Travis Gilmore.
Propietarios de negocios, consumidores y empleados se enfrentan a riesgos en cuanto a sus pertenencias y su seguridad debido a los delitos de hurto que afectan a las comunidades locales de California, y los expertos sugieren que una ley promulgada por los votantes hace casi una década desempeña un papel clave.
Aprobada en 2014, la Proposición 47 cambió el umbral de los delitos graves de hurto, elevando el mínimo de 400 a 950 dólares por incidente, lo que permitía a los ladrones robar justo por debajo del límite superior y arriesgarse solo a un delito menor.
La política ha tenido graves consecuencias, según los expertos.
“Tras la aprobación de la Proposición 47, vimos a delincuentes reincidentes que entraban en las tiendas y robaban constantemente”, declaró a The Epoch Times Rachel Michelin, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Minoristas de California, que representa a empresas de todo el estado. “Los robos han aumentado porque no hay consecuencias”.
Reportes recientes de los medios de comunicación apuntan a un estudio publicado en marzo de 2022 por el Center on Juvenile Criminal Justice —una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco centrada en la reducción del encarcelamiento— que sugiere que la ley no provocó un aumento de los delitos contra la propiedad, y que potencialmente ahorró al estado 600 millones de dólares en costes penitenciarios.
Los críticos afirman que la metodología del estudio era errónea, ya que calculaba el éxito de la ley basándose en una menor reincidencia y encarcelamiento por robo.
Con menos detenciones en virtud de la ley, afirman, la disminución de los encarcelamientos era una certeza matemática.
La Comisión Mixta de Auditoría está realizando auditorías en dos condados del sur de California para medir el impacto de la legislación, tal como solicitó el asambleísta James Ramos (D-Highland) en marzo y suscribieron 24 representantes.
La revisión analizará los efectos en los condados de Riverside y San Bernardino mediante la evaluación de los índices de delincuencia y reincidencia antes y después de la aprobación de la ley hace casi una década.
“Quizá dentro de un año, cuando tengamos los resultados, podamos ver si la Proposición 47 está haciendo lo que se supone que debe hacer”, dijo Michelin.
Aumentan los delitos contra la propiedad y la violencia
El cierre el mes pasado de Whole Foods en el centro de San Francisco —donde al parecer los ladrones robaron 250 carritos de la compra en menos de un año— y una serie de otras tiendas que cierran locales, como CVS y Wal-Mart que abandonan algunas áreas metropolitanas debido a la alta criminalidad, sugieren que los comercios no están esperando a las conclusiones de la auditoría para tomar decisiones comerciales.
Los grandes almacenes de lujo Nordstrom también anunciaron a sus empleados que sus dos establecimientos de San Francisco cerrarán en verano.
Recientes incidentes han hecho temer a algunos que la violencia aumente junto con los robos, después de que un empleado de Home Depot en la ciudad de Alameda, en el área de la Bahía, muriera por disparos el 18 de abril cuando intentaba detener a una ladrona.
Algunos compradores y empleados dicen que se enfrentan a condiciones peligrosas y se sienten frustrados por no recibir ayuda de los legisladores locales.
“Nos han golpeado más veces de las que puedo contar”, dijo Cindy Nguyen —empleada de una tienda de comestibles en San Francisco—. “A veces es gente que roba al azar, pero lo peor es cuando vienen en grupo y se llevan lo que quieren”.
Los responsables políticos de la ciudad han restado prioridad a los delitos contra la propiedad, por lo que ni siquiera merece la pena dedicar tiempo a denunciar los incidentes, afirma.
“La policía ni siquiera responde y, si lo hace, no hace ningún esfuerzo por atrapar a nadie”, afirma Nguyen. “Aquí todo el mundo lo sabe, especialmente los delincuentes”.
Las tiendas familiares como en la que trabaja Nguyen son las más afectadas por los hurtos, según los expertos.
“Por cada gran negocio que se ve afectado, hay probablemente cinco o seis pequeños negocios, y no pueden absorber el coste”, explica Michelin, de la asociación de comercios. “No pueden pagar para guardar los artículos bajo llave, no pueden contratar seguridad, y el robo afecta a los resultados”.
Las medidas adoptadas por los comerciantes para mitigar los robos, como asegurar ciertos artículos detrás de las vitrinas y retirar la mercancía de los suelos de venta, están haciendo que la experiencia de comprar sea aún menos agradable, según algunos compradores.
“Ahora tengo que esperar a que alguien saque artículos que antes estaban en una estantería que podía tomar “, dijo la hostelera Monica Valdez, de la zona de la bahía. “Es un inconveniente, tardo aún más en hacer la compra, y yo sólo quiero llegar a casa después del trabajo”.
Cuanto más tarde en el día, más ansiedad siente en las calles, dijo.
“He visto a gente robando abiertamente en tiendas de San Francisco y de Oakland”, dijo Valdez. “Vivo en East Bay y trabajo en la ciudad, y a veces siento que no es seguro ir sola a las tiendas”.
La delincuencia aleja a los consumidores
El temor por la seguridad personal está haciendo que algunos elijan opciones de comercio electrónico en lugar de visitar los negocios locales.
“Desde que la delincuencia está fuera de control, compro casi todo lo que puedo por Internet”, explica John Williams, un empresario jubilado de Los Ángeles, a The Epoch Times. “Mi mujer y yo somos ancianos, y creemos que no merece la pena correr el riesgo de que nos roben o de estar en una tienda cuando estos maníacos entran y lo roban todo”.
Según los expertos, el desplazamiento de los compradores a la web para realizar más compras coincide con el reciente impulso de muchos comercios a centrarse en su oferta en Internet.
En busca de soluciones
En respuesta a lo que se ha dado en llamar una crisis de seguridad pública, los legisladores han intentado en repetidas ocasiones llevar propuestas al pleno del Capitolio para su votación, sólo para que sus proyectos de ley sean marginados por el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea.
La Asociación de Minoristas de California, en colaboración con la Liga de Ciudades de California —que representa a la mayoría de las 482 ciudades del Estado Dorado— patrocinó el proyecto de ley 1708 de la Asamblea, presentado el 17 de febrero por el asambleísta Al Muratsuchi (D-Torrence) y posteriormente rechazado por el comité el 18 de abril.
El proyecto de ley, que tiene por objeto aumentar las penas por hurto, se concedió desde entonces la reconsideración y ha sido modificado por los autores, aunque no hay fecha para una nueva audiencia.
En un esfuerzo conjunto en 2022, la asociación de comercios, la Asociación de Hoteles y Alojamientos de California —un grupo comercial que representa a las empresas del sector— y Muratsuchi propusieron el proyecto de ley 2390 de la Asamblea, que agruparía los hurtos menores y daría lugar a cargos de delito grave para aquellos que roben más de 950 dólares en mercancía combinada.
El proyecto de ley se presentó en febrero de 2022 y murió meses después en el comité de seguridad.
Con poco progreso legal que se está haciendo, y sin consecuencias para las acciones criminales, algunos dicen que no hay incentivo para que los ladrones de tiendas detengan su comportamiento destructivo.
“Hasta que la legislatura, en particular el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea, el fiscal general, y todos los [legisladores] están dispuestos a tener las conversaciones difíciles necesarias para solucionar este problema, va a seguir empeorando”, dijo Michelin.