Enrique de Diego.
La situación se mueve en parámetros cada vez más absurdos, en un auténtico esperpento nacional, al que el Gobierno se presta como si estuviera atenazado por tremendos complejos. Celebrar una Junta de Seguridad para impedir el referéndum del 1-O con Carles Puigdemont al frente de la Generalitat y con asistencia de Joaquim Forn, conseller de Interior, que son los dirigentes de la conjura golpista, los delincuentes sediciosos y quienes convocan el referéndum, contradice el más mínimo criterio lógico, de sensatez, proporcionalidad y sentido común.
Lo lógico sería proceder a la detención de los líderes golpistas. Como la lógica ha desaparecido de España, después de cuarenta años de corrupción moral, que ha debilitado legitimidades y mentalidades, lo que se pretende es que no voten personas de a pie que han sido convocados por quienes se han reunido en la Junta de Seguridad.
Dentro de este clima de estupidez irrestricta, los golpistas han engañado al Gobierno, atrapado en esa consideración de partida de que los mossos van a impedir el referéndum en su condición de Policía Judicial. Bajo el mandato de la magistrada Mercedes Armas se ha solventado el escollo de la resistencia a la Fiscalía pero, a tenor de las declaraciones de Joaquim Forn, se ha abonado el terreno para la inoperancia.
Según Forn, ha quedado claro que la seguridad ciudadana depende de los mossos, por aquello de las competencias, gloriosa estupidez, cuando el Parlament ha dado un golpe de Estado, ha declarado la independencia en la Ley de Transitoriedad (la soberanía reside en el «pueblo catalán») y cuando los mossos han dejado hacer a las algaradas tumultarias, coactivas como las celebradas ante el Tribunal Superior de Justicia.
La actuación de los mossos se basará en los principios de «oportunidad y congruencia«, lo cual deja un amplio campo a la interpretación. No hay ningún mensaje de firmeza. Pero ese personaje que diferencia entre muertos españoles y catalanes, establece un criterio propio de un totalitario o de un compulsivo delincuente: «Hay un bien superior a cumplir la Ley, que es la seguridad ciudadana«. Es decir, que los mossos deben incumplir la Ley, porque para que haya seguridad ciudadana es precisamente para lo que hay que cumplir la Ley. Lo que está dando Forn es vía libre a que los mossos dejen hacer. Mal pintan las cosas, con este Gobierno que navega por el absurdo, que no ha hecho nada, pues todo lo que ha hecho lo ha hecho un juez de instrucción con más redaños y sentido que Mariano Rajoy.
Hay, eso sí, 10.000 miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, que han sido acarreados y amontonados, cuando deberían estar desplegados.
Los mossos no van a impedir el 1-O. Eso es una ensoñación y una mentira, que se puede pagar cara. Forn miente y engaña y el Gobierno se deja. Un desgobierno.