Javier García Isac. Director de Radio Ya.
No es casualidad que de forma simultánea se pretenda la modificación del código penal con el propósito de eliminar, revisar o derogar las injurias a la corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo a la vez que se nos anuncia que la apología del “franquismo” será delito. Claro está que cuando nos hablan de ofensas a los sentimientos religiosos, se refieren, única y exclusivamente, a las ofensas contra los católicos. Si la ofensa es contra el islam, seremos acusados de islamófobos. Y todo ello bajo el paraguas de la libertad de expresión. Cada vez es más evidente, que nada de esto tiene que ver con la libertad de expresión. Se da rienda suelta a los insultos a España, sus símbolos, sus mártires y su sentimiento religioso mayoritario, a la vez que se prohíbe debatir o cuestionar la post verdad impuesta por decreto.
El código penal contiene hasta penas de cuatro años de prisión para quienes inciten al odio o la violencia sobre determinados grupos. El partido socialista habla de penas también de cuatro años y 15 sin empleo a quien dude de “su memoria histórica”. Ok Diario, en información publicada el pasado 23 de octubre confirmaba que el gobierno de Pedro Sánchez “ya trabajaba en la reforma del código penal para tipificar como delito la apología de franquismo”.
Era el senador de la organización independentista Compromis, Carlos Mulet, el que se interesaba por las medidas para ilegalizar la apología del franquismo, y era el gobierno quien le contestaba en carta fechada el 15 de octubre, donde se le indicaba que “el propósito del ejecutivo es una reforma integral de la ley de memoria histórica en la que se incluirían las modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales las asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo”, añadiendo que “igualmente se está estudiando la modificación del artículo 510 del código penal para incluir dicha apología como delito”.
Se pretenden encarcelar y amordazar a quien discrepe de su verdad histórica, a la vez que se despenaliza el enaltecimiento del terrorismo y los insultos a España. Todo en la misma línea. No existe cosa peor que totalitarios hablando de libertad. La credibilidad de la izquierda en general, y muy particularmente del socialismo español, está en entredicho.
Su nueva ley de memoria histórica, es la auténtica ley mordaza que estaban esperando, que anhelaban desde hacía décadas. Derecho de insulto para ellos y cárcel para el que disienta. Todo muy democrático y en nombre de una libertad en la que nunca han creído más que para ellos mismos.
La propuesta de memoria histórica ya contemplaba estas penas de cárcel para quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la guerra civil española y del franquismo por su condición como tales o elaboren escritos o cualquier otra clase de material o soporte que sean idóneos para fomentar esas conductas”. Por supuesto, esto también incluye, según la propuesta socialista, “a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo por su condición como tales, o quienes hayan participado en su ejecución”. Para este último supuesto, la pena seria de dos años de prisión.
Esta nueva ley mordaza, prevé la pena máxima de cuatro años, sobre todo “cuando los hechos se lleven a cabo a través de medios de comunicación, internet o cualquier otra plataforma que lo haga accesible a un elevado número de personas”, contemplando la inhabilitación de “hasta catorce años, para profesiones educativas, deportivas o de tiempo libre y se obligara a la destrucción de libros, documentos o artículos a través de los cuales se hayan difundido los contenidos delictivos”, y para el caso de medios digitales “se ordenara el bloqueo del acceso a los mismos”.
Si uno lee con detenimiento la pretensión socialista, no podrá ver en esta proposición de reforma de la ley actual, un atisbo de libertad, o resquicio para disentir. A la futura ley no se le escapa nada. Todo está atado y bien atado para dar credibilidad a “su verdad” y ocultar la historia tal y como sucedió. Y en esto debemos entenderles. El pasado del Partido Socialista necesita ser “blanqueado” y que mejor que hacerlo reescribiendo la historia y amordazando y destruyendo todo libro o soporte que discrepe de su visión de la historia. Esta nueva ley que pretenden llevar a cabo, pone de manifiesto la verdadera imagen, la verdadera cara de la izquierda, su rostro más cruel y tiránico. Prohibido disentir, prohibido investigar y prohibido hablar de los miles de crímenes socialistas. Hoy es Franco, mañana cualquier otra cuestión que deseen imponernos. Por esto, la batalla que por “Franco” debemos dar, es la mayor garantía de nuestra libertad futura.