Enrique de Diego.
Cuarenta años de farsas y mentiras se están viniendo abajo con estrépito cotidiano. Esa Constitución llamada con arrobado engolamiento del «consenso», y que puso en marcha las fuerzas destructivas de la unidad de España, se tambalea, decretada su abolición por la insurrecta Generalitat catalana, a la que durante esos cuarenta años se la ha alimentado hasta degenerar en un monstruo levantisco y violento.
La transición, tan elogiada por multitud de hagiógrafos, fue un desastre nacional. No fue ni tan siquiera pacífica, como se ha repetido hasta la náusea, pues costó casi mil muertes de los mejores patriotas a manos del terrorismo nacionalista, que hoy es recibido en Cataluña con honores de prime time en la persona de Arnaldo Otegi. Fue la plasmación de un par de aventureros –Juan Carlos de Borbón y Adolfo Suárez– de su búsqueda de legitimidad a cambio de una piñata ilimitada de compra de voluntades generando la clase política más extensa y voraz del mundo; haciendo competir en el expolio a cuatro administraciones -local, provincial, autonómica y nacional- a la que luego se sumó la europea, también lesiva.
En un territorio algo menor a Texas -cuyo Parlamento sólo se reúne dos meses al año y sus congresistas únicamente cobran dietas- instalaron la friolera de diecisiete miniestados con todo el aparataje administrativo, con los subsiguientes parlamentos, consejos, organismos autónomos, embajadas. Se dejó abierta la puerta al desmantelamiento del Estado con un artículo 150.2 que es una contraConstitución en sí, por el que todo puede ser negociado y transferido. La convivencia nacional dejó de tener lazos y objetivos comunes para tirar cada uno por su lado, intentando siempre incrementar sus competencias, su trozo de tarta presupuestaria y su botín burocrático.
La transición alumbró con el régimen del 78 una casta privilegiada, que pesa como un lastre inmenso, y que ha tendido a hacerse vitalicia pasando los puestos de padres a hijos y de abuelos a nietos. Enfermar fuera de la propia autonomía ha devenido un calvario. Han vuelto las fronteras interiores. Se habla mucho de solidaridad pero lo que se practica es la compraventa de voluntades, con dinero público.
Hay libertad siempre y cuando no pongas en duda y en riesgo las bases del sistema depredador. Todos roban a España, esa es la verdad. Porque la corrupción se ha extendido como la base del sistema. Roban todos los partidos, financiados de comisiones y coimas, y sufragándose al tiempo del erario público. Los medios de comunicación han pasado a ser voceros de su amo, aparataje del sistema, del que viven, abandonado cualquier principio de contrapoder. Sólo se denuncia a los políticos caídos, a los que la casta ha decidido deglutir.
No hay la más mínima división de poderes, con el legislativo sometido al ejecutivo y sin ninguna capacidad de control y con el judicial pastoreado por un Consejo General del Poder Judicial politizado. Hay una Justicia para los tiburones y privilegiados y otra para las sardinas, los ciudadanos desprotegidos.
La presión fiscal no ha hecho otra cosa que subir en un expolio sin límites, que está hundiendo a las clases medias. Se han inventado multitud de nuevos impuestos y por todo hay que pagar como un derecho de pernada de la casta. Recibir una herencia se ha convertido en un problema gravoso.
El sistema corrupto habla ahora de reformar la Constitución, de modernizar el Estado autonómico en un guiño imposible para ofrecer mayores dosis de corrupción, que restablezca el pacto constitucional oscuro y lesivo. Las autonomías deben ser erradicadas, no podemos permitírnoslas. Cada año, las autonomías representan un despilfarro del 10%. Sin ellas no habría problemas para las pensiones. Pero la casta va a tratar de incrementarlas.
La insurrección catalana es el fin del régimen del 78. Ya nada será igual, suceda lo que suceda. La rebelión es un problema y una oportunidad, pero la sociedad civil no es que esté abúlica, como se dice, sino que ha sido desarmada, intervenida y oprimida, hasta hacerla prácticamente desaparecer, en la tela de araña de las subvenciones que en Cataluña son omnipresentes y totalitarias.
El régimen del 78 está muerto, pero pretende reproducirse en sus últimos espasmos.