Joe Biden ha firmado este viernes 8 de julio un decreto con el que intenta, con medidas de modesto alcance, facilitar la interrupción del embarazo en aquellos estados que están tomando medidas restrictivas al respecto.
«Esta no es una decisión basada en la Constitución, a pesar de lo que dijeron los jueces en su mayoría, no está basada en la historia», dijo el presidente. «Esa es la horrible realidad de una decisión dedicada a criminalizar el ejercicio de la medicina, congelándola en el siglo XIX».
Uno de los principales objetivos del decreto es facilitar el acceso de todas las mujeres en Estados Unidos a medicamentos abortivos aprobados por la agencia del medicamento. Estas se pueden tomar, según los médicos, hasta 11 semanas después del primer día del último periodo. Estados como Texas han prohibido el aborto tras las primeras seis semanas de gestación.
El 24 de junio, el Supremo norteamericano anuló una sentencia previa de 1973 que legalizó el aborto hasta la viabilidad del feto, algo que se interpreta en torno a las 24 semanas. Desde entonces se han practicado en EE.UU. 62 millones de abortos, según cifras estimativas del propio gobierno federal. Ahora, en virtud de la nueva sentencia del Supremo, cada estado debe tener sus propias leyes.
Como el Supremo ha impuesto un criterio federal, el Gobierno central tiene poco margen de maniobra, pues no hay una ley aprobada en el Capitolio sobre aborto. De momento, Biden da a su ministerio de Sanidad un plazo de 30 días para elaborar un informe sobre acceso al aborto y derecho a la intimidad tanto de mujeres como de doctores que las asistan.