Redacción.
Continuamos con la publicación íntegra de la denuncia ante la Fiscalía Europea y el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizada por Javier Marzal y Enrique de Diego:
OCTAVO.- PGE 2023
El 17 de octubre de 2022, el Gobernador del Banco de España compareció en la “Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023”.
En la comparecencia el Gobernador dijo: ”En particular, el crecimiento del PIB real previsto en los PGE, del 2,1%, es superior tanto al proyectado por el Banco de España (1,4%) como por el consenso de los analistas (1,2%)”, “Esta situación de las cuentas públicas españolas constituye una considerable fuente de vulnerabilidad para nuestra economía y supone unos menores márgenes de actuación fiscal ante posibles perturbaciones macrofinancieras adversas que pudieran llegar a producirse en el futuro”, en referencia a un “plan de consolidación fiscal ambicioso […] la deuda pública podría descender hasta niveles cercanos al 70 % del PIB en 2040” (cabe recordar que el PEC establece el máximo en un 60%, lo que hace ver la gravedad del peligroso nivel de deuda pública al que nos ha llevado Zapatero, Rajoy y Sánchez) y “La política de gasto público de las AAPP debe ser objeto de una revisión exhaustiva”.
El 18 de octubre de 2022, la Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) compareció en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, para presentar el Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de Presupuestos para 2023.
La noticia sobre esta comparecencia en la página web de la AIReF tiene el siguiente titular: “La AIReF detecta carencias notables en los Presupuestos 2023 y alerta de su debilidad como instrumento clave de política económica”.
En el informe se dice que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 “Debilita su función de rendición de cuentas […] ante las Cortes y ante la sociedad en su conjunto”, como ya hiciera el Gobierno declarando el Estado de alarma.
La AIReF dijo lo mismo el año anterior.
En los PGE, el Gobierno estima que el PIB crecerá un 2,1% en 2023, mientras el Banco de España estima un 1,4% de crecimiento y que no se recuperará el PIB anterior a la crisis del coronavirus hasta 2024.
NOVENO.- FALSEDAD DATOS DEL DESEMPLEO
Con la Reforma Laboral de 2021, en abril de 2022 entró en vigor que los trabajadores con contratos fijos discontinuos no se contabilizan en las cifras del desempleo; sin embargo, si pueden estar apuntadas en el desempleo. Para realizar la distinción, el Gobierno ha hecho que se añada una casilla en los formularios del SEPE que señala esta modalidad y excluye las demás.
Entre enero y octubre de 2022 se han contratado 1,93 fijos discontinuos, frente a los 212.000 en el mismo período de 2021.
En octubre de 2022 sumaban 1,93 millones. Las personas que tienen este tipo de contrato no figuran en el número de desempleados que proporciona el Ministerio de Trabajo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPI), adscrito al Ministerio de Trabajo ha habilitado una nueva casilla en los desempleados para que indiquen que tienen este nuevo tipo de contrato.
Obviamente si estos contratados figuran en el SEPI, constituye una falsedad su exclusión del número oficial de desempleados, con la inención de engañar a la Unión Europea y a los electores de 2023.
Con este Gobierno, España lideró el ránking de desempleo juvenil de la Unión Europea.
El Gobierno ha utilizado esta falsificación de los datos para afirmar que el empleo crecía, siendo falso. Entre otras falsedades, en octubre de 2022 el Gobierno anunció que el desempleo descendió en 27.000 personas.
DÉCIMO.- GOBIERNO MÁS CARO DE LA HISTORIA
Amparado en las ilegalidades referidas, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene también dos récords en los gobiernos más caros de la historia de España, excluyendo el fondo de contingencia, la deuda pública, los entes territoriales y las relaciones con la UE, concretamente 165.926.076.000 euros en 2020 y 172.637.447.000 euros en 2021, siendo superados con total seguridad en 2022.
Los gobiernos sólo han superado los 130.000 millones de euros otras tres veces, concretamente en 2012, 2013 y 2015. El Gobierno de 2003 gastó 52.000 millones de euros y, lógicamente y el último Gobierno de Zapatero (2011) gastó 92.000 millones de euros. El Gobierno de 2003 gastó 52.000 millones de euros.
La mayor digitalización ministerial hace completamente injustificable estos gastos derivados de beneficiar a los políticos de los partidos políticos que forman o apoyan al Gobierno, con el fin de beneficiarse Pedro Sánchez con los beneficios de ser Presidente de España.
En 2022 será superado como está anunciado y podrá comprobarse a lo largo de la investigación de esta denuncia.
DÉCIMO PRIMERO.- MINISTERIOS Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE MINISTROS
Parte del incremento del gasto público y de la deuda pública (delito intergeneracional), se debe a que los gobiernos de Pedro Sánchez han sido los mayores en número de Vicepresidentes, de Ministros y de Ministerios, especialmente en la segunda legislatura, debido a la extorsión de PODEMOS para que Sánchez fuera Presidente del Gobierno.
Sánchez es el único que ha tenido 4 Vicepresidentes (2020-2021), mientras el resto de los gobiernos ha tenido 1 ó 2 Vicepresidentes, salvo Zapatero que tuvo 3 Vicepresidentes (2008-2011) y el propio Sánchez (2021-2022).
El 2018, Sánchez tenía 1 Vicepresidente y 16 Ministros con 17 Ministerios, creciendo en 4 Ministros y en 4 Ministerios respecto del anterior Gobierno.
En 2022 tiene 22 Ministros y 22 Ministerios, 3 de los Ministros también son Vicepresidentes. En el segundo Gobierno de Sánchez, 5 políticos de PODEMOS fueron nombrados Ministros; para ello, se creó el Ministerio de Asuntos Sociales (Pablo Iglesias, Secretario General de PODEMOS), Igualdad (Irene Montero, esposa de Pablo Iglesias), Trabajo (Yolanda Díaz), Consumo (Alberto Garzón, Izquierda Unida) y Universidades (Manuel Castells). No sólo se crearon presupuesos para estos ministerios, sino que todos los Ministerios que llevaban los asuntos de estos nuevos ministerios incrementaron su gasto.
DÉCIMO SEGUNDO.- ASESORES
Igualmente, los gobiernos de Sánchez han establecido nuevos récords en número de asesores nombrados discrecionalmente y en gasto público en asesores, tanto en 2021 como en 2022.
En 2019, 2021 y 2022, los gobiernos de Pedro Sánchez han superado el número histórico de asesores. El número de asesores de 2020 sólo fue superado por los años precitados, en 2010 y en 2011. En 2022 el Gobierno superó los 800 asesores. Los gobiernos de Sánchez tienen también el sexto puesto con 670 en 2020 y el octavo con 618 asesores en 2018. El máximo de Aznar fue de 460 asesores en 2002, de Rajoy 595 en 2015 y de Zapatero 648 en 2010.
El mayor incremento se ha realizado en cuatro ministerios. Sanidad tiene 16 asesores, 12 en Consumo, 22 en Derechos Sociales y 16 en Igualdad. Los tres últimos son de PODEMOS. En enero de 2019, el Ministerio que reunía estas cuatro áreas tenía 12 asesores que se han incrementado a los 66 referidos. La Ministra de Trabajo, también de PODEMOS, tenía 14 asesores en julio de 2021 y 21 en enero de 2022.
Otros dos récords de Sánchez son sus propios asesores: 370 en julio de 2021 y 383 en enero de 2022. El Presidente Sánchez tiene más asesores que empleados tiene una empresa mediana.
En 2007, último año de Gobierno de Rajoy, éste gastó 38 millones de euros en asesores. Esa cifra ya la había superado el Gobierno en julio de 2022, con 39 millones de euros que supera el gasto de los años anteriores.
En todos los años de la Presidencia de Sánchez, se ha establecido un nuevo récord de gasto público en asesores.
Es evidente que el incremento de asesores se debe a la utilización de éstos para beneficiar a personas próximas y para perpetuarse en el poder, manteniéndose en el Gobierno o para buscar trabajos futuros, así como para los negocios de corrupción típicos de los miembros del Gobierno, acreditados con la falta de medidas para la lucha contra la corrupción y en la cifra de corrupción oficial de Eurostat (8% del PIB, 2018), así como en las actividades de corrupción descritas en esta denuncia, incluyendo este apartado,
DÉCIMO TERCERO.- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
El Gobierno se ha convertido en el mayor anunciante de 2022, incluyendo las empresas.
Según The Objetive, en la Plataforma de Contratación del Sector Público indica que entre enero y octubre de 2022, el Gobierno ha adjudicado 51 campañas por un valor total de 85,2 millones de euros que es el mayor gasto en 13 años, más del doble que en 2021 (42,5), casi el doble que en 2020 (47,8) y más del triple que en 2019 (25,9). Por su parte los gobiernos de Rajoy gastaron entre 19,7 y 37,7 millones de euros anuales, superando los 30 millones en dos de los siete años.
En febrero de 2022, el Gobierno aprobó “158,34 millones de inversión”, en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, más del doble de los 66 millones presupuestados para 2020, año de la pandemia. Llama la atención la utilización del término inversión, porque evoca la utilización de esta propaganda en beneficio propio, tanto del miembro del Gobierno concreto de cada gasto, como de Sánchez como Presidente, del conjunto del Gobierno y de los partidos políticos de sus miembros.
En febrero de 2022, el Gobierno aprobó una “inversión” de 158,34 millones de euros para 2022, más del doble de los 66 millones presupuestados para 2020, año de la pandemia. En julio de 2022, se elevó el gasto en publicidad para 2022 en otros 55,08 millones, totalizando 213,42 millones, una cifra que sólo superó Zapatero en 2007.
Rajoy gastó en propaganda desde 19,7 millones en 2013 a 37,7 millones en 2015, gastando de media 26,4 millones de euros anuales.
En febrero de 2022, el Ministerio de Asuntos Económicos tenía el mayor presupuesto con 36,3 millones de euros, seguido por el Ministerio de Igualdad con 19,6 millones de euros.
Es evidente que este brutal incremento en publicidad en 2020 tiene el objetivo de engañar a la población y favorecer a los medios afines para obtener más votos en las elecciones de 2023.
En general, debería tipificarse como delito la publicidad insitucional porque los medios ya publican la mayoría de las notas de prensa de los Ministerios y el Gobierno puede obtener publicidad gratuita para campañas. La publicidad institucional es una forma de sobornar a los medios escogidos.