Enrique de Diego.
Me encuentro, para mi asombro, metido en un embrollo corporativista de vanidades heridas. Resumo: se trata del juez de contencioso administrativo, Augusto González Alonso, quien emitió un auto sobre medidas cautelarísimas, que contenía tres líneas ajenas al derecho, en las que hacía juicios de valor. Incluso decía que el Ayuntamiento de Elche defendía el interés general. Le envíe la carta, por correo ordinario, que ya no utiliza nadie, porque es la forma más fácil de que la leyera, sorteando secretarias o funcionarias. Salió el sobre el día 23 de julio de 2020, llegando la carta al mismo con fecha 24 de julio de 2020. Dice la jueza de instrucción número 4 de Elche, que Augusto González Alonso, se vio «afectado gravemente en su dignidad personal y profesional por la publicidad». Bueno, la envíe para asegurarme de que la leyera, porque «publicidad» no iba a tener. ¿Quién iba a leer un artículo sobre un juez de Elche de lo contencioso-administrativo discutiendo una sentencia? Según Google Analytics, medidor oficial, 6 usuarios únicos.
Reproduzco el artículo de marras: «»Rambla Libre ha tenido acceso al auto del Juez Augosto González Alosno, titular de lo Contencioso Administrativo no1 de Elche, en el que solicitan medidas cautelares M. A., I. T. R. y A. T. R., por el que se reclaman los intereses del pago a los proveedores. El juez, que no tiene la plaza en propiedad sino por promoción, después de un rollo de
apariencia jurídica, entra en estrictos juicios de valor persona, cambiando el derecho por falsas cuestiones morales, de resentimiento social, sin tener en cuenta el valor en el mercado de la finca expropiada, ni las circunstancias de cada una de las
demandantes, ni ninguno de los principios exigibles en Derecho. Sólo considera que se ha cobrado mucho y, barriendo para la Administración, que son cuantiosos los intereses. Es una vergüenza que se dicten autos con tan poca fundamentación
jurídica y tanta parcialidad hacia la Administración por el artículo 33. Así no se imparte Justicia, sino tiranía arbitraria».
No hay nada injurioso ni calumnioso, ni de lejos, ni que se refiera al juez, sino a la sentencia. Sólo «que no tiene la plaza en propiedad sino por promoción», lo cual no representa injuria ni calumnia, por la sencilla razón de que es verdad. Pero la vanidad herid del señor juez pasa a reparto del Juez Decano el artículo que ha herido su vanidad y resulta que le cae a la susodicha jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche. Lo pasa al fiscal y el jefe la fiscalía J. F. Cortés trata de meter de rondón otros artículos que no vienen al caso sobre las carencias de independencia del Poder Judicial, que estamos cansados de leerlas con la renovación o no del Consejo General del Poder Judicial.
Va de suyo que no hay materia delictiva, ni de lejos, y que lo concurre, sin lugar a dudas, es el sobreseimiento. Pero entre bomberos no se pisan la manguera. Así que sin concretar qué expresión o expresiones considera Augusto González Alonso Alonso, J. F. Fortes e Irish Valero siguen para adelante, como los de Alicante. Por aquello de la vanidad herida, y en atención a que en la sentencia rectifica, se deja de comentarios de resentimiento y da la razón a las litigantes contra el Ayuntamiento de Elche, publico el siguiente artículo:
«Elogio del juez Augusto González Alonso, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche». «Nos gusta reconocer el mérito haya donde se encuentra y el juez de lo Contencioso Administrativo, Augusto González Alonso ha hecho justicia ponderada y razonada en el litigio de unos expropiados y el Ayuntamiento de Elche, dando la razón a los primeros y fallando contra el Ayuntamiento de Elche.
El juez conoce y maneja con pericia y perfecto conocimiento la directivas europeas. Entiende correctamente el juez Augusto González que la cesión de los intereses de mora por el famoso decreto a proveedores de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro no fue «libremente consentida ni consta de una manera clara» y que no puede aducirse prescripción. Todo ello bien justificado y razonado, dando prestigio a la Justicia española e ilicitana, en este caso, lo cual representa un desdoro a la forma de actuar del equipo de Gobierno de la ex alcaldesa, la pepera Mercedes Alonso, que perpetró una auténtica chapuza, que ahora el juez subsana con sentido de la Justicia y pericia en el Derecho».
Presto declaración, y la juez se emplea a fondo como si yo hubiera matado a Manolete, reitero que ejerzo la libertad de expresión, que la resoluciones judiciales no están exentas de la crítica, como dicta la jurisprudencia y el sentido común, y viendo la jueza Irish Valero que están metiendo la pata hasta el fondo, me pide que si tengo inconveniente en rectificar, le digo que ya lo he hecho, pues que lo ha hecho el juez, y respira viendo el cielo abierto y solicita que presente mi artículo, lo hago, y en vez de sobreseer de nuevo y archivar, se lo manda, supongo que como deferencia, a Augusto, a ver qué decide, lo cual no tiene ninguna lógica porque es cuestión personal y no está personado en la causa, solamente como perjudicado, no como personado, con letrado y procurador, y responde en calidad de magistrado que corresponde seguir con la causa, ¡cómo magistrado! Lo cual es clarísimamente un abuso de poder. Pasa el tema la fiscal Cortés y responde: «Que a la vista de lo actuado entendemos que se han practicado todas las diligencias de investigación necesarias, existen indicios claros de criminalidad y deberá seguir la causa como legalmente proceda». Desde luego, entre bomberos no se pisan la manguera y están dispuestos en comandita a hacer sangre en mis carnes trémulas y a pasarse por el forro de los cojones la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Constitución, y todos los principios constitucionales y del Derecho, y del sentido universal de lo que es justo, de la Oración fúnebre de Pericles, que cuenta Jenofonte; es decir, de todos los principios de la civilización con tal de hacer valer su fuero. Ahora la jueza ha pasado al fiscal para que escriba el escrito de acusación y la jueza hará lo que el fiscal diga.
Bueno, no me van a intimidad con esta pequeñez. Por de pronto, voy a presentar queja ya ante el Consejo General del Poder Judicial contra la jueza Irish Valero y el juez vengativo Augusto González Alonso por abuso de poder en conjura corporativista. Esto del Consejo General del Poder Judicial es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada, pero fastidia, porque les va sonar los oídos y quedan marcados con los de arriba. Y a seguir el procedimiento, hasta el Tribunal Supremo, hasta el Tribunal Constitucional y hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque está en juego la sacrosanta libertad de expresión y poder enjuiciar las resoluciones judiciales, que faltaría. Herir la vanidad de un juez susceptible no es delito. ¡Viva siempre la libertad de expresión!