Redacción.
Concluimos la publicación íntegra de la denuncia presentada ante la Fiscalía Europea y el Tribunal Supremo por Javier Marzal y Enrique de Diego contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:
CONCLUSIONES
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido la ley de forma continuada desde su inicio, no ha cumplido los PGEs ni la Constitución, ha falsificado información oficial, ha aceptado extorsiones de sus socios de Gobierno y es el Gobierno de todo el mundo que más ha empobrecido a sus gobernados en 2020, siendo el único que no ha recuperado el nivel de 2019 en la Unión Europea.
Los incumplimientos de la legalidad, han tenido y siguen teniendo la intención de incrementar el gasto público todo lo posible para aumentar la intervención gubernamental en la economía (planificación centralizada de la economía como en el comunismo), para beneficiar a sus afines, para aumentar la dependencia de la población de los subsidios públicos, aumentando el control sobre la población, impulsando el negocio de la corrupción institucional y fomentando el clientelismo político. Estos objetivos se han cumplido en todos los ejercicios que ha gobernado Pedro Sánchez. Los datos aportados evidencian que el ingente incremento continuado del gasto público tenía la intención de empobrecer a los españoles para restringir su capacidad económica futura y, por tanto, su libertad personal, familiar y de constituir una empresa.
El Gobierno ha actuado de forma desleal con los españoles, con la Unión Europea y con el resto de los miembros de la Unión, a los que ha empobrecido por intereses propios, extorsionando al BCE para que tuviera que comprar deuda pública española, para evitar una mayor ruina en la propia Unión y en el euro. La inmensa cantidad de deuda pública ha devaluado el euro y, según algunos expertos, llevará a la desaparición del euro y a la desintegración de la Unión Europea.
La Comisión Europea, está gobernada por políticos y, por tanto, priman sus intereses políticos sobre los intereses generales y sobre los intereses financieros de la propia Unión Europea. La mayoría de los dirigentes de la Unión Europea tienen ideas totalitarias y centralizadoras, aunque sólo sea porque se benefician de ellas. En este período, la Unión Europea ha permitido los incumplimientos de España para aumentar su poder de dos formas principales: 1) el aumento del control sobre el gasto público español futuro mediante los préstamos y 2) casi duplicar el presupuesto de la Unión.
La Unión Europea es una región altamente corrupta (4,8% del PIB, Eurostat 2018), por lo que la defensa del negocio de la corrupción institucional es la prioridad política de sus políticos y este es el nexo de unión con los intereses del Gobierno español. La corrupción empuja hacia el crecimiento imparable del gasto público, porque éste nutre la corrupción, pero este impulso al crecimiento público es contrario a los intereses financieros que defiende la Fiscalía Europea y, en general, los tribunales nacionales y europeos.
A diferencia de las cuentas públicas de 2017 del Gobierno anterior, el Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha realizado estimaciones de crecimiento del PIB que nunca se han alcanzado, con la intencionalidad de justificar un incremento del gasto público sin reducir la deuda pública. Concretamente (en porcentaje del PIB), 0,7 en 2018, 0,2 en 2019, 1,6 en 2020 y 1,4 en 2021. En valor absoluto, en millones de euros, partiendo de 480.265 en 2017, 503.364 en 2018, 526.652 en 2019, 580.771 en 2020 y 610.864 en 2021.
Desde el principio, el Gobierno actual ha utilizado su poder y el dinero público para engañar a los españoles y a la Unión Europea, habiendo ya adulterado las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2023.
El Gobierno no sólo ha arruinado el presente y el futuro de los españoles y de los europeos, sino el de varias generaciones venideras de españoles, reduciendo la independencia de España respecto de la Unión Europea por la ingente deuda pública y por el desproporcionado aumento de las transferencias del Estado español a la Unión Europea.
Además, dado el ingente aumento del sector público, ha complicado la vuelta a la situación anterior, como ya hizo su compañero Zapatero, por lo que las consecuencias de estos gobiernos van a ser duraderas, como el propio Gobierno ha advertido en 2022. Los gobiernos presididos por Pedro Sánchez, han violado los principios constitucionales y de la Unión Europea, de economía de mercado y de economía social de mercado, reduciendo en unos casos y eliminando en otros, la libertad individual, la libertad de empresa y la dignidad de la persona, impidiendo que la gente se valga por sí misma sin subvenciones públicas.
Dada la relación de la mayoría de las actuaciones con el perjuicio de los intereses financieros de la Unión Europea, así como de sus principios, el bien jurídico a proteger consiste en “los intereses financieros de la Unión Europea”, por lo que la jurisprudencia existente, española y europea, no puede aplicarse y, además, debe modificarse la jurisprudencia actual como ya se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo con los delitos relacionados con la libertad de expresión.
Los fiscales españoles de la Delegación en España de la Fiscalía Europea y los jueces españoles, actuando como jueces europeos, que intervengan en el procedimiento penal, tendrán que defender los intereses europeos aunque fueran contrarios a los que ellos defienden como intereses españoles.
El resultado de la tramitación de esta denuncia, será decisivo para el futuro de España, en cierta medida, el de la Unión Europea y, sin duda, de la corrupción en España y en la Unión Europea, porque si no se reprocha penalmente la actuación del Gobierno, se le estará autorizando a éste y a los futuros, a arruinar el país e implantar un régimen próximo al comunismo, eliminando todos los derechos y el imperio de la ley, como llevan haciendo el PP y el PSOE desde 2004.
Sin ánimo de realizar una calificación penal de los hechos relatados, los Consejos de Ministros del Presidente Sánchez, se han convertido en una banda criminal para cometer un delito continuado de prevaricación, coacciones, malversación, falsedad documental, intergeneracional, electoral y contra la independencia de España.
En 2022 se están acentuando las actuaciones criminales porque en 2023 hay elecciones municipales, autonómicas y generales, por lo que los actuales gobernantes y sus partidos políticos pueden ganar o dejar de ganar mucho dinero público, tanto directo como el obtenido por la corrupción.
Sin duda, la falta de conciencia democrática de los españoles, incluyendo a sus políticos y jueces, han permitido llegar a esta situación criminal.
Dado que se denuncian hechos delictivos cuyo bien jurídico perjudicado son los intereses financieros de la Unión Europea, que nunca ha sido tratado por el poder judicial ni por el Tribunal Constitucional, haciendo que las restricciones jurisprudenciales penales españolas no sean aplicables, debiendo producir cambios también en la jurisprudencia existente.
INTERESAMOS: Que, tras los trámites oportunos, se oficie a PODEMOS, al PSOE y a los organismos mencionados, para que aporten los documentos referidos en esta denuncia o certifiquen sus, así como sus advertencias de los resultados negativos por las políticas del Gobierno; que se oficie al Gobierno para que certifique los datos referidos en esta denuncia y aporte la documentación de las sugerencias y los desacuerdos económicos con la Comisión Europea y responda por escrito a las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las causas de que no se cumplieran los objetivos de deuda y déficit públicos previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019?
- ¿Cuáles son los motivos por los que la economía española fue la que tuvo un decrecimiento mayor del mundo en 2020?
- ¿Cuáles son las causas de que la economía española fuera la que menos se recuperó de Europa en el primer semestre de 2021?
- ¿Cuáles son los motivos por los que la economía española sea la única de la Unión Europea que no va a recuperar en 2022 el nivel de 2019, según las previsiones de los organismos internacionales?
- ¿Cuáles son las causas del mal uso de los fondos europeos según el Tribunal de Cuentas Europeo?
- ¿Qué cantidad de dinero ha obenido España de fondos europeos no reembolsables?
- ¿Qué cantidad de dinero debe España al Banco Central Europeo?
Que se oficie a la Comisión Europea para que aporte sus estudios económicos sobre España, desde 2018 hasta el presente, incluyendo los estudios e informes del Tribunal de Cuentas Europeo, así como los documentos donde se hacen recomendaciones o se llama la atención a las medidas anunciadas o propuestas por el Gobierno.
OTROSÍ PRIMERO DIGO: Que se de traslado a los embajadores de todos los países miembros de la Unión Europea, ofreciéndoles acciones como perjudicados, es decir, la posibilidad de personarse en la causa.
Dado que se han perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea (bien jurídico perjudicado), todos los miembros de la misma tienen un interés legítimo en la causa.
A mayor abundamiento, el 17.7.2019 se aprobó la “COM(2019) 343 final” sobre “Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión“, donde se dice: “En primer lugar, tanto la UE como los demás Estados miembros tienen un interés legítimo en el buen funcionamiento a escala nacional del Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros”, legitimando la personación en las causas penales en otros Estados miembro.
OTROSÍ SEGUNDO DIGO: El denunciante particular Enrique de Diego solicita que se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como cuestión prejudicial, la consulta sobre la legalidad de la limitación de la acusación popular en la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
Esta Ley limita las personas y organizaciones que pueden personarse como acusación popular en los artículos 19.3 y 36.5 en los siguientes términos: “La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones y entidades a las que la ley reconoce legitimación para la defensa de los intereses que se han visto afectados por la comisión del delito investigado”, a pesar de la oposición de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Estado.
Entendemos que estas restricciones no son compatibles con las siguientes normas de la Unión:
- El artículo 325.2 del TFUE que establece lo siguiente: “Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros”; por tanto, la limitación de la acusación popular para defender los intereses financieros de la Unión vulnera este principio puesto que el “combate” contra el fraude que afecta a los intereses de España sí permite la acusación popular.
- El considerando 50 del REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO de 12 de octubre de 2017 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea que tiene la siguiente redacción: “Los denunciantes internos pueden aportar nueva información a la Fiscalía Europea, asistiéndole así en su trabajo con objeto de investigar, acusar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión. No obstante, pueden verse disuadidos de ello por temor a represalias. Con el fin de facilitar la detección de los delitos que son competencia de la Fiscalía Europea, se alienta a los Estados miembros a que establezcan, de conformidad con sus legislaciones nacionales, procedimientos eficaces para permitir la denuncia de posibles delitos que son competencia de la Fiscalía Europea, y a que garanticen la protección de las personas que denuncien tales delitos frente a represalias, y en particular frente a actuaciones adversas o discriminatorias en materia de empleo”. La limitación en la personación tiene un carácer claramente disuasorio a las personas, coelctivos y organizaciones excluidas, por lo que tendrá como resultado un menor interés en denunciar este tipo de delitos.
- La prohibición de discriminación del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, ya que excluye a los agentes sociales y a los particulares, no existiendo esta limitación en la defensa del resto de los bienes jurídicos.
El TJUE es competente para conocer de esta cuestión prejudicial en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (FUE) y esta norma también establece que: “Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal ”, siendo éste el caso del Tribunal Supremo, queda éste obligado a elevar esta cuestión prejudicial al TJUE.