Luis Bru.
Federico Jiménez Losantos utiliza la Justicia como amenaza para acallar las voces críticas. Lo acaba de hacer con Iván Espinosa de los Monteros al cuestionar la financiación «en entredicho» de Libertad Digital, a quien, representante de la soberanía nacional ha amenazado con que «o rectifica o los tribunales». Es la misma finalidad de la querella contra Enrique de Diego, en donde ha pasado de la amenaza a una delirante utilización de la Administración de Justicia con idéntica finalidad censora.
El abogado de Enrique de Diego, Jesús Díaz Formoso ha presentado el siguiente escrito en el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid:
Que, como HECHO NUEVO, adjuntamos copia de la “noticia”, publicada por los aquí querellantes, ahora apelantes, en la que AMENAZA A UN DIPUTADO NACIONAL, Portavoz en el Congreso de los Diputados del tercer partido político español, con “sentarlo en el banquillo” si no retira sus opiniones acerca del aspecto económico que se oculta bajo el ropaje “noticioso” que el Sr. Jiménez Losantos da a sus amenazas, cada vez más evidente.
Amenaza con llevar al banquillo de los acusados por un Delito Privado, a quienes manifiestan, legítimamente, la desfavorable opinión que les merece su actividad pública, manipuladora de supuestos “hechos Noticiosos”, que él, contra las más claras evidencias, insiste en denominar como informativa.
Así, entre sus párrafos, todos de interés para la resolución de la presente causa criminal, encontramos: “Espinosa de los Monteros acusó a esRadio y el Grupo Libertad Digital de «tener miedo de que su financiación esté en entredicho», una acusación que Federico Jiménez Losantos no ha tardado en responder. Así, en sus editoriales de las seis, las siete y las ocho de la mañana, Jiménez Losantos ha advertido al de Vox de que no va a tolerar esas difamaciones, le ha recordado que todas las fuentes de financiación del Grupo Libertad Digital son transparentes y legales y ha asegurado que «o hay una rectificación inmediata, concluyente y clara» o habrá una querella y Espinosa de los Monteros tendrá que «sentarse en el banquillo«.
https://www.libertaddigital.com/espana/2023-01-20/federico-a-espinosa-de-los-monteros-que-habla-de-financiacion-en-entredicho-de-esradio-o-rectificas-o-al-banquillo-6977669/
Amenazas que, en el caso que afecta a mi mandante, con la actuación procesal del aquí apelante, Sr Jiménez Losantos, en el asunto que nos ocupa en estos autos, han resultado cumplidas.
Mi mandante, ha visto vulnerado su Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión en Información con la tramitación de las presentes actuaciones por un aberrante y presunto DELITO DE OPINIÓN del que es acusado, precisamente, por quien trata desesperadamente de ocultar a la opinión pública los pormenores de su actuación empresarial; de una empresa, también querellante en estos autos, DENUNCIADA POR CORRUPCIÓN, que utiliza a los Juzgados para AMEDRENTAR a los denunciantes.
Y ello, de manera similar a lo que la Jurisprudencia, tanto Constitucional, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, califica como DISUASOR O DESALENTADOR DEL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES IMPLICADOS (por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 136/1999, así como la jurisprudencia, tanto constitucional como, en especial, emanada del TEDH, en las Sentencias que en ella se citan).
Así, en palabras de ésta última STC, “(…) la sanción penal sólo podrá estimarse constitucionalmente legítima si en la formulación del tipo y en su aplicación se han respetado las exigencias propias del Principio de Legalidad Penal del art. 25, 1º CE, y si además no han producido, por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que se privan o un efecto que en otras resoluciones hemos calificado de DISUASOR O DESALENTADOR DEL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES IMPLICADOS EN LA CONDUCTA SANCIONADA”; precisamente por ello, continúa la citada STC 136/99, “una reacción penal excesiva frente a este ejercicio ilícito de esas actividades puede producir efectos disuasorios o de desaliento sobre el ejercicio legítimo de los referidos derechos, ya que sus titulares, sobre todo si los límites penales están imprecisamente establecidos, pueden no ejercerlos libremente ante el temor de que cualquier extralimitación sea severamente sancionada” (Sentencia del Tribunal Constitucional 136/1999, F. 20)
Pérdida completa del sentido de la realidad
Se da la circunstancia alucinante que Federico Jiménez Losantos, en una pérdida completa del sentido de la realidad, que hace dudar muy mucho de su salud mental, inquiere de dónde saca Enrique de Diego su afirmación de que se financió de la caja B del PP, en la famosa «lista Bárcenas», y sorprendentemente la abogada de Losantos, María Dolores Márquez de Prado, hace tan extraña pregunta a Enrique de Diego, quien le afirmó que no es un hecho probado sino sentenciado en el «caso Gürtel».
La sentencia sobre la financiación del PP lo acredita cuando hace referencia a la apropiación de fondos de la caja B del PP. Estos hechos están siendo juzgados en otra pieza, pero el tribunal ya da por probada la caja B: “En el año 2005, también de la misma ‘Caja B’, sustrajo 149.600 euros, de los que, de acuerdo con su mujer [la de Bárcenas], Rosalía Iglesias, destinó a 149.000 euros a pagar unos inmuebles adquiridos por el matrimonio. En esta ocasión, el apoderamiento de los fondos de la ‘Caja B’, tuvo lugar mediante la compra de acciones de Libertad Digital, S. A., de manera que Luis Bárcenas, de acuerdo con su propia esposa, entregó a esta, extraídos de dicha caja, los 149.600 €, de los que dispuso el 29/10/2004 para adquirir 1.360 acciones de esa sociedad, que puso a nombre de Rosalía Iglesias. Compradas las acciones a su nombre, posteriormente las vende esta, el 15/03/2005, a Francisco Yáñez, por 149.600 euros, que no se reingresan al PP, sino que se queda con ellos el matrimonio, ingresándolos, mediante dos imposiciones que hace la propia Rosalía una el 16/03/2005, por importe de 74.000 euros, y otra el 21/03/2005, por importe de 75.600 euros, en su propia cuenta corriente, abierta en Caja Madrid”.