Redacción.
Javier Marzal, presidente de la asociación ANVIPED, ha dirigido una misiva a la presidenta del Tribunal Superio de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que denuncia la persecución y el acoso contra la libertad de expresión que, en su opinión, tiene lugar por parte de una serie de jueces y fiscales en Elche.
«Los jueces, en connivencia con los fiscales y con el apoyo de los LAJ, llevan desde 2018 prevaricando con la intención de eliminar la libertad de expresión, la libertad de información (prensa) y la libertad de asociación».
Javier Marzal recuerda el caso de la absurda querella de Ignacio Aguado que mereció una delirante condena por parte del Juzgado de lo Penal número 1 de Elche y tuvo que ser revocada por la Audiencia Provincial. «Empezaron favoreciendo al querellante Ignacio Aguado, Vicepresidente de Madrid por Ciudadanos, prevaricaron abundantemente en el JI nº 3, rematando en el JP nº1, siendo revocada la condena mediante sentencia 272/2022, porque no había hechos delictivos, en la Sección 11ª. Estas prevaricaciones están denunciadas ante la Comisión Europea».
Después han seguido varios procedimientos represalia: «Posteriormente, han sido varios los procedimientos de represalias por denunciar públicamente la corrupción de varios jueces o, incluso, por denunciarlos en el CGPJ, originando los siguientes procedimientos penales: DP 736/2021 en JI nº 2, DP 1129/2020-9 en JI nº 4, DP 547/2021 y DP 1129/2021 en JI5″.
«El 24.01.2023 he recibido una citación para declarar como investigado por injuria, en las DP 736/2021 del JI nº2 de Elche, de las que no tenía conocimiento. Es poco frecuente que se informe que es por un delito de injuria y es inédito que en la cédula de citación conste que el juez lo acordó en una resolución del 13.12.2022, 20 meses después del supuesto atestado que inicia el procedimiento. Es evidente que es una represalia porque el 25.11.2022, la Comisión Europea ha decidido cursar mi denuncia contra todos los miembros de los gobiernos de España (2018-2022)».
«Como ha dicho el Tribunal Supremo, en los autos de inadmisión de varias querellas contra varias Ministras por calumniar a los magistrados del propio Tribunal Supremo, acusándolos de prevaricar, estos hechos quedan extramuros del Código Penal, afirmando que no es la jurisdicción penal “donde corresponde valorar la prudencia o conención, aun en la crítica, de las expresiones proferidas”.
«Más grave aún, consideró el TEDH la condena al abogado Ravelo, por constituir una intimidación a todos los abogados. En nuestro caso a todos los periodistas y a todos los dirigentes de asociaciones de víctimas de represalias, que ha sido el único motivo de mis actuaciones remotas en Elche».