Josep Sansano.
Quien mandaba en Alicante era el capo Enrique Ortiz, financiador del Partido Popular en su caja B, como ha quedado demostrado en el juicio que se sigue sobre la trama valenciana de Gürtel, a su servicio estaban Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, exalcaldes de Alicante. La situación fue clamorosa y vergonzosa. Enrique Ortiz era el que cortaba y definía el Plan General de Ordenación Urbana con respecto a sus intereses. Nunca Alicante cayó tan bajo. Quien puso a Alperi en la alcaldía, a pesar de su delicada situación financiera, que lo convertía en un hombre comprable, fue el gran corruptor de la Comunidad Valenciana que no es otro que Eduardo Zaplana.
La acusación popular, ejercida por Esquerra Unida, cuyo abogado es José Luis Romero, solicita diez años de prisión para los dos políticos y 16 de inhabilitación, por un delito continuado de revelación de información privilegiada, otro de cohecho y también de tráfico de influencias. Para Enrique Ortiz, un personaje ciertamente deleznable, solicita 13 años de cárcel por aprovecharse de información privilegiada y delito continuado de cohecho.
Según informa El Mundo, que ha tenido acceso al escrito de acusación, se aproxima el juicio que los acusados han ido retrasando con tácticas dilatorias. El escrito reseña lo obvio: que Enrique Ortiz estuvo al tanto en todo momento de la redacción del PGOU y nada se hacía sin su consentimiento. Alperi cobraba de manera constante sobres con dinero en metálico, lo que le permitió incrementar sustancialmente su nivel de vida.
«El modus operandi de dicho acusado, similar al de todas las tramas de corrupción destapadas en España en los últimos años, pero en el presente caso con una eficacia que roza el virtuosismo, consistía en acercarse a los centros de poder del Partido Popular y, a cambio de propiciar a cada uno de los actores políticos favores personales, o a la organización política a la que pertenecían, obtenía toda suerte de decisiones favorables a sus intereses económicos, siempre relacionadas con el ámbito competencial de las autoridades y servidores públicos de las Administraciones Públicas». Se da la circunstancia de que «cuando financiaba al PP autonómico, se redactaba la revisión del PGOU alicantino«.
EU recoge una conversación telefónica intervenida por la Policía donde se produce una citación para cenar en Andorra, Ortiz, Castedo y el exsecretario del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa (quién acaba de confesar que el PP de Camps se financiaba ilegalmente en el juicio de Gürtel celebrado en Madrid).
Ese encuentro, indica, se produjo en la Navidad de 2008, en pleno periodo de alegaciones del PGOU de Alicante expuesto al público. Ortiz, prosigue el letrado José Luis Romero, no dudó en agasajar a Alperi y éste se dejó. «Lo hacía constantemente con toda suerte de atenciones, pero sobre todo con aportaciones económicas».
Así, según EU y constante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, Ortiz contrató a personas a solicitud Díaz Alperi y Sonia Castedo; pagó el avión privado utilizado para un viaje a Creta del exalcalde de Alicante y su acompañante, la exedil Sonia Alegría; le entregó dinero metálico para el pago de las viviendas de sus hijas y le dio dinero a su hijo para constituir una empresa.
Entre las contraprestaciones que realizó el empresario a Castedo destaca una cazadora de la marca Carolina Herrera en la Navidad de 2008, viajes pagados a toda la familia en el invierno de 2008 y 2009 a Andorra, viajes a Ibiza en verano en el yate Elena (propiedad de Ortiz), la contratación del despacho de abogados de su hermano José Luis Castedo y el regalo de un coche de la marca Mini a la niñera de la niña. «Consta que los acusados Díaz Alperi y Sonia Castedo entregaron planos de la revisión del PGOU a Ortiz, anteriormente a la exposición pública, y las dos aprobaciones provisionales, del PGOU».
«Previamente a la exposición pública, incluso antes de la presentación del primer documento del PGOU en revisión en el Ayuntamiento, se produjo la citada reunión en la Gerencia de Urbanismo de Alicante, documentada en autos, entre los acusados Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada, redactor del PGOU, en fecha 15 de mayo de 2008.
A dicha reunión le sigue una conversación telefónica, obrante en autos, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz en la que la primera le dice al empresario «te hemos apañado lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet«, aludiendo al sector «Las Lomas».
En dicho sector ostenta intereses el acusado Enrique Ortiz, a través de la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS SL, después integrada en «DEPRONIMED SL», de manera que dicha clasificación de suelo se determina para servir a los intereses de dicho acusado. Además, el constructor tenía intereses en algunos sectores afectados».
El escrito de acusación de EU también se detiene en la fallida llegada de Ikea a Alicante que tanto beneficios económicos iba a reportar al empresario si se hubiera consolidado. Lo acordado, por mor de la influencia ejercida por el señor Ortiz Selfa, fue que el Plan General en revisión recogería lo relativo a la ubicación Centro Cívico en el sector a la medida de lo pactado entre Ortiz e IKEA».