Ignacio Fernández Candela.
El verdadero problema de padecer un gobierno oscurantista y sospechoso de múltiples criminalidades es que si no se frena la inercia de corrupción, terminan intoxicados todos los estamentos y desvirtuadas las responsabilidades profesionales como es el caso del Colegio de Abogados de Alicante que se ha plegado a las tiránicas exigencias de alarma sanitaria que ha surgido en la prisión de Fontcalent.
Nos hemos acostumbrado a la aberración permanente que conculca los derechos constitucionales bajo el pretexto de una pandemia, cuyas consecuencias han sido agravadas por el propósito criminal implícito de la politización del dolor. Protocolos genocidas encubiertos, totalitarismos sectarios que han mermado la capacidad de reacción social bajo la amenaza del miedo, la ocultación, la estafa estatal y el imperativo contra la legalidad convirtiendo un estado de alarma en uno de excepción. La negación de la información y la falta de control al descontrol gubernativo trae consigo que se traspasen las líneas rojas y se anulen los derechos con el beneplácito de aquellos que deberían velar por el cumplimiento estricto de la ley, no obstante deberían ser los garantes de que los presos de Foncalent sean asistidos al margen de disposiciones autoritarias que dejan en indefensión a aquellos que poseen el derecho de recibir asistencia legal.
No son pocas las voces de abogados discrepantes ante esa rendición del Colegio de Abogados de Alicante que recuerdan la función de los colegios como garantes de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. No se comprende desde la estricta profesionalidad cómo han claudicado ante una toma de decisión del director de la prisión de Fontcalent que constituye un escándalo mayúsculo para esta élite profesional.
Se aconseja frente a este atropello contra los deberes del abogado y los derechos de los reclusos que se cursen quejas en CGAE, Consejo General de la Abogacía Española, para que llamen la atención, o a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para elevar una queja cada uno en sus respectivas competencias.
Es de esperar que abogados alicantinos se quejen de esta arbitraria decisión del colegio toda vez está en juego la credibilidad profesional cuando podrían considerarse unos vendidos al autoritarismo originado desde la prisión de Fontcalent. Y así parece que la reacción se ha iniciado cuando Rambla Libre ha podido saber que la asociación ANVIPED está recabando información y va a denunciar los hechos ante las autoridades europeas.
Es repugnantemente paradójico el alarmismo de los protocolos autoritarios que ahora colean con amenazas de confinamiento, cuando a mi padre le condenaron a muerte el 29 de marzo, junto a gran parte de cincuenta mil inocentes, cuando al terminar la diálisis y en vez de mandarlo a casa desde el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, lo confinaron con infectados de COVID 19 y atiborraron de morfina para llevar a cabo el genocidio que la prostituida Fiscalía General del Estado pretende ahora dejar impune. Repugnante fondo criminal de cómo politizar el dolor sectariamente rompiendo todos los moldes legales y reventando el Estado de Derecho. Lo de Fontcalent y el “acojonado” Colegio de Abogados de Alicante no cuela; es más, apesta y si hubiese Justicia no quedaría impune este atropello contra los derechos elementales del ciudadano. El asqueado ciudadano víctima en todos los sectores profesionales y estamentales de este desgobierno sospechoso de múltiples delitos, principalmente de lesa humanidad. Suma y sigue.