Rafael Alonso
Cuando se hicieron públicas, dentro del sumario Brugal, las conversaciones telefónicas grabadas de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, PP, el empresario comisionista, Enrique Ortiz y el redactor del PGOU, Jesús Quesada, fue un mayúsculo escándalo.
Giraban en torno a la llegada de Ikea en Alicante y a que se instalara en terrenos propiedad de Enrique Ortiz, además de diversas recalificaciones (“pintas tres parcelas en azul”). El objetivo: un pelotazo de 97 millones de euros.
En la historia de la ambición y la avaricia humanas pocas veces se ha pensado más a lo grande y de manera tan constante que en esta España falsamente democrática, en la que una casta parasitaria, vitalicia y hereditaria, ha tomado el poder para dotarse de privilegios y expoliar a los ciudadanos indefensos. La llamada burbuja inmobiliaria fue en realidad una burbuja de la avaricia irrestricta y de la corrupción impune. Por de pronto, el sumario Brugal lleva años yendo y viniendo desde los tribunales de Alicante al Tribunal Superior de Justicia. En esos años, Sonia Castedo, quien antes de entrar en política no tenía oficio ni beneficio, siguió siendo diputada autonómica y continuó como alcaldesa de Alicante. Desde este puesto, siguió primando de manera sistemática a Enrique Ortiz, librándole, por ejemplo, las cantidades adeudas de manera acelerada.
Como si se tratara de un capo de la mafia, Enrique Ortiz estuvo pagando a políticos de todos los partidos, repartiendo trabajos y prebendas entre sus familiares, haciéndoles regalos, del tipo de un Mini a la niñera de Sonia Castedo. De esa forma, Ortiz no se privaba de decir a propios y extraños que se había cansado y que el Ayuntamiento tomaría tal o cual medida, que le beneficiaba, y que lo haría por unanimidad. Y, en efecto, el alcalde Luis Díaz Alperi, del PP, convocaba pleno extraordinario y todo votaban al unísono. Díaz Alperi llegó al Ayuntamiento en quiebra personal, con elevadas deudas, y pronto contó con un yate de lujo y una saneada cuenta corriente con más de seis millones de euros que no es capaz de justificar, por lo que está imputado, pero en la calle.
En el tiempo de las conversaciones que se hicieron públicas Sonia Castedo era concejal de Urbanismo y mostraba un claro interés en que Díaz Alperi no se enterara de sus gestiones; es decir, de monopolizar el negocio. Todo esto referido a Alicante, en mayor o menor medida, le sonará al lector de su propia localidad o de la vecina.
La cuestión es que los corruptos no han ingresado de inmediato en prisión, sino que han seguido y siguen gozando de sus coches oficiales y de sus sueldos públicos. Resulta difícil invocar la presunción de inocencia cuando los sumarios se eternizan y cuando se hacen públicas pruebas concluyentes que establecen certezas inequívocas como las grabaciones citadas en las que el tráfico de influencias es clamoroso.
La falta de división de poderes, la ausencia de una Justicia independiente, el sometimiento de jueces y magistrados al poder político a través de la parlamentarización del Consejo General del Poder Judicial, la existencia de diez mil aforados (el último, Juan Carlos y con carácter retroactivo) cuando en las democracias la media es de 0 o 1, todo eso ha resultado letal. Y esa perversión impúdica e irrestricta de la democracia cada vez indigna más.
No deja de ser un detalle curioso e ilustrativo que colindantes a los terrenos de Enrique Ortiz –quien acumula el 70% de los urbanizables de Alicante- donde debía instalarse Ikea –operación que no ha llegado a realizarse, pero en la que se sigue insistiendo- aparezcan como propietarios de otros un concejal del PP de la localidad de Benferri, y el dirigente del PP, José Antonio Peral –miembro del Comité de Garantías del PP de la Comunidad Valenciana-, esposo a su vez de la alcaldesa del PP de Elche, Mercedes Alonso.