Mike Sala.
CBS, uno de los canales de cobertura nacional de TV en Estados Unidos, emitió ayer, día 16 de diciembre, una información directa de John Ratcliffe, Director de Inteligencia Nacional. La agencia comunicó que no podrá cumplir con el plazo estipulado del 18 de diciembre para entregar un informe detallado sobre las injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre. La desmesurada cantidad de información recopilada requiere de un esfuerzo de coordinación sin precedentes entre las 17 agencias de inteligencia de los Estados Unidos. El director Ratcliffe aseguró que las interferencias de China, Rusia e Irán en las elecciones fueron reales y que el informe estará listo para ser presentado en enero de 2021. Entre tanto, el Teniente General Tom McInerney compartió en el podcast Two Mikes respecto a lo que debería hacer el Presidente Trump en estos momentos, visto que el fraude electoral masivo está suficientemente documentado. El Teniente General recordó que las evidencias y pruebas de la traición cometida por los demócratas y su entorno desde el 2015 justifican que el Presidente declare oficialmente el Estado de Insurrección que llevaría a la aplicación urgente de la Orden Ejecutiva de 2018. En realidad tal referencia a la Orden Ejecutiva se refiere a dos órdenes complementarias entre sí. La nº 13848, firmada el 12 del 9 de 2018 y publicada el posterior día 16, y la orden nº 13849 firmada el 20 del 9 de 2018 y publicada al siguiente día 21. Ambas órdenes ejecutivas se refieren a sanciones y medidas a tomar en caso de que se diera una situación como la que sucede ahora, dado que no solo se ha comprobado con seguridad que varias naciones han interferido en un proceso electoral norteamericano, sino que además han existido multitudinarios desórdenes públicos previos que no han surgido espontáneamente, sino que fueron alentados y organizados por movimientos perfectamente identificados, como es el caso de Black Lifes Matter.
El daño que ya ha provocado la demostrada y masiva manipulación de votos a favor del partido demócrata puede llegar incluso a superar los intereses de este partido, de sus líderes y de quienes han colaborado externamente para conseguir tomar la Casa Blanca prácticamente al asalto. En el Gran Estado de Texas se sigue planteando la secesión basándose en el principio del derecho a buscar la libertad cuando un pueblo está viviendo en la dictadura y la tiranía. Y no pocos políticos republicanos y ciudadanos de este estado advierten un horizonte muy próximo de dictadura o de tiranía si los planes del candidato demócrata, o más bien de quienes le dirigen, se materializan. Las referencias que la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y la propia Constitución de Texas hacen al derecho a la libertad se contraponen al riesgo cierto que están corriendo ahora mismo la libertad de gobierno, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y asociación, la libertad de mercado, y la supervivencia de la República. Un riesgo palpable, porque todas estas libertades y la propia integridad de la democracia han sido atacadas por potencias extranjeras y enemigos internos mediante la alteración de resultados electorales en las elecciones presidenciales. Y mientras algunos políticos del Estado de Texas ya piensan seriamente en una consulta popular vinculante para plantear a los Texanos la secesión, se multiplican las opiniones a favor porque, en palabras de un empleado municipal de Houston que habló conmigo hace tan solo unas horas, “para qué permanecer en una unión de estados donde la justicia es partidista, la corrupción en el poder está desbocada, las elecciones han sido interferidas, y ciertos intereses alientan el conflicto entre culturas que nos llevará seguramente a una guerra civil.”