Enrique de Diego.
El estado de la Justicia en España es lamentable y no ha hecho otra cosa que empeorar con el tiempo. La politización judicial, unido al sistema funcionarial de oposiciones, ha venido haciendo que los Juzgados sean, con frecuencia, ámbitos discrecionales y tiránicos, en los que quien administra justicia se dedica básicamente a administrar injusticia, a no tener en cuenta ni las leyes ni los hechos y actuar de manera arbitraria que roza cuando no entra de lleno en la prevaricación sistemática.
Paradigma de ello es la jueza del Juzgado de lo Penal número 24 de Madrid, María Josefa Santamaría Santigosa, quien a tener de sentencias de las que nos informan nuestros lectores y nos facilitan prestigiosos abogados, que no dan crédito, dicta unas lamentables sentencias, sin fundamento, que parecen estar escritas y prejuzgadas antes del juicio oral y sin haberse leído la documentación aportada. Buena muestra de ello es la sentencia 171/2018 de 18 de mayo de 2.018, en la que María Josefa Santamaría no se ha leído ni uno solo de los documentos aportados por prestigiosos profesionales, y tampoco el mismo informe del médico forense, solicitado por ella, hay que suponer que de manera retórica y sin otra finalidad similar a la del papel higiénico.
Con una ignorancia supina, establece que quien tiene diagnosticado un trastorno límite de personalidad «conservando plenamente sus facultades intelectivas y volitivas«. Desconoce por completo lo que es un TLP pero a ella le da lo mismo porque en su Juzgado hace lo que le da la gana y a pesar de su total incompetencia va a seguir cobrando a fin de mes. Se refiere a una persona en una grave situación de marginalidad, cuando los informes psiquiátricos establecen años después, tras tratamientos y normalización en la vida familiar, todavía consideran que no están en completo uso ni de sus facultades volitivas ni intelectivas, pero esta presunta prevaricadora compulsiva se salta todos los informes y toda la doctrina cientìfica sobre la materia, para en un desfonde moral criminalizar la enfermedad mental y tratar de destruir a una persona, a la que, con superlativa hipocresía, se mostró hasta simpática en el juicio. Una jueza que, a tenor de numerosas fuentes, no tiene vergüenza, y a la que los propios funcionarios sitùan como una autoritaria que hace de su capa un sayo y que se mueve por prejuicios clasistas y sociales.
María Josefa Santamaría Santigosa hace cosas tan delirantes como condenar por robo a quienes no han robado nada, como confirmó en juicio la propietaria de una vivienda abandonada durante años, en tal grado de deterioro que tres sin techo salieron inmediatamente, pero con total desprecio a los derechos humanos y a la presunción de inocencia considera, porque le da la gana, porque ella lo vale, que el hecho de que uno estuviera en posesión de una vieja cámara fotográfica y otro de una vieja radio demuestra lo que a ella le da la gana, como un sin techo no pudiera tener una radio -casi todos la tienen para combatir la soledad- o una cámara prácticamente inservible.
Con personajes tan delirantes y alucinados como María Josefa Santamaría Santigosa no es extraño que la Justicia en España sea la institución peor valorada. Se necesita una reforma judicial para que tales como la citada puedan ser expulsados de la carrera judicial. Ella, la primera. Continuará.