Editorial.
La preferencia nacional -los españoles, primero- ha dejado de ser una opción para ser cuestión urgente de supervivencia. El Estado español no puede resolver los problemas del mundo, porque no es su función y porque no puede resolver ni tan siquiera los problemas de España. Por lo que la preferencia nacional es el mínimo de sentido común.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la hucha de las pensiones- tiene ahora 15.020 millones de euros, lo que ya es insuficiente para pagar la nómina y la extra de los jubilados de julio, que representan 17.500 millones de euros, más 1.000 millones de euros del IRPF. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan un préstamo a la Seguridad Social de 10.129 millones de euros, del que tendrá que echar mano en julio. Y no se sabe cómo se financiará la nómina y la extraordinaria de diciembre, para las que también será insuficiente el remanente que quede del préstamo.
España no puede estar pagando pensiones no contributivas a cien mil inmigrantes extranjeros, que nunca han cotizado, lo que representa mil millones anuales. No puede estar dando pagas a inmigrantes ilegales, como se hace en autonomías como la Comunidad Valenciana o en el País Vasco. No puede dar ni un solo euro para el alquiler a extranjeros. No puede dar sanidad gratuita a inmigrantes ilegales.
Todo esto no ha debido hacerlo nunca, no es su función. Todo esto está destruyendo el Estado de bienestar construido con tanto esfuerzo de generaciones. Pero ahora ya es que no puede. El principio de la preferencia nacional es el único que puede salvarnos económicamente.