Enrique de Diego.
La Justicia en Elche no tiene ni idea de lo que significa la libertad de expresión. Ya he dicho que la libertad de expresión, el artículo 20 de la Constitución, no ha llegado a entrar en Elche, no tiene vigencia y eso no puede ser. Elon Musk, por citar un tema de actualidad, antes de entrar a saco en el accionariado de Twitter hizo una encuesta sobre si esa red social respetaba la libertad de expresión, «fundamental para el buen funcionamiento de una democracia». Antes que él, Jefferson la defendió con brillantez. Y John Stuart Mill hizo lo propio.
La Justicia está para defender la libertad de expresión, está obligada a ello, es uno de los cacareados valores europeos. Sin libertad de expresión no hay democracia, no hay gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Los jueces de Elche no protegen la libertad de expresión, la atacan y hacen un flaco favor a la democracia. Se han inventado el latiguillo de que «la libertad de expresión tiene límites» y tiran por la calle de en medio, hasta convertirla en un flatus vocis. La jurisprudencia no tiene la libertad de expresión como no tiene límites ha dejado de existir. La jurisprudencia habla de unos límites remotos no tan próximos que la asfixia, convirtiendo su ejercicio en un acto de heroísmo, en una forma de suicidio.
Luego el juez o la jueza, que de todo hay en la vida del Señor, no puede ser un resentido que te coge por banda y en este Juzgado mando yo y te vas a enterar, o formamos un contubernio de jueces que por el artículo 33, porque me sale de los cojones o de los ovarios, te hacemos la vida imposible. El juez está para adecuar las leyes, fuera de sentimientos, tan penosos, personales. En otro caso, la Justicia se torna vengativa y se deteriora.
Por ejemplo, la verdad nunca delinque, aunque como periodista sólo estoy obligado al principio de veracidad, aunque me equivoqué y en el caso de personaje público, que la jurisprudencia, interpreta en un sentido amplio, él está obligado a un plus de transparencia y sometido a la crítica. Después de una Instrucción manifiestamente mejorable, por no decir deleznable, la denuncia de Ignacio Aguado, un señor que ya no pinta nada, que no es nadie. verduras de las eras manriqueñas, sin sentido ni fundamento, llega al juez titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Elche, José Luis Pascual Martín, cuyas andanzas por la Isla de Tabarca son de sobra conocidas, y tras cortar abruptamente a mi abogado, en preguntas esenciales, dice en sentencia que «la libertad de expresión tiene límites» y se queda tan fresco, y no dice más de mis argumentos, y al petulante abogado de Fúster y Fabra le acepta todo, ya digo, sin fundamento alguno.
Reproduzco textualmente el testimonio de Horacio Rico, ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcobendas, segundo en población de la Comunidad de Madrid:
1.- Has sido concejal y portavoz de Ciudadanos en Alcobendas de 2015 a 2019… Si, fui portavoz los 4 años de legislatura.
2.- Ciudadanos no os facilita ningún dinero para la campaña ni administrador…¿Es así? Ciudadanos, no nos facilitó ningún dinero para la campaña, por lo que todos los gastos en que incurrimos, folletos, salas que alquilamos para reuniones, carpa, etc etc fueron pagados por nosotros. Lo pedimos en muchas ocasiones, pero tanto Aguado como Zafra nos dijeron que los gastos teníamos que pagarlos nosotros.
3.- Tenéis que sufragarla de vuestro bolsillo para carteles y tú pones 3.000 euros. Si yo puse entorno a 3000 Euros y otro compañero también una cantidad similar o quizás algo mas que yo, y un grupo de gente que iba en otros puestos pusieron entorno a 700 Euros.
4.- ¿Cómo se concreta que Ciudadanos tiene un comportamiento tan extraño, os lo dicen en la sede provincial?. Nos dicen que cualquier gasto que hagamos deberemos sufragarlo nosotros, pues el partido no tiene dinero para nada de esto. Claro que si queríamos hacernos visibles en la población necesitábamos flayers y algún documento para darnos a conocer. Todo lo que hicimos lo pagamos nosotros.
5.- ¿Es un caso peculiar o generalizado?. Yo puedo hablar por Alcobendas, y aquí lo que gastamos lo pagamos nosotros, no el partido. Pero sé que en otras localidades como Fuenlabrada, Mostoles, Alcorcon me dijeron que ahí lo hicieron de otra forma, y era: el primero ponía una cantidad, el segundo de la lista una un poco inferior al primero y así hasta el quinto o sexto.
En San Sebastián de los Reyes, el candidato pagó de su bolsillo toda la propaganda y eso lo admitió el propio Candidato.
6.- ¿Tienes noticias de que en otras ciudades se llegó a indicar lo que tenían que poner los primeros de la lista, los que se suponía Ciudadanos que podían salir?. Tal como como indico arriba en otras localidades me comentaron que lo hicieron de otro modo, y fue asignando a cada puesto un dinero, y decían que era para pagar la campaña de la localidad y creo que algo de dinero se lo quedaba el partido para hacer la campaña de la Comunidad. Todo esto era con el conocimiento y la supervisión de Zafra y Aguado, pues nadie mas había.
7.- En alguna ocasión, como en Fuenlabrada, se puso eso en la web del partido… Eso me dijeron y parece que hay documentación escrita, pero en ese momento yo no lo vi. Me la enseñaron en papeles pero yo en la web no la vi.
Queda demostrado que he dicho verdad cuando afirmaba que la campaña de las elecciones locales de 2015, Ciudadanos e Ignacio Aguado, pues sólo era él y Zafra, ambos de infausta memoria, obligaron a los candidatos a sufragarse los gastos electorales. Pues bien, el juez no hace mención a este testimonio concluyente, entre otros muchos, y decide que he injuriado a Ignacio Aguado, que ya es nada de nada en la vida pública, y no sólo eso, ni manda mi recurso de apelación a la fiscalía, como es preceptivo, que no abrirá diligencias de oficio contra Ciudadanos, seguro. Y encima es tan chapuzas que da traslado a la Audiencia Provincial al recurso de apelación sin el preceptivo informe de la Fiscalía. ¡Ábrase visto!
El juez de lo Contencioso Administrativo número 1, Augusto González Alonso, «prócedase», porque la asignatura de libertad de expresión ni se toca en el contencioso administrativo y además él no ha alcanzado la titularidad por oposición, lo cual es verdad y la verdad no puede delinquir.
Llegamos a la inefable María José Boix Fluxa, la que admitió a trámite mi denuncia contra el genocidio de la timo vacunación masiva, y luego con un canguelo mayúsculo, empezó una danza de la muerte como si le fuera a explotar en las manos y ha asumido una responsabilidad moral absoluta e histórica, que la siguiente denuncia, de Helena Bazán, la asistente particular de don Antonio García Trevijano, que convivió tres años en su mansión patricia de la urbanización de Somosaguas, y pretendió quedarse allí, sin poner en marcha un inventario ni la Fundación que llevaría el nombre del maestro.
Y la molesta que la denomine okupa porque ella con su despacho de abogados -don Antonio tenía muy mala opinión de sus habilidades profesionales, según Jesús Murciego, que fue del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional y es uno de los cofundadores de Demos- puede sufragarse los cuantiosos gastos de la mansión. Bueno, todo se terminará sabiendo. Pues María José Boix Fluxa, que algo sabe aunque sólo sea por eternizarse en Instrucción, sale por el registro del latiguillo de que «la libertad de expresión tiene límites», que no es de recibo, que está muy gastado y como se utiliza en Elche parece significar que la libertad de expresión tiene más límites que un corsé, que es un flatus vocis. O dile al señor periodista que le voy a dar una de la libertad de expresión tiene límites. ¡Eh! Oiga, que es un precepto constitucional y que, como dice Elon Musk, es fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia.