Pablo Barrón.
Ignacio González, ex barón popular, ex muchas cosas y sobre todo el último hombre de confianza de Esperanza Aguirre. La investigación pone el foco en las turbias operaciones del gigantesco Canal de Isabel II, pero también en las vías que el expresidente y su círculo familiar habrían utilizado para blanquear el dinero desviado. Su hermano y su cuñado figuran entre los arrestados por orden del juez Velasco y su esposa también está siendo investigada.
Las diez horas que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) emplearon en registrar el lujoso chalé de Ignacio González antes de conducirlo al calabozo del cuartel de Tres Cantos sacudieron como un auténtico terremoto el centro político del país. La Operación Lezo, cuyo saldo se eleva ya a una docena de detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas ha puesto el foco en la gigantesca estructura que el expresidente de Madrid manejó durante años en el Canal de Isabel II mientras salían a la luz, y sin consecuencias políticas, turbias adjudicaciones, viajes de precio astronómico pagados en metálico o la adquisición de inmuebles de lujo en oscuras circunstancias.
Su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero (casado con Isabel González, actual portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid) también han sido arrestados. Y su mujer, Pilar Cavero, engrosa la lista de investigados, en la que figuran quienes integraron la plana mayor del Canal de Isabel II bajo el mandato de Ignacio González al frente de esa empresa pública (2003-2012). En el caso, declarado secreto, se investigan entre otros los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental.
Algunas de las adjudicaciones y adquisiciones que ahora investiga el juez Eloy Velasco ya eran conocidas. Por ejemplo, la relacionada con el campo de golf del distrito de Chamberí, cuya concesión benefició directamente en 2007 a la empresa de un socio de su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.
Otras operaciones, como la ruinosa adquisición de la empresa brasileña Emissao en noviembre de 2013, habían pasado inadvertidas. La compra de Emissao fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción en 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Las fuentes jurídicas consultadas aseguran, no obstante, que las pesquisas sobre el Canal de Isabel II habían comenzado un año antes.
La plana mayor de González en el Canal de Isabel II ha caído con él. Fuentes jurídicas citan entre los detenidos a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario La Razón y expresidente de Inassa, la filial latinoamericana que utilizó el Canal como cabeza de puente para comprar distintas empresas, así como María Fernanda Richmond, exdirectora financiera. Tanto Rodríguez Sobrino como Richmond fueron destituidos por el equipo de Cifuentes por su vinculación con la compra de la empresa brasileña Emissao.
La relación de exdirectivos investigados es más extensa y aparece encabezada por Ildefonso de Miguel, que fue persona de la máxima confianza de González y que ocupó el cargo de gerente del Canal hasta 2009. Fuentes del Canal de Isabel II aseguran que la Guardia Civil ha registrado y precintado los despachos que todavía ocupan antiguos directivos de la etapa de González y de su sucesor como presidente de la empresa pública, Salvador Victoria, que también está imputado en la Operación Púnica.
Rodríguez Sobrino, uno de los investigados de primera fila, ha arrastrado a dos figuras del grupo editor de La Razón: su presidente, Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda, declararon ante el juez Velasco por las supuestas amenazas y coacciones que habrían ejercido sobre el equipo de Cristina Cifuentes para que no elevara a la Fiscalía denuncia por la compra de la brasileña Emissao. Tambien declararon, como testigos, la propia Cifuentes (en su despacho y por escrito), su jefa de gabinete, Marisa González, y el consejero de Presidencia y máximo responsable del Canal, Ángel Garrido. Durante su declaración pudieron escuchar parte de las conversaciones interceptadas a Casals y Marhuenda y que demostrarían la existencia de tales coacciones.
Las actuaciones y personas investigadas, estructuran el caso sobre dos patas: por un lado, todo lo que se relaciona con las actividades del Canal, el formidable granero del que habrían salido los fondos desviados; y por otro lado, el círculo del que supuestamente se valió González para las tareas de blanqueo.
Cuentan los que saben que esto es solo la punta del iceberg.
Esperemos contrastemos y seguiremos informando.
La próxima estación será si impera la lógica la dimisión de Esperanza Aguirre que ya no tiene apoyos en el partido.