Mike Sala.
A los políticos solo les gustan los periodistas cuando éstos son afines, partidarios, maleables y de conciencia elástica. Si no, los toleran como mal menor. Y si los periodistas hacen demasiado ruido para el gusto de los políticos, siempre habrá un juez dispuesto a admitir alguna denuncia aunque ésta tenga todo el aspecto de ser un ejercicio de abuso y mala fe solamente destinado a dar un escarmiento o a sacarle el dinero al quien cuenta miserias que están mejor ignoradas y enterradas.
Corre por algunos medios digitales que Ignacio Aguado, fracasado político del fracasado partido Ciudadanos, ha denunciado a Enrique de Diego, periodista que dirige el diario digital Rambla Libre. El asunto es digno de ser noticia; por supuesto. Y como este tipo de casos en los que un político lleva a los tribunales a un periodista suelen ser la ocasión que otros aprovechan para hacer caja, o ganar visitas, o subir un poco de rating durante algunos minutos, en esta ocasión no ha faltado quien publique, añadiendo su particular y politizado punto de vista.
Sobre esta batalla entre Aguado, miembro destacado de Ciudadanos en Madrid, y de Diego, periodista, el diario digital El Plural (que hay que tener valor para llamar así al panfleto ultra izquierdista que dirige el inefable Ignacio Escolar) opina que la posible candidatura de Ignacio Aguado, una vez catapultado al abismo Albert Rivera, podría estar comprometida por las sospechas de corrupción que penden sobre el propio Aguado.
En el mismo artículo, el Plural recuerda que Rufo Benito, quien fuera portavoz de Ciudadanos en San Lorenzo del Escorial, también había acusado a Aguado de que en la campaña electoral de 2015, éste había ordenado desarrollar algún sistema ilegal de financiación para tal campaña. Y por si esto fuera poco, Juan Carlos Bermejo, rival de Aguado en las primarias del partido, había denunciado también un presunto pucherazo en el conteo de votos y la negación de la directiva del partido a facilitar la documentación necesaria para comprobar tales términos.
Con todo lo anterior, no deja de ser llamativo que Ignacio Aguado prefiera arremeter contra un periodista en lugar de poner en claro todos los rumores que ennegrecen la ya deteriorada imagen de Ciudadanos y de él mismo. Aunque, en este tipo de acciones, no pocas veces prima el interés económico por encima del esclarecimiento de la verdad. Y la posibilidad de conseguir una pingue indemnización no suele ser desdeñable para ciertas personas.
La denuncia interpuesta por injurias y calumnias en el juzgado nº 3 de Elche, cursada por Aguado contra de Diego, se basa en que, según el propio denunciante, el periodista le acusa, en artículos publicados en Rambla Libre en fechas anteriores, de financiación irregular durante la campaña de las elecciones municipales de 2015. En los citados artículos, además de otros detalles, se ponía en negro sobre blanco que en una reunión de Ciudadanos en Fuenlabrada se pidió a varias personas, supuestamente, que abonasen 11.000 € para financiar privadamente la campaña, evitando ingresos bancarios. El argumento principal de la denuncia es el consabido de comisión de injurias y calumnias con agravante de publicidad. Algo de lo que han sido acusados muchos de los escasos periodistas que, como de Diego, le echan agallas a su oficio en lugar de escribir al dictado de aprendices de dictadores y de diplomados en intrigas partidarias. Pero, ante tal argumentación, la defensa solicitó en su momento acogerse al principio de excepcio veritatis, según el cual, el acusado tiene la oportunidad de probar la verdad de los hechos relatados e invalidar de este modo las argucias de la acusación. Por propia experiencia sé que ante un juez con una conciencia normalmente constituida, una vez demostrado que el acusado ha informado sobre hechos reales y verídicos, la acusación tiene el caso perdido. Esto es lo que debería suceder con un juez imparcial y objetivo. ¿Será este el caso con la juez Marta Alba Tenza, del juzgado nº 3 de Elche?
Según la edición de Rambla Libre de ayer, 10 de diciembre, dicha juez ha puesto una fianza de 20.000 € a Enrique de Diego. Fianza que el periodista debería abonar en un periodo de tres días. Tal hecho ha sido calificado por el propio diario Rambla Libre de “escándalo judicial”, puesto que no parece haber importado mucho a la magistrada que la versión del periodista haya sido demostrada por numerosos ex candidatos de Ciudadanos, dado que ha decidido seguir adelante hasta la celebración de juicio oral sin el respaldo de la fiscalía.
Ante semejante medida, que si no constituye un flagrante abuso, desde luego lo parece, de Diego anunció sin acobardarse que presentará recurso para la nulidad de las actuaciones con la apreciación de que la juez puede estar incurriendo en presunta prevaricación, por lo que pedirá además indemnización por daños morales.
El resultado de este enfrentamiento de Enrique de Diego contra Ignacio Aguado y la juez Marta Alba Tenza está en el aire. Debería primar la razón y el buen juicio ante los hechos probados pero, en España, esto no es suficiente garantía en muchas ocasiones. En principio, habrá que esperar unos días para saber si la petición de nulidad de actuaciones por parte de Enrique de Diego es admitida. Mientras tanto, persiste sobre Ciudadanos e Ignacio Aguado la sombra de la duda. Lo publicado por de Diego constituye una serie de hechos muy graves, y ni el partido ni el político han hecho gran cosa por negar públicamente lo que el director de Rambla Libre ha expuesto. Que el lector obtenga sus propias conclusiones.