Enrique de Diego.
El golpe de Estado ha sido perpetrado: la sedición ha pasado al estado de rebelión, sin que la respuesta desde el Gobierno esté a la altura del reto.
Conviene no perderse en lo accidental para ir a lo esencial. Lo accidental es saltarse el Reglamento del Parlamento catalán eliminando los derechos de los diputados a solicitar dictamen jurídico, la celeridad en la publicación en el Boletín Oficial de la insurrecta Ley de Referéndum, el aviso de los letrados a Carmen Forcadell de que está desobedeciendo al Tribunal Constitucional, la declaración retórica de Soraya Saénz de Santamaría de que durante el mandato de Forcadell «la democracia ha muerto» o el anuncio por la Fiscalía de una querella por prevaricación. Las palabras se las lleva el viento; son los hechos los que valen.
Y también es accidental que el Gobierno anuncie la presentación de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional o que el PSC acuda en defensa de los derechos de los diputados.
Objetivos definidos frente a confusión y debilidad
En esta danza de la muerte, un bando tiene objetivos definidos -secesión, independencia-, calendario establecido y es implacable en su ejecución, sin atender a ninguna limitación legal, retroalimentándose con las amenazas incumplidas.
Por la otra parte, hay confusión en el objetivo y los medios son inadecuados en la respuesta, puesto que la iniciativa la llevan los separatistas. El Gobierno transmite retórica y debilidad; la primera es gruesa y elevada pero no va acompañada con medios acordes, con lo que se queda en titulares fáciles, mientras los sediciosos no hacen otra cosa que avanzar generando una situación de hecho.
Rajoy, próximo a la claudicación
Mariano Rajoy ha transmitido algunos mensajes de desarme ciertamente enervantes y próximos a la claudicación, como que no pondrá en marcha el artículo 155 de la Constitución, que implicaría la intervención de la Generalitat. Es el único instrumento de frenar el proceso sedicioso que ha entrado ya en el terreno de la rebelión.
Esconderse detrás del Tribunal Constitucional es de un debilidad ineficaz, cuando los rebeldes han dicho por activa y por pasiva que no atenderán en ningún caso a un Tribunal, que carece de autoridad moral por su manifiesta politización.
El Gobierno ha dejado en suspenso el Código Penal
Mientras el Gobierno dice atenerse a la legalidad, lo cierto es que ha dejado en completo suspenso la ejecución del artículo 544 y siguientes del Código Penal relativos al delito de sedición, por lo que a la incoherencia añade un componente de deslegitimación.
Constato que el Gobierno está siendo desbordado por la situación y está perdiendo notoriamente la partida, por goleada, haciendo dejación de sus funciones y desprotegiendo a los españoles y no cumpliendo con su obligación de defender la legislación vigente y la integridad territorial.
La sedición ha pasado a rebelión organizada
La clave del día de hoy es que la sedición ha pasado al estado de rebelión. Lo perpetrado en el Parlamento regional de Cataluña es un acto de insurrección, un pronunciamiento, que debería tener la respuesta de la detención de los cabecillas. Los rebeldes, por boca del miserable de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras, han pasado a considerar ilegítimo al Gobierno de España y sus instituciones, tildándolos de antidemocráticos, y a intentar entrar en diálogo directo con los «demócratas españoles«, a los que hacen llamamientos a la insurrección.
La sedición está ya organizada y ha pasado al estado de rebelión. Una rebelión sólo puede pararse descabezándola y cortando sus suministros. Descabezarla pasa por la detención inmediata de sus cabecillas, para lo que están tipificados los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal. Cortar los suministros pasa por la necesaria aplicación del artículo 155 de forma que los funcionarios de la Generalitat pasen a depender, en sus sueldos, del Gobierno de la nación, lo que, por cierto, se debería haber hecho cada vez que la Generalitat ha pedido el restado del Fondo de Liquidez Autonómica.
De manera inteligente, en la denominada Ley de Transitoriedad se aseguran los puestos de los funcionarios, mientras el Gobierno de la nación se está inhibiendo.
Dos legalidades en conflicto: una sin fuerzas sobre el terreno para aplicarse
La situación es que, por esta línea, se van a generar dos legalidades; una, la de los rebeldes, que van tomando posiciones de hecho; y otra la vigente, del Gobierno de la nación, lejos del lugar del conflicto, sin fuerzas sobre el terreno para exigir su aplicación. Esa situación esquizofrénica puede estallar en relación con la recaudación de tributos, terreno en el que Cristóbal Montoro se ha unido al coro de los ineficaces amenazantes.
Asumir competencias plenas en Orden Público
Para poder ganar en esta disputa de legalidades, el Gobierno debe asumir de manera plena las competencias de Orden Público e integrar a los mossos en su estructura.
Nada de lo esencial está siendo puesto en práctica por el Gobierno, que atenazado y acomplejado por la situación está desarmando al Estado anunciando que las medidas necesarias no serán adoptadas, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Misión esencial de las Fuerzas Armadas
Es preciso recordar que el artículo 8 de la Constitución pone como misión esencial de las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial de la nación -única e indivisible- y que, por tanto, esa misión está por encima de la obediencia al poder civil si éste incumple sus funciones.
Rambla Libre asegura a sus lectores que no va a ceder nunca en la relativo a la unidad de España y su integridad territorial. La Patria está en peligro.
Carta a Rajoy: Vas a pasar por el mayor calzonazos de la historia de España
Carta a Felipe de Borbón: O despabilas o te vas por Cartagena