Enrique de Diego.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha actuado y actúa con demasiada improvisación, rozando la negligencia. La operación contra la logística administrativa del referéndum ilegal no es consecuencia de ninguna investigación, ni de la actuación de la Fiscalía, sino de la decisión del juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Dieciocho guardias civiles quedaron atrapados en la Conselleria de Economía, sin que los mossos actuaran hasta que el juez conminó a Josep Lluis Trapero a que se despejara la salida. Sólo el temple y la profesionalidad de los guardias civiles evitó una situación aún más complicada, ante la completa incompetencia del Gobierno que decidió confiar en los mossos. Durante veinte horas, los guardias civiles estuvieron, sin comida ni bebida, acorralados por los sediciosos. Una muestra palpable de la extrema incompetencia y negligencia con la que está funcionando el Gobierno.
La consecuencia es que el ejecutivo ha tenido que literalmente acarrear efectivos, de manera improvisada. Quinientos de ellos han sido alojados en hoteles y pisos. Está prevista la llegada escalonada de 1.200 efectivos de la Policía Nacional y un número equivalente de miembros de la Guardia Civil, que van a ser alojados en tres ferrys, de condiciones deplorables, indignas.
Los camarotes son de 5 metros, están equipados con cuatro camas dispuestas en forma de literas -las superiores son abatibles, apenas una pequeña mesita y un estrecho armario. La falta de espacio se hace aún más patente cuando se accede al baño, dotado con un váter, un ínfimo lavabo y una ducha en la que prácticamente no hay espacio para moverse.
No sólo es la incomodidad, para quienes han de pasar por situaciones de tensión, es la abrumadora improvisación con la que está actuando un Gobierno perfectamente avisado de lo que se le venía encima.
