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Horacio Rico, exportavoz de Ciudadanos en Alcobendas: “Tanto Aguado como Zafra nos dijeron que los gastos teníamos que pagarlos nosotros”

Redacción




Josep Sansano.

“Ciudadanos no nos facilitó ningún dinero para la campaña, por lo que todos los gastos que incurrimos, folletos, salas que alquilamos para reuniones, carpa, etc., fueron pagados por nosotros. Lo pedimos en muchas ocasiones, pero tanto Aguado como Zafra nos dijeron que los gastos teníamos que pagarlos nosotros”. Este el contundente testimonio de Horacio Rico Rodríguez, ex portavoz de Ciudadanos entre los años de 2015 y 2019, aportado al Juzgado de lo Penal nº 1 de Elche, que no deja lugar a dudas sobre la generación de una trama de financiación ilegal en las elecciones municipales de 2015 y la implicación personal de Ignacio Aguado.

“Nos dicen –prosigue Horacio Rico- que hagamos debemos sufragarlo nosotros, pues el partido no tiene dinero para nada de esto, Claro que si queríamos hacernos visibles en la población necesitábamos flayers y algún documento para darnos a conocer. Todo lo que hicimos lo pagamos nosotros”. En otros lugares, como Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón se hacía de otra forma: “el primero ponía una cantidad, el segundo de la lista una un poco inferior al primero y así hasta el quinto o sexto”. En San Sebastián de los Reyes “el candidato pagó de su bolsillo toda la propaganda y eso lo admitió el propio candidato”, algo “de dinero se lo quedaba el partido para hacer la campaña en la Comunidad. Todo esto eran con el conocimiento y supervisión de Zafra y Aguado pues nadie más había”.

Palacio de Justicia de Elche. /Foto: funcionariosdejusticiavalencianos.com.

En el mismo sentido, se manifiesta Víctor Rufo, ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, quien afirma que se le dijo que “Ciudadanos no pagaba nada, que la campaña nos la costeáramos nosotros”. Juan José González, portavoz de Ciudadanos en Arroyomolinos, quien asegura que los candidatos tenían que pagar por ir en un puesto concreto. Las cantidades variaban en función de la posición y del censo de la población y costeaban directamente gastos electorales del partido en las elecciones locales del partido. Miguel Ángel Perdiguero, portavoz en San Sebastián de los Reyes, ha reconocido que pagó de su bolsillo gastos electorales, entre otros, concretamente la publicidad en los autobuses. Pedro Benayas, ganador de las primarias en Móstoles, dimitió cuando se le exigió que pusiera, para aspirar a la alcaldía, 3.500 euros, fórmula de cuya ilegalidad dudaba.

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Juzgado de lo Penal nº 1 de Elche

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Elche en el que Ignacio Aguado pide 2 años de cárcel y 50.000 euros al periodista Enrique de Diego, editor de Rambla Libre, por afirmar que Ciudadanos e Ignacio Aguado montaron “una trama de financiación irregular en las elecciones municipales de 2015”, cuestión, como hemos visto, avalada por numerosos cargos electos de Ciudadanos.

Aguado y Zafra lo controlaban todo, incluidas las finanzas

En su comparecencia como testigo Ignacio Aguado se escudó en el hecho de que estatutariamente no tiene responsabilidad en los asuntos económicos del partido. En realidad, Ignacio Aguado lo controlaba todo en el partido, con César Zafra de ayudante, y nadie más, como manifiesta Horacio Rico, y Ciudadanos funcionó como una franquicia: en base a expectativas, se exigía a los candidatos que financiaran la campaña, dado que luego iban a comprar un sueldo. Ciudadanos tenía una marca exitosa, hoy ya en proceso de desaparición.

Rafael Ramos Rodríguez, abogado defensor de Enrique de Diego, en una brillante intervención destacó que era una denuncia contra la libertad de expresión, que Ignacio Aguado ni tan siquiera ejercicio el derecho de rectificación, y que no sólo respondía al principio de veracidad, sino a la verdad estricta, calificando de temeraria la denuncia y pidiendo por ello la condena de Ignacio Aguado al pago de las costas. Además, la denuncia es una clara represalia por denunciar la corrupción, expresamente prohibida por las directivas europeas.

La vista oral se produce tras una muy deficiente y partidista instrucción de la juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Elche, Marta Alba Tenza, que no admitió los testigos propuestos por Enrique de Diego ni hizo ningún caso a los escritos, para beneficiar al entonces vicepresidente la Comunidad de Madrid y hoy desaparecido de la vida pública, Ignacio Aguado, sin ni tan siquiera haber sido presentado por su decaído partido a las elecciones, por entender que restaba.