Miguel Sempere.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tomado el mando de la situación, apartando a la Fiscalía, y ha puesto firmes a los mossos, que habían planteado que la Fiscalía se estaba excediendo en sus funciones y que las medidas representaban un incremento de la tensión.
Ya no hay excusas. La magistrada del TSJC, Mercedes Armas ha ordenado que el día 1 de octubre, en relación con los supuestos colegios electorales, «se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubiera llegado a aperturarse».
Como los golpistas han previsto centros de salud y los mossos también habían planteado interrogantes sobre qué hacer, la orden de la Magistratura establece que «se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación del día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que deban seguir prestando los servicios que les sean propios».
Las Fuerzas de Seguridad tendrán que incautarse de todo el material electoral, incluidos ordenadores. Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra actuarán «conjuntamente para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario».
¿Acatarán los mossos estas órdenes judiciales? Por de pronto, hay denuncias desde dentro del Cuerpo de que quienes no se posicionan claramente a favor del referéndum son señalados por los compañeros y que en las Comisarías se distribuye propaganda a favor de la consulta sediciosa.
Por otra parte, la Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado a los policías locales que adopten las medidas oportunas para que las urnas y el resto de material electoral que guardan los ayuntamientos no salgan de los consistorios para organizar el referéndum del 1 de octubre. El ministerio público subraya que ese material es propiedad del Estado.
Al tiempo, siguen los mensajes y posicionamientos a favor de la insumisión y la desobediencia. La plataforma Som Escola, que agrupa a 43 entidades educativas y sociales catalanistas (desde la Associació de Mestres Rosa Sensat y el Consell de la Joventut de Catalunya a los Minyons Escolta, los sindicatos docentes u Òmnium Cultural), ha hecho un llamamiento a defender de la amenaza de precinto judicial los centros educativos designados como colegios electorales el próximo domingo cercándolos con miles de personas.