Redacción.
Segunda toma de la denuncia presentada ante la Fiscalía Europea y el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por Javier Marzal Mercader y Enrique de Diego:
CUARTO.- CAÍDA ECONÓMICA EN 2020
El Gobierno no cumplió con su obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2020, el día 30 de septiembre o antes (CE 134.3), a pesar de que las Elecciones Generales fueron el 10 de noviembre de 2019.
Más ilegal aún es que presentara un Plan Presupuestario 2020 del Reino de España el día 15-10-2019 a la Comisión Europea, sin aprobación del Parlamento. En la Introducción de este Plan se falsea la situación diciendo: “La elaboración del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España se encuentra marcada por la situación actual del Gobierno en funciones”. El Gobierno no está en funciones porque no se cumple ninguno de los cinco supuestos establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Continuando con la falsedad en el mismo primer párrafo del Plan se dice otra falsedad: “Por tanto, el Gobierno en funciones no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año”. En el segundo párrafo se dice: “Así, el enfoque que se ha seguido en la elaboración y remisión del Plan Presupuestario para 2020 consiste en un escenario fiscal inercial”. De esa forma, el Gobierno incumplía la ley y el control parlamentario mediante los PGE de 2017 que fueron los últimos aprobados por el Parlamento y ya anticipaba que volvería a incumplirlos, como hizo en 2018 y en 2019, con la intención que se describe en las conclusiones de esta denuncia. En el Plan se dice respecto de 2019 lo siguiente: “Así, para este año el Gobierno mantiene su previsión de déficit en el 2% del PIB, tal y como ya se notificó en el Programa de Estabilidad”, mientras FUNCAS preveía un 2,3% y el Banco de España en junio refería un 2,4% del PIB, pero el Gobierno superó todas las previsiones y lo llevó al 3,08%, incumpliendo su compromiso con la Unión Europea y con el PEC de la Unión (3%). Supone una falsedad radical que el Gobierno se comprometiera a tener un déficit de un 2% el 15 de octubre y que al final del año fuera de un 3,08%. Es evidente que con esta grave falsedad se estaba engañando intencionamente a la Unión para que aprobara el Plan Presupuestario para 2020 que, además, era inconstitucional. El panel de previsiones anuales de FUNCAS se hace desde 1999 y es una encuesta entre los 19 principales servicios españoles de análisis económicos.
Sin duda, estas dos actuaciones delictivas guardan una estrecha relación con el referido Golpe de Estado jurídico y un crecimiento del gasto público sin precedentes..
En la página web de La Moncloa, aparece que el 27 de diciembre de 2019 (domingo), en el Consejo de Ministros acuerda que “se prorrogan para el próximo año en los mismos términos que figuraban en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018”, añadiendo que: “La medida cumple con el artículo 134 de la Constitución Española, en el que se recoge que si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogadas las cuentas públicas del ejercicio anterior”. El Gobierno falsea el referido artículo de la Constitución, puesto que el artículo 134.5 tiene la siguiente redacción: “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”; por tanto, se prorrogan no las cuentas ilegales de 2018 ni el Acuerdo de Consejo de Ministros que fue rechazado por el Parlamento, sino los PGE de 2018 que, por no ser aprobados, eran los de 2017.
A pesar de ello, el Gobierno ni siquiera se ajustó a las cuentas de 2019, dando, además, un golpe de Estado jurídico, con la declaración del Estado de alarma el 14 de marzo de 2020 para ni siquiera ajustarse a las cuentas de 2019.
El 13 de enero de 2020, se publica en el BOE los miembros del nuevo Gobierno.
El 14 de marzo de 2020, el Gobierno declara el estado de alarma, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, así como sus prórrogas, con el fin de eliminar el control del Parlamento y cumplir con sus objetivos criminales que, además perjudican los intereses financieros de la Unión Europea.
Según Eurostat (Oficina Europea de Estadística), la economía española fue la que tuvo una mayor reducción en 2020.
En el Informe anual de 2020 del Banco de España se dice que “El PIB mundial se redujo un 3,3 % en el conjunto de 2020” y un “6,7 % en el área del euro”, mientras en España se redujo un “10,8 %” que fue la mayor reducción mundial.
En 2020, el gasto público creció hasta el 51,8% del PIB, desde el 42,3% en 2019 y el déficit público alcanzó el 10,27% del PIB, siendo el mayor de toda la Unión Europea.
La deuda pública creció más de un 20%, alcanzando el 120,4% del PIB que constituye el record histórico.
Los datos posteriores reflejan que este ingente incremento del gasto público estaba injustificado, porque el Gobierno no tenía intención de sostener la economía, sino de empobrecerla.
QUINTO.- RECUPERACIÓN EN 2021
En el conjunto de la Unión Europea y en la Eurozona, en 2021 hubo un crecimiento económico de un 5,2% y, según el Banco de España, España es uno de los pocos países europeos que no recuperó su nivel económico de 2019 durante 2021. Cerrado el primer semestre de 2021, la economía española era la más rezagada en la recuperación.
El gasto público se redujo al 50,6% del PIB en 2021, desde el 51,8% de 2020, pero lejos del 41,3% de 2017 que Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, se comprometió a reducir. El déficit público se redujo hasta el 6,87% del PIB, pero lejos del 3,1% de 2017 que Pedro Sánchez se comprometió a reducir.
La deuda pública creció desde 1.345.785 millones de de euros en 2020 hasta 1.427.238 millones de euros en 2021.
Los datos posteriores reflejan que este ingente incremento del gasto público estaba injustificado, porque el Gobierno no tenía intención de relanzar la economía, sino de empobrecerla.
SEXTO.- RECUPERACIÓN EN 2022
El 20 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Dos meses y diez días después, el 30 de abril de 2022, el Gobierno remitió el Programa de Estabilidad 2022-2025. En él se dice que España tendrá un déficit público de un 5% del PIB en 2022 (5,2% según la Comisión Europea) y que no hajará del 3%, que es el máximo permitido, hasta 2025 (2,9%) y por debajo de un 110% del PIB de deuda pública.
Los Presupuesos Generales del Estado de 2022 fueron aprobados por las Cortes Generales, mediante el beneficio a los partidos políicos que lo apoyaron. Lejos de consolidar los desequilibrios fiscales y cumplir las normas europeas y la Constitución española, se aprobó un déficit público de 81.936.673,06 miles de euros, es decir, casi 82.000 millones de euros.
Como consecuencia, en febrero de 2022, la Comisión Europea publicó su previsión de que España sea la única economía de la Unión que no recupere el nivel económico de 2019. Cerrado el segundo trimestre de 2022, España fue el país miembro de la Unión Europea más alejado de sus niveles de PIB anteriores al COVID y uno de los tres que no habían recuperado ese nivel, según Eurostat.
SÉPTIMO.- EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO 2019-2022
En el documento del Tribunal de Cuentas Europeo titulado “Riesgos, retos y oportunidades de la respuesta de la política económica de la UE a la crisis del COVID-19”, se dice: “En el primer semestre de 2020, la pandemia de COVID-19 causó pérdidas de PIB desiguales, aunque siempre sustanciales, en todos los Estados miembros. El impacto económico fue desigual debido a diversos factores, como las diferencias en la estructura de las economías y en las estrategias sanitarias para combatir la pandemia, así como los diferentes efectos de los confinamientos en los sectores económicos”.
Conforme a este Tribunal europeo, la investigación en la instrucción debe centrarse en la estructura económica, las estrategias sanitarias, los confinamientos y los cierres de la actividad empresarial en España.
En el documento se establece que: “las medidas presupuestarias significativas (es decir, superiores al 0,1 % del PIB) nacionales”, por lo que la investigación debe incluir “las medidas presupuestarias significativas (es decir, superiores al 0,1 % del PIB)”.