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Dossier inmigración (6): Las grandes mentiras

Redacción




Inmigrantes en España, no eran necesarios. /Foto: diario.latercera.com.
Inmigrantes en España, no eran necesarios. /Foto: diario.latercera.com.

Luis Bru

Del dossier que viene publicando Rambla Libre sobre inmigración se pueden ir ya extrayendo conclusiones. Todo el proceso inmigratorio, que por su elevada cantidad en sólo década y media, se ha desarrollado de manera caótica, buenista y en base a groseras mentiras.

Mentira 1: La inmigración era necesaria para la economía

Con los niveles de paro existentes en España, desde el año 2.000 hasta ahora, es obvio que nuestra nación no necesitaba mano de obra exterior. En los años de mayores tasas de paro, es cuando el flujo migratorio es mayor y también el número de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social. Así, en el 2005 en los 6 meses que van de marzo a septiembre se incrementan en casi un 50 %; pasan de 1.154.573 a 1.701.634. Desde setiembre de 2005 a mayo de 2008, el número de extranjeros afiliados sigue creciendo, alcanzándose el máximo en mayo de 2008 con 2.145.901. En todos esos años, el paro se situaba por encima del 20%. Por lo que, de manera paradójica, cuantos más extranjeros se incorporaban más paro había.

Un caso paradigmático es el de los rumanos, que han estado exportando un flujo migratorio anual de 30.000 cuando la tasa de paro en Rumanía es mucho menor que en España: del 7,5%. Cientos de miles de rumanos han considerado que se vivía mejor en España, sin trabajar, viviendo de las ayudas sociales, que en Rumanía trabajando.

Mentira 2: La inmigración era necesaria por la caída de la natalidad

La tasa de fecundidad en España es la más baja de Europa, el 1,9, pero eso debía haber llevado a políticas natalistas de la población autóctona. Pretender resolver el problema mediante la llegada de familias foráneas es un proceso de sustitución. Sí era necesaria esa política para mantener los expansivos grupos de servicios sociales, que precisaban más clientes, y del aparataje funcionarial del sistema educativo. Las familias inmigrantes copan, además, las ayudas de comedor o las de alquiler (en porcentajes superiores al 80% en las concedidas por la Comunidad de Madrid), por lo que un mayor peso fiscal sobre las familias autóctonas deteriora aún más la natalidad.

Mentira 3: Los extranjeros ocupan los trabajos que los nacionales no quieren

En realidad, lo que se ha producido es un dumping laboral, de forma que la inmigración es la principal causa de descenso de los salarios, y no la reforma laboral como insisten los sindicatos y Podemos. Una competencia dispuesta a trabajar en la economía sumergida, en condiciones precarias, ha embrutecido el mercado de trabajo.

Mentira 4: Los inmigrantes nos van a pagar las pensiones

Esta frase, que en la primera década del siglo, ya nadie es capaz de repetirla, cuando el sistema de pensiones será inviable, en sus condiciones actuales, desde diciembre de 2.017. Los inmigrantes han acelerado el deterioro del Estado de bienestar: han bajado los salarios y consiguientemente las cotizaciones, se han convertido en receptores de ayudas sociales. Aunque resulte sorprendente, cien mil extranjeros cobran pensiones no contributivas del Estado español, sin haber, por tanto, trabajado ni cotizado antes, lo que le cuesta al contribuyente español mil millones de euros al año. La población reclusa extranjera también representa un gasto añadido. Tal y como publicamos ayer, según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, en el año 2.014 en las cárceles españolas había 6.778 reclusos musulmanes, de los que 4.829 eran marroquíes y 550 argelinos. El coste del recluso por año se sitúa en 23.725 euros, lo que significa que esos inmigrantes musulmanes le cuestan al contribuyente español 160.808.050 euros.

El contribuyente español sufraga también la educación de una gran cantidad de niños extranjeros –los más prolíficos son marroquíes, argelinos y nigerianos- y los servicios sanitarios.

El evidente y gravoso coste económico de la inmigración, que con frecuencia es sostenida con ayudas sociales (866 euros mensuales en el País Vasco), muestra que no era una necesidad económica, ni nunca ha estado relacionada con la economía, sino que se trata de un proceso de ingeniería social por el que se trata de modificar la textura vital de la sociedad, para llevarla al conflicto camino del multiculturalismo, la inseguridad y el choque de culturas.