Enrique de Diego.
El Palacio de Justicia de Elche eleva su airosa silueta y su cartesiano orden justo al lado de Los Palmerales, el barrio marginal, de etnia gitana, mayoritariamente evangelista, pero que convive con una población lumpem de drogadictos. Parecería que el lugar fue elegido a propósito porque se diría que la Justicia ilicitana tiene como misión sacar de las calles a delicuentes de poca monta, mientras hace la vista gorda, o incluso protege, a delincuentes de cuello blanco, si tienen algún cargo político. Como oprobio, se exhibía a la entrada una placa en donde se podá leer que había sido inaugurado siendo conseller Rafael Blasco, hombre de confianza de Eduardo Zaplana. La deshonrsa placa se quitó años después de que la Justicia de Valencia diera con los huesos de Rafael Blasco en la trena.
Ya he contado como mediante la falta de compresión lectora, del titular del Jusgado de Contencioso-Administrrativo, Augusto González Alonso, de la titular del Juzgado de Instrucción nº 4, Iris Valero Paredes y de dos fiscales, de cuyo nombre no quiero acordarme, que no alcanzan a diferenciar el sujeto, verbo y predicado referido a un auto de la fina sensibilidad del juez me veo envuelto en un embrollo gremial, y como el susodicho juez cambio copernicamente del auto a la sentencia, dándome la razón en mi crítica, pero, no sé por qué, la Justicia de Elche se empecina en ser ciega ante los hechos objetivos y la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Constitución.
Después de pasar un día en el calabozo de la Comisaría de Policía Nacional -buen sitio para meditar sobre la futilidad de la vida- a fin de que se me notificará el auto de apertura del juicio oral, donde compartí celda con esa buena gente de Los Palmerales, que representan menos peligro que los políticos corruptos que campan a sus anchas, he dado con dos abogadas del turno de oficio autistas, que no escuchan, y de lo que voy a decir debería tomar buena nota Diego García, decano del Colegio de Abogados de Elche, si quiere prestigiar la abogacía. Digo que con desprecio a las Convenios Internacionales suscritos por España, el de Derechos de la ONU y el Convenio de la Unión Europea, a los que España está obligada a respetar, como firmante, el derecho a la autodefensa, que se me niega por ignrancia y que implicará con elcorrer del tiempo la nulidad de actuaciones.
Pues bien, recuerdo que a un abogado de oficio ilucitano que me dijo que él no se complicaba, que lo que dijera el fiscal, lo cual es de una gravedad suma. En mi caso, me he topado con dos abogadas, Esther Trives y Andrea Galipienso, a las que he tenido que renunciar, que no han hecho caso del escrito de defensa que les presenté -yo no soy de Los Palmerales y tengo trienios en el Periodismo y en la defensa de la libertad de expresión- porque ellas n firman escritos que no sean suyos, lo cual está muy bien, siempre que mejoren lo presente. Y ambas dos, haciendo de su capa un sayo, quieren presentar un escrito de defensa «sencillo«, como es la costumbre en Elche, según me confiesa Andrea Galipienso, y ante mi requerimiento de en qué artículo de la LECRIM se indica que el escrito de defensa tengo que ser «sencillo«, me responde, claro, que en ninguno. Luego parece una mala praxis o la ferroviaria.
Puede pesar en el ánimo de las abogadas empeñadas en ir al juicio oral el hecho decisivo de que son mayores las retribuciones en caso de presentarse en sala. Seguro que no, pero puede. Un escrito de defensa para tema tan nuclear cono la libertad de expresión, y la pretensión de inventarse un Fuero para los jueces de Elche, ha de ser contundente, claro y prolijo, ha de ser un escrito de defensa como Dios manda y no para templar gaitas. Diego García debe tomar cartas en el asunto y abrir una investigación, porque si no pensaré que los ciudadanos de Los Palmerales no están bien defendidos. En los casos de justicia gratuita, el cliente debe ser atendido como el de pago, pues es así, cobran del contribuyente, y han de hacerle caso.
Por cierto, este enjuague gremial está claramente prescrito y se encamina hacia la presunta prevaricación. Y la Comisaría de la Policía Nacional debería mejorar la comida: las lentejas con arroz, o eso parecían, eran muy deficientes.