Virginia Montes.
S es el grado máximo de fanatismo islámico, aquellos que representan un peligro grave para la seguridad del Estado, los que pueden atentar y organizar una masacre en cualquier momento. Pues Francia tiene en esa categoría extrema ¡15.000!
Cuando el ministro del Interior, Gérard Colomb ha presentado la nueva ley contra el terrorismo tiene razones poderosas: el extremismo islámico forma parte ya del paisaje de Francia. El mapa de los S «radicalizados» se extiende por toda Francia. El peligro acecha.
En cada intento de atentado, se repite la acusación contra los servicios de inteligencia: «¡el terrorista era fichado S!» Los medios de comunicación constantan: «el terrorista era conocido de los servicios de información». Y llueven las críticas. Porque, efectivamente, no es aceptable a los ojos de los franceses que casi todos los terroristas que están poniendo en peligro el modelo de sociedad estén fichados como S y no hayan sido detenidos previamente. Mohammed Merah, Sid Ahmed Ghlam, Omar Ismaïl Mostefaï, Chérif et Saïd Kouachi, Amedy Coulibaly son otros tantos terroristas islamistas que eran investigados por los servicios de inteligencia debido a su radicalización, el problema es que el paso al terrorismo fue indetectable.
De ahí la propuesta de Nicolás Sarkozy, respaldada por Georges Fenech, presidente de la comisión parlamentaria sobre los atentados de París, de crear un «Guantánamo francés»; es decir, un campo de internamiento para los fichados S. Emmanuel Macron siempre ha descartado la idea: «no al internamiento extrajudicial de los fichados S, un contrasentido en materia de investigación y una medida contraria al Estado de derecho». ¿Un contrasentido en materia de investigación? La explicación de Macron es que entonces sabrían que están fichados y no se les podría investigar con discreción.
Problema: los 4300 policías de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), más los 2500 funcionarios del Servicio central de investigación territorial (SCRT) ayudados por los gendarmes no pueden hacer seguimiento del conjunto de los fichados S que son más numerosos que ellos. Los sindicatos policiales dicen que «los instrumentos administrativos y penales existen, pero no hay voluntad política de utilizarlos». También hay fallos. Después del atentado de Saint-Quentin-Fallavier, el 26 de junio de 2015, en el que Hervé Cornara fue decapitado por uno de sus trabajadores, Yassin Salhi, se supo que había estado fichado S entre 2006 y 2008, pero que se había levantado esa consideración. Un criterio de calificación de la radicalización es la de quienes, por ejemplo, aprueban un atentado suicida, y ese número no hace otra cosa que crecer. Cuatro mil de entre ellos se considera que pueden atentar en cualquier momento.