Hasta el martes 7 de mayo, Carlos Mattos podía andar libremente por el territorio colombiano, pero eso acaba de cambiar. En la tarde de este miércoles, un juez avaló la petición de la Fiscalía de detenerlo preventivamente, pues es investigado por supuestamente haber sobornado a un juez (Reinaldo Huertas). Según el ente investigativo, Mattos está en capacidad de entorpecer las pesquisas. Entre octubre del año pasado y el 31 de enero, esa misma orden estuvo vigente, pero fue anulada. De llegar al país, Mattos iría tras las rejas mientras empieza el juicio en su contra por cuatro delitos: cohecho por dar un ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático y daño informático.
Mattos tiene ciudadanía española, lo que le ha permitido permanecer en ese país mientras en Colombia es requerido por las autoridades. La Audiencia Nacional ibérica determinó que ni siquiera su nacionalidad española podía eximirlo de enfrentar a la justicia colombiana y aprobó la solicitud de su extradición. Mattos, sostiene la Fiscalía colombiana, habría sobornado a funcionarios judiciales para favorecerse con las demandas que presentó contra la empresa surcoreana Hyundai, de la que era el único representante. Ahora, la decisión definitiva de su traslado a Bogotá está ahora en manos del gobierno de España.
Los jueces europeos dieron luz verde a la entrega de Mattos a las autoridades colombianas el pasado martes 7 de mayo, luego de que entraran a estudiar la solicitud en febrero de este año. La última palabra la tiene el Consejo de Ministros de España.
La decisión de los jueces se tomó, por un lado, tras descartar una motivación política en la reclamación de Colombia, como había alegado el empresario; y, por otro, porque los jueces acudieron a un principio del derecho, según el cual los delitos deben ser juzgados bajo ley del lugar donde se habría cometido el perjuicio. Mattos quería ser juzgado en España, pero la nacionalidad española, añade el auto, solo le permitiría solicitar el cumplimiento en España de la pena que finalmente se le pudiera imponer.
En la resolución de la Audiencia, contra la cual Mattos todavía puede protestar, el tribunal descarta la hipótesis de una persecución política como alegó el empresario en la audiencia pública de extradición a la que fue citado a comienzos de este año. Según denunció en su momento, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, quien fue su abogado cuando estalló este caso, lo estaría persiguiendo «de una manera despiadada».
Para la Sala española «la sola relación» del reclamado con el fiscal Martínez (él fue su abogado cuando las reclamaciones de Mattos contra Hyundai comenzaron en 2016, antes de que Martínez llegara a la Fiscalía), no necesariamente significa que el proceso penal sea una persecución política. Agrega que esa cuestión deberá ser resuelta en Colombia, pero «no deben impedir el enjuiciamiento». Mattos también se había escudado en su ciudadanía española, que obtuvo en 1999, pero los jueces consideraron que esa condición no impide su entrega.
Sobre la posibilidad de que fuera juzgado en España, como pidió el empresario, los magistrados consideraron que en este caso «concurren varias circunstancias que aconsejan el enjuiciamiento de los hechos en el lugar en el que se produjeron los presuntos actos delictivos». Además, la Audiencia recordó que en Colombia ya han sido juzgados varios de los que intervinieron en los hechos y hay otros juicios pendientes, aparte del de Mattos, «lo que puede provocar riesgo de resoluciones contradictorias si se enjuician por separado».
Los hechos se remontan a 2015, cuando la compañía surcoreana Hyundai Motor decidió quitar a la empresa de Mattos, Hyundai Colombia, la representación de la marca en el país. Después de esa decisión el empresario demandó ante la justicia colombiana a la multinacional con el objeto de que se le compensara por los daños ocasionados por la pérdida de la representación.
Tan solo dos meses después de presentar la demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema colombiana, el juez Reinaldo Huertas falló en favor de Mattos, con lo cual se impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la de Mattos. Por este caso, un juez colombiano le imputó «delitos de cohecho por dar y ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático».
El otro proceso en su contra es el de la juez Ligia del Carmen Hernández. En este, la Fiscalía busca imputarle a Mattos el delito de cohecho, por entregarle supuestamente esa suma de dinero a la jueza Ligia del Carmen Hernández quien ya aceptó ante juzgado de Bogotá que sí recibió dinero por parte del empresario, luego de haber tomado una decisión que favoreció a su empresa. Cabe recordar que Mattos ya tiene otra investigación a cuestas por haber sobornado supuestamente a un juez y manipulado el sistema de repartos de procesos en los juzgados de Paloquemao.
El empresario, por su parte, ha dejado claro que no quiere volver al país mientras no sienta que tiene garantías para un proceso justo. “En Colombia no hay justicia”, le aseguró a los jueces españoles. En su contra declararán personas muy cercanas como Luis David Durán, un reputado abogado que admitió haber repartido dinero entre funcionarios judiciales para direccionar la demanda de Mattos y que cayera en manos de Reinaldo Huertas. Mattos, desde el comienzo, ha negado los sobornos.