Enrique de Diego.
Un nuevo escándalo sacude a los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Galapagar, que se han enterado por los medios de comunicación de que la Dirección General de la Guardia Civil había ordenado el cese de actividad del edificio principal de ese acuartelamiento tras un informe demoledor de diciembre, donde se alertaba del riesgo para la salud que conllevaba utilizarlo.
No sólo se ha ocultado a los agentes algo tan serio, sino que se les obligó a utilizarlo hasta mediados de febrero y, por si fuese poco, el oficial que ejercía entonces de Comandante de Puesto, teniente León Benítez, les siguió obligando a despachar con él en su oficina que se encontraba, en aquella época, dentro de ese edificio hasta que fue cerrado para su reforma en junio, con un desprecio hacia la salud de sus subordinados inaceptable y punible en los juzgados.
Como poco, y sin olvidar la posible prevaricación y responsabilidad disciplinaria, podría ser investigado por un presunto delito en concordancia con el artículo 316 del Código Penal:
«Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses»
La falta de respeto hacia la salud de las personas no solo afectó a estos agentes, sino a todos esos vecinos que acudieron a esas dependencias policiales para realizar alguna gestión en esos casi 2 meses abierto al público cuando debía estar cerrado y hasta a los detenidos.
Ahora se nos plantean varias dudas; si el coronel Pérez de los Cobos sabía esta situación irregular y peligrosa o el capitán jefe de la Compañía de la que depende Galapagar y si los ayuntamientos de Galapagar y Colmenarejo serán capaces de pedir explicaciones y, en caso de demostrarse lo que se sospecha, denunciarán ante los juzgados a quién o quiénes pusieron en riesgo la salud de sus vecinos.
Esperemos que la Benemérita esté a la altura de castigar con rigor lo ocurrido en caso de demostrarse su veracidad, aunque este digital ha podido comprobar la misma, ya que de los juzgados estamos seguros de que lo harán.