Enrique de Diego
La jueza Gemma Somavilla Gurtubay, del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche, no quiere investigar la financiación irregular del PP, a pesar de las declaraciones demostrativas que, no dejan lugar a dudas de Diego Agulló Castelló, tesorero de la Asociación Popular de Elche, y de Justino Delgado Ayuso Morales, tesorero del PP de Elche. Ambos confirman que el PP utilizó una asociación tapadera para financiarse de manera ilegal e irregular.
Diego Agulló afirma en declaración ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía que la Asociación Popular de Elche “se dedicaba a hacer frente a los gastos del día a día del Partido Popular de Elche” y reseña que esos gastos son “alquiler, luz, agua, teléfonos, limpieza, etc.”
Por su parte, Justino Delgado responde que “la Asociación Popular de Elche se creó con la finalidad de gestionar los ingresos y gastos diarios del Partido Popular de Elche, siguiendo indicaciones del Partido a nivel provincial, así como diversas agrupaciones locales que se gestionaban de la misma forma”. Es decir, que se trata de una trama de asociaciones tapadera montada jerárquicamente.
Indica también que los gastos a los que hace frente la Asociación Popular de Elche son “alquiler de la sede, limpieza, telefonía, organización de alquileres para conferencias, actos, etcétera”. Y que a través de esta Asociación se cobraban las cuotas, si bien en el año 2013 sólo se registró el abono de 15 afiliados (el PP de Elche afirma tener 9.000).
Ante la gravedad de esta situación –el informe de la UDEF remitido al Juzgado explicita que “el Partido Popular de Elche no existe como entidad jurídica propia”-, la jueza Gemma Somavilla se pierde prolijamente en el análisis de las elecciones a la presidencia del PP, en las que se exigió estar al corriente de pago de los tres años anteriores, 120 euros, y en las que votaron 694 afiliados, según consta en las actas de ese día, 10 de diciembre de 2012, de los que se ingresaron –y en la Asociación Popular de Elche- los pagos correspondientes a 191. La jueza concluye que no puede determinar si hubo apropiación indebida y tampoco si Mercedes Alonso García fue la responsable. Así funciona la Justicia en España.
Si el Partido Popular no cobra cuotas ni existe jurídicamente, si la Asociación Popular de Elche en los años 2012 y 2013 ingresó por cuotas 9.570 euros, más aportaciones de 40 euros mensuales de los concejales, ¿cómo financia las campañas electorales y por qué se le permite actuar de manera ilegal con una asociación tapadera? Esas cantidades no dan, además, ni para el alquiler de la sede.
En los documentos de Orange Market, referidos a los años 2007-2008, donde se sitúa a Mercedes Alonso, con su teléfono para hacer los pagos, se reseñan los siguientes por actos: 153.076 euros por un acto en la Institución Ferial Alicantina en contabilidad A y 86.319 euros en B, otro acto sobre sanidad, 19.151 euros y otro el 19 de abril de 2008, por 48.547 y otro electoral, por 42-131. ¿De dónde saca todo ese dinero el PP de Elche? En esos años, ni existía el PP, ni la Asociación Popular de Elche. “Aquí no existía el Partido Popular por entonces”, declaró Mercedes Alonso.
Y posteriormente…las campañas del PP son altamente costosas. ¿Quién paga y cómo paga las vallas publicitarias de Mercedes Alonso a la empresa Publiantón? ¿Quién y cómo paga los anuncios publicitarios en los diarios Información y La Verdad y en las radios y televisiones locales? ¿Quién y cómo pagó la revista de Mercedes Alonso?
La jueza Gemma Somavilla Gurtubay tiene delante toda la financiación irregular del PP y se pierde en nimiedades. O no se entera o no quiere enterarse, pero está rozando la presunta prevaricación, según fuentes jurídicas.