Redacción.
Cuarta toma de la reproducción íntegra de la denuncia ante la Fiscalía Europea y el Tribunal Supremo presentada por Javier Marzal y Enrique de Diego contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:
DÉCIMO CUARTO.- RESCATE DEL ESTADO ESPAÑOL
Las medidas del Gobierno hicieron que, desde 2018, el Banco Central Europeo (BCE) ha tenido que rescatar la economía española. El 9 de junio de 2022, el BCE anunció que dejaría de comprar deuda pública española, aunque finalmente cambió de idea para evitar que subieran los intereses del “abultado endeudamiento público” (BdE) y sumiera a España en una gran depresión que aumentara el perjuicio de los intereses financieros de la Unión Europea.
En enero de 2022, el 33,8% de la deuda pública española se debía al BCE. La deuda pública ascendía a 1.211.328 millones de euros (Fuente: Tesoro Público).
DÉCIMO QUINTO.- FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN
En septiembre de 2022, el Tribunal de Cuentas Europeo señala a España como el país que peor ha ejecutado los fondos europeos de recuperación y que es posible que España suponga un “fiasco” con complicaciones para su recuperación económica. Esta siuación es otra prueba irrefutable de la intencionalidad empobrecedora del Gobierno.
Todos los hechos anteriores perjudican los intereses financieros de la Unión Europea, pero las actuacioens relacionadas con los fondos europeos causan un perjuicio directo a estos intereses de la Unión.
DÉCIMO SEXTO.- INTERESES FINANCIEROS EUROPEOS
Existen tres tipos de intereses financieros en la UE:
- Los intereses de todos los países miembros de la Unión.
- Los intereses de la Comisión Europea influidos por la visión de sus dirigenes y que, como en toda la política, son distintos del interés general y, por tanto, de los intereses de todos los países miembros de la Unión.
- Los intereses de la Eurozona y del Banco Central Europeo.
En general, el endeudamiento del BCE, como punto neurálgico de la deuda de los países miembros al BCE, perjudica el primero y el último, beneficiando a la Comisión europea. De hecho, la crisis ocasionada por la respuesta política a la declaración de pandemia del coronavirus por la OMS, ha supuesto un aumento del presupuesto de la Unión, gestionado por la Comisión Europea.
En esta denuncia se referiere a los intereses de la Eurozona, tanto de los países miembro como del BCE.
El 13 de marzo de 2020, el euro se cambiaba por 1,1104 dólares estadounidenses. El 15 de julio de 2022, los errores de los gobernantes de los países miembro de la UE, así como los de la Comisión Europea y los del BCE (presionados por la situación a la que los corruptos gobernantes habían llevado la economía de sus países, así como por los intereses de la Comisión Europea), llevaron a la paridad entre el dólar y el euro, por primera vez en la historia. En el primer cambio entre estas dos monedas, en 1.999, el euro se cambiaba por 1,1747 dólares estadounidenses. El 14 de octubre de 2022, el euro se cambiaba por 0,9717 dólares estadounidenses, suponiendo una caída del 12,49% del valor del euro respecto del día anterior a declararse el estado de alarma (14.03.2022).
Dada la dimensión de la economía española, cabe afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha influido de forma importante en la devaluación del euro, que supone un perjuicio económico grave para toda la Eurozona y, por tanto, para los intereses financieros de la Unión Europea.
DÉCIMO SÉPTIMO.- DISCRECIONALIDAD GUBERNATIVA
La jurisprudencia establece que la discrecionalidad del Gobierno de la nación es alta, pero no puede ser ilimitada.
La referencia sobre el gasto público debe ser el histórico del mismo, salvo que haya gastos extraordinarios justificados y contabilizados aparte de los gastos habituales. Cualquier incremento de un 20% o superior de un gasto público sin justificación extraordinaria o compensación en el conjunto del resto de los gastos, constituye un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra el bienestar de todos los españoles.
El gasto en publicidad institucional o en asesores puede ser discrecional, pero en ningún caso puede duplicar la cantidad destinada por otros gobiernos o por el mismo gobierno en otros años.
Precisamente, estos dos gastos (publicidad y asesores) atentan contra el derecho humano y fundamental a la construcción libre de la opinión pública que incide en los resultados electorales, por lo que deben dar lugar a responsabilidades penales, porque, de lo contrario, se estaría permitiendo el impulso de un régimen totalitario.
Desde otra perspectiva, los límites a la discrecionalidad están establecidos en los siguientes principios y derechos del Tratado de la Unión Europea (UE), que tienen su correspondencia en la Constitución española:
- Art. 2. “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos”. El Gobierno ha vulnerado todos estos valores en un nivel tan alto que no da lugar a dudas.
- Art. 3.1.- “La Unión tiene como finalidad promover […] el bienestar de sus pueblos”. El Gobierno ha conseguido el malestar de todos los europeos, como uno de los principales protagonistas de una deuda pública sin precedentes en la Eurozona.
- Art. 3.3.- “La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico”. El Gobierno ha sustituido la economía social de mercado por una economía próxima a un sistema de planificación económica centralizada, propia del comunismo. El “abultado endeudamiento público” (BdE) va a limitar durante décadas la acción del Gobierno y, lo que es peor, de la economía privada.
Los Estados miembro tienen la obligación de contribuir a alcanzar los objetivos de la Unión Europea y el Gobierno español no sólo ha imposibilitado el cumplimiento de estos objetivos, sino que ha contribuido gravemente a la pérdida de valor del euro de un 20% entre 2021 y 2022, así como a alcanzar un riesgo grave de desintegración de la Unión Europea.
DÉCIMO OCTAVO.- FORTALECIMIENTO DE LA CORRUPCIÓN
Para evitar que se denuncie la corrupción, el Gobierno no transpuso la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 de protección a los alertadores de corrupción que establecía como fecha máxima de transposición el 17 de diciembre de 2021 (Art. 26.1).
Tampoco se ha transpuesto la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.
Es evidente que tanto para el PP, como para el PSOE y para PODEMOS, la defensa de la corrupción en la que están inmersos es la prioridad. La corrupción casi alcanza el 8% del PIB (Eurostat 2018), convirtiéndose en la industria más rentable que supera los beneficios de todas las grandes empresas (incluidas las financieras) y de todas las multinacionales juntas.
España ha sido denunciada “por disfunción grave del Estado de Derecho, en la transposición del Reglamento (UE) 2017/1939 de la Fiscalía Europea, habiendo participado el poder ejecutivo y el poder legislativo. Nos referimos a la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea”. Se denuncia la restricción de la acusación popular, de forma contraria a la Constitución española y a varias leyes orgánicas, así como a las recomendaciones del Consejo de Estado y de la Fiscalía General del Estado; además, es incompatible con el derecho de la Unión, concretamente al artículo 325.2 del TFUE que tiene la siguiente redacción: “Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros”.
En definitiva, este Gobierno no ha hecho nada para combatir la corrupción, sino que ha enviado un mensaje claro de que la corrupción va a seguir siendo encubierta por su Fiscalía General del Estado y por sus Fiscales Europeos Delegados para España.
En un momento de crecimiento acelerado del sector público, es evidente que los gobiernos de Pedro Sánchez han impulsado el crecimiento acelerado de la corrupción.
DÉCIMO NOVENO.- PACTO FISCAL EUROPEO
En el preámbulo del llamado Pacto Fiscal europeo de 2012, formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, se dice: “Teniendo presente que la necesidad de que los gobiernos mantengan unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y eviten un déficit público excesivo es de vital importancia para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto” y se recuerda las normas del Pacto de Estabilidad de Crecimiento de 1998, con una ampliación que el Gobierno no ha respetado en ninguno de los años que ha gobernado: “Conscientes de la necesidad de garantizar que su déficit público no exceda del 3 % de su producto interior bruto a precios de mercado y que su deuda pública no sea superior al 60 % de su producto interior bruto a precios de mercado o descienda de manera suficiente para aproximarse a este valor”, el Gobierno no sólo no ha hecho descender el déficit ni la deuda pública, sino que ha superado estos límites como se ha dicho.
En el artículo 1.1 se dice que los Estados miembros acuerdan: “reforzar el pilar económico de la unión económica y monetaria mediante la adopción de un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario, a reforzar la coordinación de sus políticas económicas y a mejorar la gobernanza de la zona del euro, respaldando así la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social”, porque lo contrario perjudica los intereses financieros de la Unión europea, entre ellos reduce sus ingresos porque se corresponden con un porcentaje fijo del PIB.
En el artículo 3 se dice: “Las Partes Contratantes aplicarán, además de sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión Europea y sin perjuicio de ellas, las normas establecidas en el presente apartado: a) la situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada Parte Contratante será de equilibrio o de superávit; b) la norma establecida en la letra a) se considerará respetada si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5 % del producto interior bruto a precios de mercado. Las Partes Contratantes garantizarán la rápida convergencia hacia su respectivo objetivo a medio plazo”
VIGÉSIMO.- DIMISIÓN DIRECTORA PLAN DE RECUPERACIÓN
A mediados de octubre de 2022, el Gobierno acepta la dimisión de Rocío Frutos Ibor, Directora General del Plan y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, responsable de la gestión de los fondos europeos.
Frutos había presentado su dimisión por el descontrol intencionado en dicha gestión, para favorecer la corrupción y la malversación.
VIGÉSIMO PRIMERO.- TRAICIÓN A LA UNIÓN EUROPEA
El artículo 4.3 del TFUE establece que “Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión” y el artículo 3.3 establece que “La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”. La crisis creada y el incumplimiento del PEC de forma intencionada supone una actuación insolidaria, respecto del resto de los miembros de la Unión Europea y, especialmente, de la Eurozona, que ha tenido entre sus consecuencias, las siguientes:
- Disminución del PIB de la UE.
- Disminución del PIB de la Eurozona.
- Aumento del desempleo, especialmente juvenil (España lidera la Unión).
- Aumento de la emisión de deuda del Banco Central Europeo y, con ello, del endeudamiento de todos los países de la Eurozona.
- Empeoramiento de las perspectiva económicas y sociales.
Devaluación del euro y, por tanto, empobrecimiento de toda la población.