Miguel Sempere.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska está manteniendo un silencio cómplice respecto al golpe fraudulento de la Unión Federal de Policía contra el Sindicato Independiente de la Policía Española; ataque a la libertad sindical que fue apoyado por la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz y José Ignacio Zoido. Esta cacicada monumental se hizo y se mantiene contra el claro dictamen adverso de la Abogacía del Estado.
Los hechos se remontan a 2015 cuando el secretario general de SIPEPOL, Alfredo Perdiguero Manjón solicita una excedencia voluntaria, situación que aprovecharon Gonzalo Chicharro Arderius y Francisco Ortega Sánchez, más otros dos cargos de SIPEPOL, entre ellos el encargado de las finanzas, para autodenominarse el primero secretario general, y sin congreso de por medio ni ningún tipo de consulta a los afiliados decidir, entre los cuatro, la disolución de SIPEPOL y su integración en la UFP, con la incautación de los fondos aportados por los militantes cifrados en 100.000 euros. Gonzalo Chicharro ha sido primado por el golpe de mano con una liberación por la Unión Federal de Policía.
Ante la situación creada, tiene lugar un Congreso extraordinario en junio de 2015, al que asisten compromisarios que representan al 85% de la afiliación, en el que resulta reelegido Alfredo Perdiguero Manjón. Sin embargo, en un auténtico despropósito, éste es denunciado por Gonzalo Chicharro por ir contra la libertad sindical y las estructuras policiales del Ministerio de Jorge Fernández Díaz deciden que Perdiguero ha usurpado durante 2017 el cargo, haciendo declaraciones públicas como secretario general y utilizando los logotipos del sindicato, por lo que se le impone suspensión de seis meses como falta grave.
Esta absurda decisión va directamente en contra del dictamen de la Abogacía del Estado, emitida con fecha 29 de febrero de 2016, en la que taxativamente se establece que “el secretario general continuará siendo don Alfredo Perdiguero Manjón hasta tanto se proceda a una nueva designación o renovación y se depositen los documentos de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto”. La Abogacía del Estado recuerda que “la Dirección General de la Policía no puede entrar a resolver los conflictos internos de un sindicato” y reitera que “la Dirección General de la Policía debe considerar representante legal de SIPEPOL a quien conste en el registro especial, por tanto de conformidad a lo ya expuesto, a don Alfredo Perdiguero Manjón”.
Fernando Grande-Marlaska que, sin duda es un prestigioso jurista, ha sido incapaz hasta el momento de resolver esta situación manifiestamente contra Derecho y, hasta el momento, ha dejado sin respuesta el requerimiento en ese sentido remitido el 16 de julio de 2018, y al que ha tenido acceso Rambla Libre.
Los mandos policiales que actuaron contra la legalidad y pudieron cometer un delito contra el ejercicio de la actividad y libertad sindical fueron:
- El Subdirector General de Recursos Humanos en la fecha que ocurrieron los hechos que ya no ocupa dicho cargo, Antonio Rodríguez.
- El Inspector Jefe, jefe del Área de Retribuciones, Gonzalo de Villa Parro, quien deniega la afiliación de Alfredo Perdiguero a su propio sindicato y cuando consigue que sea aceptado, devuelve las cuotas abonadas, sin duda para coadyuvar en el argumento de quienes han usurpado ilegalmente las siglas que legalmente representa.
- El Comisario, Secretario General de la División de Personal saliente Jacobo Orellana, quien suscribe un certificado en falsedad en el que nombra secretario general de SIPEpol a una persona que nunca ha sido elegido en dicho cargo ni puede haber por tanto Acta alguna que así lo acredite, y de haberla es falsa, desoyendo el informe de los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado.
- El Comisario Principal, Secretario General de la División de Personal actual, Luis G. Carrión Guillén, sustituto del anterior, jubilado, sigue en la misma línea que el anterior ignorando las pruebas aportadas y lo dispuesto por el Abogado del Estado. Ello ha coadyuvado a que haya sido sancionado Perdiguero por una falta muy grave con seis meses de suspensión de empleo y sueldo, ante lo que se presentarán las actuaciones jurídicas en la vía procedente, reclamando el derecho que le asiste y la improcedencia de dicha sanción.
- El Inspector, Instructor de Régimen Disciplinario del expediente referido, Rafael Cañada de Fez, que desestima la petición de pruebas por impertinentes, negándose a citar a los responsables territoriales de distinto ámbito de esta Organización. Existe en la División de Personal listado de responsables locales y provinciales de SIPEpol, con lo cual en atención a proteger el ejercicio a la actividad sindical, bastaría con haberle preguntado a alguno o a todos. Nadie lo ha hecho y el instructor del expediente disciplinario (abierto por seguir hablando Perdiguero en medios de comunicación como legítimo representante de SIPEpol), denegó dicha prueba.
- El Inspector Jefe, Jefe del Servicio de gestión de expedientes, César Ramos Argote, firma un informe falseando la realidad de los hechos.