Marea de Residencias.
El reciente auto, fechado el 2 de octubre de 2023 y en relación a un residente que se encontraba en el Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores, supone un “bombazo” porque hasta ahora no se había admitido la investigación contra las personas aforadas, explica Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. De manera regular las querellas se han ido archivando una a una en los juzgados de primera instancia. Los familiares que han decidido seguir adelante se enfrentaban a un nuevo archivo, el de la Audiencia Provincial, que solía pedir la apertura de diligencias pero no contra los tres miembros del gobierno.
“En este caso se pide la reapertura de la causa contra los aforados. Esto es algo que no se había mencionado anteriormente en ningún auto”
“Normalmente se reabren para practicar las diligencias mínimas, para luego finalmente si se archivan se queda archivado y hay que recurrir ante el Constitucional. Pero en este caso se pide la reapertura de la causa contra los aforados. Esto es algo que no se había mencionado anteriormente en ningún auto”, explica López.
En el auto además se cita a declarar a tres testigos el próximo 7 de noviembre: Alberto Reyero, por aquel entonces consejero de Políticas Sociales, Carlos Mur, el alto cargo de Ayuso que firmó los protocolos y Yolanda Fuentes, ex directora de salud pública. Esta sería la tercera vez que estos tres testigos declararan en sede judicial.